Ecología y política en el centenario de Manuel Sacristán

 En este 2025 se cumple el centenario del natalicio de Manuel Sacristán. 

Para el día 5 de septiembre, el mero día, se publicaron una serie de videos y textos de reflexión sobre la vida y obra de Sacristán.

Como aquí le tenemos mucho aprecio, y le hemos dedicado algún trabajo a lo largo de los años (ver la etiqueta Sacristán de esta misma bitácora), preparamos video y texto, que se incluyen a continuación.



Ecología y política en el centenario de Manuel Sacristán

Carlos A. López Morales*

“¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI?” se preguntaba Manuel Sacristán en 1983, en el centenario de la muerte del autor alemán.1 En aquella breve exposición contempló algunas de las posibilidades y adelantó alguna lectura preferida: la de la perspectiva política ante las tensiones entre creación y destrucción del desarrollo capitalista y entre los aparatos culturales que lo acompañan. Dicha lectura, dice Sacristán, sería la más fiel al sistema de Marx “y a su estilo intelectual”, como gustaba llamarle, aunque alerta sobre una importante laguna: la resolución de dichas tensiones es asunto abierto y libre de cualquier determinismo que equipare realidad con racionalidad o se apegue a inevitables evoluciones de la historia. Como resultado de esa ausencia, la perspectiva política debe conformarse con la búsqueda constante del porqué y del cómo es que dichas tensiones dejarán de serlo “cuando se viva otra cosa”, para usar su bonita fórmula, lo que además se lleva bien con la praxeología como género literario.

Ya bien pasado un cuarto del dicho siglo podemos parafrasear la pregunta, ahora para el propio autor español, a propósito del centenario de su natalicio: ¿qué Sacristán se lee (y se leerá) en el siglo XXI? Esta breve intervención, claro está, no puede tener como objetivo brindar definitividad en ese sentido sobre la obra de Sacristán. Alcanza, más bien, para plantear la pregunta y dejarla abierta, al tiempo de sugerir un elemento sin el que cualquier reflexión al respecto quedaría muy incompleta, a saber: la identificación de “los atisbos político-ecológicos” de Marx (y de Engels).2 Reconstruir a Sacristán sin ecología no solamente deja sin reconocer la peligrosidad con la que el cruce ya mencionado entre creación y destrucción se manifiesta cuatro décadas después de publicados aquellos “atisbos…”, sino que sería mal reflejo de sus preocupaciones más sentidas, a decir de los diversos materiales que preparó a partir de la década de 1970.3 En éstos se puede ver que a Sacristán le preocupaba la problemática ecológica no solo por mera curiosidad intelectual o de cultura general, sino por representar crisis civilizatoria con implicaciones fundamentales para la tradición política inspirada en aquellos clásicos.

En tiempos en los que son evidentes las implicaciones geológicas de la “especie exagerada”, hay que decir que la lectura sacristaniana tiene la virtud de notar que las preocupaciones ecológicas de Marx y Engels van mucho más allá de ser algunos “atisbos” más bien sueltos, sino que integran una visión de sistema con implicaciones políticas profundas. Enunciamos tres elementos que acaso puedan bastar para ver esto último. Primero, las preocupaciones de Marx y Engels sobre las condiciones adversas de vivienda y de alimentación de la clase obrera inglesa integran lo que Sacristán llama “ecología humana en condiciones capitalistas tempranas”. Marx ha de ser el primer científico social, dice Sacristán, en analizar la alimentación a escala demográfica desde una perspectiva política (i.e., el proceso de abaratamiento de la fuerza de trabajo). Segundo, el hallazgo de Marx, auxiliado por la entonces incipiente agronomía, sobre el impacto combinado que la industrialización agrícola y las crecientes concentraciones urbanas tiene en el agotamiento de la fertilidad del suelo destinado a la producción de alimentos. Este hallazgo, dice Sacristán, obliga a Marx a tomar cautela respecto del “avance por el lado malo” del desarrollo histórico del modo de producción, dado que aquí se hace evidente que la explotación capitalista “dificulta el intercambio entre el ser humano y la naturaleza, [y] perturba la condición de una fecundidad duradera de la tierra”.4 Estas incursiones en la ecología humana y en la agronomía contextualizan la conclusión de Marx sobre que el capitalismo como sistema “no desarrolla la técnica y la combinación del proceso crucial de la producción más que minando al mismo tiempo las fuentes de las que mana toda riqueza, la tierra y el trabajador”.5 Las implicaciones sistémicas de esta destrucción se integran en el tercer elemento identificado por Sacristán: la hipótesis de Marx según la cual “el capitalismo no se extinguirá hasta haber destruido antes totalmente el metabolismo duradero entre la especie humana y la naturaleza”. Las implicaciones políticas de esta hipótesis son profundas, pues para “vivir otra cosa” se tendrá que reconstruir sistemáticamente dicho metabolismo, pues en ello se va la viabilidad ecológica de la especie. Hay otras exploraciones programáticas asociadas a este resultado que se pueden discutir más propiamente a la luz de su mérito argumentativo o de su factibilidad corriente, como aquellas especulaciones de Engels sobre que esa reconstitución pasa por la desaparición de las ciudades y la dispersión homogénea de la población en el territorio.6 Por ahora basta notar la relevancia del uso por Sacristán del concepto “metabolismo duradero” con el que denota a la “relación correcta” de la especie humana con el resto de la naturaleza, entendida como la adecuada para el sostenimiento de la especie. Con ello, Sacristán anticipa por casi dos décadas el descubrimiento más extendido de la ecología de Marx y que se agrupa ahora en la noción de la ruptura metabólica.7

Sacristán acompañó la identificación de “los atisbos…” y sus implicaciones políticas con exploraciones sobre su significado metodológico y disciplinario, sobre el que cabe enunciar tres elementos de mucho interés, aunque sea a modo de agenda para reflexiones venideras. Primero, su alerta para no caer en la condena irracional de la ciencia positiva que impida su valoración por su calidad epistemológica.8 Segundo, su insistencia en la no irreductibilidad de los procesos sociales a sus elementos estrictamente biofísicos (por ejemplo, a propósito de la sociobiología, que por entonces atraía su interés). Y, por último, su apreciación positiva sobre la teoría de sistemas por el valor de conocimiento en el ejercicio de integración de la dinámica ecológica planetaria a partir de elementos disciplinarios. Así pues, la lectura de un Sacristán tempranamente ecologista y redondamente marxista y radical (en el sentido de buscar la raíz de los problemas) no sólo se presenta como muy factible, sino que contiene lecciones de novedad y pertinencia por el enfoque multifacético y multidisciplinario para abordar problemáticas complejas y no menos urgentes.

----

* Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. El Colegio de México. calopez@colmex.mx.  El autor agradece a Hugo Contreras Sosa por la motivación y las sugerencias para elaborar esta nota.

1 Sacristán, M. (1983), “¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI? mientras tanto núm. doble (16/17), 127-132.

2 Sacristán, M. (1984), “Algunos atisbos político-ecológicos de Marx”, mientras tanto núm. 21, 39-49.


3 Las intervenciones ecológicas de Sacristán se materializan tanto en redacciones ex profeso como en transcripciones de pláticas o de conferencias variadas. La mayor parte de ellas se encuentra disponible en compilaciones publicadas en diversos momentos: Pacifismo, ecologismo y política alternativa(1987),

De la Primavera de Praga al marxismo ecologista (2004) y, más recientemente, Ecología y ciencia social.

Reflexiones sobre la crisis de la sociedad industrial (2021). 

4 Sacristán (1984), “Algunos atisbos…” (p. 45-46).

5 Sacristán (1984), “Algunos atisbos…” (p. 45-46).

6 Pues habrá que ver los requerimientos territoriales de dicha dispersión y su impacto en las coberturas forestales,

de por sí ya bastante degradadas, y sobre todo cuando la población de 8.2 mil millones en 2025 (5 veces más que

a finales del siglo XIX) es mayoritariamente urbana a escala global.

7 Dicho descubrimiento es ya muy visible a finales de la década de 1990, con Natural Causes de

James O’Connor (1997), Marx and Nature de Paul Burkett (1999), o Marx’s Ecologyde John Bellamy-Foster (2000).

8 Se trata de no confundir “los planos de la bondad o maldad práctica con la epistemológica”. Sacristán (1981), “La relación entre la sociedad y la naturaleza en la filosofía de las ciencias sociales”, mientras tanto núm. 10, 23-34

La huella hídrica del consumo de alimentos en la zona metropolitana de Ciudad de México

Salió publicado en Water Economics and Policy un número especial titulado Integrated Approaches for Water Management: Multisectoral Models and Applications. Ese título, en otras palabras, querría decir modelación con economía insumo-producto o con equilibrio general computable, pues practicamente son todas las aplicaciones multisectoriales de la modelación económica (podemos considerar en otra discusión qué sucede con los análisis de redes). Yo trabajo insumo-producto antes que CGEs, por varias razones que, también, podemos abordar en otro momento.

Las colegas a cargo del número especial me invitaron a participar. Yo atendí la invitación y aproveché para responder dos preguntas, pues les traía interés ya por algún tiempo. Una pregunta consistía en ver si era posible calcular la demanda nacional de agua asociada al consumo de alimentos en una zona metropolitana; la segunda era jugar con las nuevas bases de datos de matrices insumo-producto a nivel multi-estatal por INEGI.

El artículo está disponible oficialmente aquí, en la página de la revista, o aquí, con mi manuscrito en Research Gate.

La región metropolitana de Ciudad de México se define con la nueva clasificación de Sedatu (2023), con 75 municipios en Estado de México y Ciudad de México y con 21.4 millones de personas;


La demanda de alimentos se identifica en la clasificación SCIAN vigente, que resulta en 8 sectores a 3 dígitos, pues son los que tiene la matriz multi-estatal:


Una vez identificada la demanda de alimentos a nivel nacional con resolución estatal, era necesario "escalarla" al nivel metropolitano, cosa que se hace con las participaciones municipales de cada sector en las entidades federativas relevantes (CMX y MEX), con un procedimiento descrito en el artículo. La demanda resultante de alimentos queda como sigue:


La demanda de alimentos a nivel nacional queda en $2.1 billones de pesos (base 2013, semántica española), u 11% del PIB nacional. Como se ve en la tabla, más de la mitad (unos 6 puntos del PIB nacional) son alimentos procesados. El sector agropecuario (111 y 112) contribuye con otro tanto. La Zona Metropolitana de Ciudad de México (MCMA en la tabla) concentra 17% de dicha demanda nacional, o unos 2 puntos del PIB nacional. Destaca que la estructura metropolitana es más de servicios que la nacional, con mayor importancia en preparación de alimentos y bebidas y en comercio, lo que se lleva bien con su carácter urbano (noten que el sector agropecuario también es menos importante). 

Una vez hecho el cálculo insumo-producto y la correspondencia con el consumo de agua (ambos descritos en el artículo), podemos estimar la huella hídrica de los bienes y servicios de la cadena de suministro que satisface la demanda de alimentos en la MCMA. En total, la economía nacional consume 4.5 km3 de agua al año (calibrado al 2013) en dicha operación. Como contraste, la MCMA extrae alrededor de 2km3 de agua para satisfacer todos los usos de su demanda interna, lo que implica que la región metropolitana requiere el doble de agua en su consumo de alimentos. 

La matriz de colores muestra los flujos de agua (virtual) interestatales que son necesarios en el comercio inter-estatal asociado a la cadena de suministro de la demanda de alimentos en la MCMA. Si uno sumara todos los números que allí aparecen obtendríamos los 4.5km3 de la huella de agua. Cuando se lee horizontalmente, se calcula el volumen de agua usado localmente (en la región fila) en la producción de insumos vendidos a los clientes de alguna otra región (en la columna). Por esa razón, las columnas de CMX y de MEX son las que aparecen con los mayores influjos de volúmenes de agua (virtual). Ciudad de México recibe 0.6km3 y Estado de México recibe 1km3 de agua virtual neta en los insumos que requieren para satisfacer la demanda de alimentos que enfrentan.


Esta tabla resume el comportamiento de la matriz de colores. Solo 0.3km3 del agua requerida en la demanda de alimentos de la MCMA es extrae localmente en dicha zona. 1.6km3 se requieren para producir fuera de la MCMA los insumos que la MCMA requiere para satisfacer la demanda de alimentos, mientras que 2.5 km3 se extraen fuera de la MCMA para satisfacer la demanda de insumos que ocurre fuera de la MCMA, pero que son necesarios en la cadena de suministro bajo escrutinio.

Los estados que exportan más agua virtual para la demanda de alimentos en la zona metropolitana de Ciudad de México son Hidalgo (0.2km3), Michoacán y Sinaloa (0.17km3 cada uno), Tamaulipas, Guerrero y Guanajuato (0.11km3 cada uno), y Sonora (0.1km3).

Estas respuestas deben calificarse como sigue:

  • La resolución de la matriz multi-estatal es apenas suficiente para identificar lo sectores provisores de alimentos
  • La clasificación industrial de CONAGUA es diferente al SCIAN, por lo que hay que hacer un número importante de supuestos y correspondencias de fuerza bruta. El mundo sería un lugar más feliz (y miren que se necesita) si usaran la misma clasificación. 
  • Sería necesario identificar tecnologías (sobre todo agrícolas y de irrigación) para tener una idea más precisa.

Moraleja: ¿es aun tiempo de blogs? 

El abandono gubernamental de los compromisos ecológicos del Estado

Hace un par de meses escribí este textito sobre los días aciagos de la política ambiental mexicana. Aunque le hace falta una edición que lo aclare, lo pongo por aquí para que no se quede archivado sin ver siquiera la luz.
-------------------

El abandono gubernamental de los compromisos ecológicos del Estado

Carlos A. López Morales

Mayo 2022


En fecha reciente, titulares del poder ejecutivo federal, particularmente Presidencia y Semarnat, han usado los espacios públicos de difusión para señalar que las críticas al llamado “Tren Maya” carecen de validez porque quienes las elaboran son “pseudoambientalistas”, dando lo mismo si se trata de artistas pop, académiques con probadas carreras de investigación o colectivos de diversa escala y carácter en defensa del medio ambiente y del territorio. Lo que debe quedar claro es que el descrédito al interlocutor es una trampa para no hacerse cargo del contenido de la crítica, cuya validez depende del mérito propio, con independencia de quién la esgrime. Este infortunio solo empeora cuando se acompaña de la gastada frase con la que el oficialismo corriente intenta esquivar responsabilidades: el famoso “¿y dónde estaban cuando…?” A final de cuentas, detener el deterioro ecológico generalizado, incluyendo los impactos negativos en la salud y el bienestar de las familias mexicanas, es responsabilidad del gobierno, no del ambientalismo más consecuente o más oportunista, y es el gobierno, con su política ambiental, el que ha estado en falta.


Este episodio no resulta en sí mismo sorpresivo en tanto que es consistente con la manera en la que Presidencia atiende la urgencia de los asuntos públicos: esquivando, tergiversando, negando. La novedad, acaso, consiste en haber sumado a las instancias federales encargadas de la política ambiental para distraerse de sus responsabilidades sustantivas con ese jueguito de intrigas. Tal vez como premio, una mayoría morenista en el Congreso de la Unión impidió que la titular de medio ambiente compareciera ante esa tribuna a propósito de la destrucción que aquél “proyecto de desarrollo” puede implicar para los ecosistemas y las comunidades de la Península. En suma, este triste espectáculo es uno más con el que la presente administración profundiza en el abandono de los compromisos ecológicos del Estado mexicano. Dicho abandono es visible en la ocurrencia combinada de cuatro procesos: el declive de los presupuestos ambientales, el diseño inconsistente de política ambiental, el aumento del riesgo climático y ambiental y la ausente procuración de justicia ambiental, que debiera incluir no solo el castigo a la destrucción ecológica por parte del capital público o privado, que casi nunca ocurre, sino las diligencias para llevar justicia a activistas ambientales (y a sus familias y comunidades) que han sido asesinades por defender bosques, selvas y ríos, incluyendo los que han ocurrido en este sexenio y que se mantienen también en la impunidad. 

El compromiso ecológico del Estado no es un recurso retórico: está implicado en el Art. 4 de la Constitución, que establece los derechos de toda persona a un medio ambiente sano y al acceso al agua potable y al saneamiento. De ese documento se derivan tres leyes generales de materia ambiental promulgadas en diversos momentos: la del equilibrio ecológico y protección ambiental, promulgada en 1988, que busca la preservación y restauración de los ecosistemas mexicanos al tiempo de definir los principios rectores de la política ambiental, incluyendo la procuración de justicia; la del cambio climático, promulgada en 2012, que articula las acciones de mitigación y adaptación climáticas con dicha política; y la general de aguas nacionales, de 1992, que establece el marco legal e institucional de la administración de los recursos hídricos nacionales. En respuesta a esa legislación, la administración pública federal ha construído durante las últimas cuatro décadas un andamiaje legal e institucional de cierta complejidad y especialización que brinda al Estado herramientas y presupuestos para atender sus compromisos ecológicos establecidos en ella. Y mientras ese proceso ha traído cierto liderazgo internacional en la materia, ha sido claramente insuficiente a la luz del pésimo desempeño ambiental del capitalismo mexicano.

Pero la respuesta del gobierno corriente a dicha insuficiencia no ha sido el fortalecimiento de la política ambiental y de las instituciones que la implementan, sino su tránsito hacia la irrelevancia, cuando no su práctico desmantelamiento, operado tanto a nivel presupuestal como de diseño de política y enmarcado en la tergiversación discursiva característica de las narrativas oficialistas de este sexenio. La vertiente presupuestal de dicho abandono es muy visible en la Figura 1, que muestra el presupuesto ambiental federal durante las cuatro administraciones que son posteriores a las modificaciones de 1999 al Artículo 4 Constitucional. Como se ve, la clara tendencia creciente de los tres primeros lustros se rompe abruptamente en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto que, al finalizar, representó un retroceso presupuestal de una década. El sexenio de López Obrador no solo no ha significado la recuperación de los presupuestos ambientales, sino lo contrario: la pérdida adicional de casi una tercera parte respecto del último presupuesto ambiental peñanietista. Así, el presupuesto ambiental de 2021 (21 mmdp a precios de 2013) es el más bajo en dos décadas, y es apenas la tercera parte del presupuesto más elevado (63 mmdp, en 2014). 

Figura 1. Evolución del presupuesto ambiental federal 2000-2021
Nota: precios constantes de 2013.
Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La tergiversación de la política ambiental por diseño se refiere a la pretensión del gobierno actual de que su mayor compromiso ecológico se recoge en el programa Sembrando Vida, “el mayor programa de reforestación en el mundo”, como le gusta presumir. Sus presupuestos son considerables: para 2022 llegan a 30 mil millones de pesos (a precios corrientes), que son equivalentes a dos tercios de los del Ramo 16 (el de medio ambiente y recursos naturales) para ese mismo año. Existen al menos dos problemas centrales para considerar a este programa como parte de la política ambiental. Primero, es un programa de transferencias monetarias a poseedores de tierra con cierta vocación forestal que, sin embargo, no tiene los objetivos de conservación o restauración de vegetación primaria o secundaria, sino el de producción y valorización de sistemas agroforestales. A pesar de la epopéyica narrativa oficial, este no es el primer programa de reforestación masiva impulsado desde el gobierno federal, ahora con el concurso descentralizado de medio millón de beneficiarios en 20 estados de la república (en 2022), y la experiencia indica (pues muchos de los esfuerzos de reforestación en el pasado han fracasado) que existen varios retos de concepto e implementación, incluyendo la elección de árboles frutales y maderables y su sobrevivencia e impacto en socio-ecosistemas diversos, su pertinencia ecológica, la convergencia con la conservación de la biodiversidad, el carácter clientelar y la durabilidad de los apoyos, etc. 

El segundo problema consiste en que el programa Sembrando Vida no está sectorizado en medio ambiente, sino que está a cargo de la Secretaría del Bienestar. Una revisión a las reglas de operación para 2022 muestra que sus considerandos no están sujetos a los objetivos del plan sectorial de medio ambiente, y que apenas ofrecen un vínculo débil con los objetivos de desarrollo sustentable, sobre todo con los objetivos de desarrollo social, pero no con los de conservación o recuperación de ecosistemas. ¿Cómo es que este programa, que no está sujeto a los objetivos ni implementado por las instituciones del sector ambiental, dará los resultados que busca la política ambiental? Todo un misterio. Pero aun con todo ese misterio y opacidad, por lo demás característicos de los programas “bandera” de la administración obradorista, es posible ver que Sembrando Vida ha sido confuso desde el inicio, sobre todo para los potenciales beneficiarios. Aunque las magnitudes precisas están aun por determinarse, esa confusión provocó la destrucción de vegetación primaria o secundaria para poder destinar el suelo ahora descubierto a la producción forestal subsidiada. Es decir, en su premura, el programa ofreció incentivos perversos de inicio, y queda pendiente determinar si las correcciones posteriores, que ahora incluyen el requerimiento explícito de que no se aceptan parcelas con la práctica de quema, han sido capaces de restituir la cobertura forestal perdida, aunque el recambio de especies forestales pueda ser contraproducente para la conservación de la biodiversidad, al tiempo de ofrecer los incentivos adecuados para ya no deforestar coberturas primarias o secundarias.

Figura 2. Cambio de temperatura en México 1901-2021.
Fuente: elaboración propia.

Esta suerte de retirada del Estado respecto de sus responsabilidades ecológicas contrasta con las mayores anomalías de temperatura en México observadas en el último siglo (ver Figura 2). Las manifestaciones presentes del cambio climático en México ya incluyen mayor probabilidad de incendios forestales (como de hecho ha sucedido en los últimos cinco años), de sequías (ya se anuncia en el norte del país las dificultades que 2022 podrá traer en la disponibilidad de los recursos hídricos, y en Monterrey se anunció el “día cero” para Junio), y de otros fenómenos hidrometeorológicos. Tampoco se han revertido las tendencias de degradación de ecosistemas o agotamiento de recursos, cuyo costo económico supera con creces a los beneficios del crecimiento económico, según reporta la contabilidad ambiental mexicana. Ante todo ello, como se ve, la respuesta del gobierno consiste en menores recursos y menos herramientas, cuando no en un aumento directo de las cargas ambientales, como sucede con la deforestación ya comentada, o con los impactos del giro energético obradorista, que incluye mayor contaminación por el uso termoeléctrico del combustóleo o por el mantenimiento de históricos subsidios a las gasolinas. Ante este panorama, la política ambiental federal, lejos de fortalecerse y expandir sus ámbitos de acción, ha transitado en cuatro años prácticamente hacia la irrelevancia, lo que imposibilita no solo la obtención de resultados positivos en la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, sino en el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales de garantizar a toda persona un medio ambiente sano. 

Sobre la polémica del glifosato en México

 (7min)

Recientemente la SEMARNAT mexicana negó la importación de toneladas de glifosato citando perversos efectos en la salud de los ecosistemas y de los productores agrícolas (ver el comunicado oficial).

En el complicado entorno de polarización política nacional, que incluye el reciente "filtrado" (que parece más intencional que nada) de un audio del actual titular criticando la deriva del gobierno federal, este tema ha enfrentado a la dependencia ambiental con la de desarrollo rural, que tiene una posición más bien entusiasta sobre ese herbicida (ver aquí). Dicho enfrentamiento, por lo demás, es solo un capítulo de una larga historia que incluye, por ejemplo, esta denuncia del actual titular de medio ambiente sobre el actual titular de desarrollo rural, antes de que fueran gobierno: El día que Monsanto infiltró a Morena.

Pero dejemos los chismes de Palacio. 

Parte de la comentocracia, tal vez más por oposición que por conocimiento, ha tomado la simplona posición de defender al herbicida, antes que buscar entender qué demonios pasa. La posición principal es doble: decir que los efectos perniciosos del herbicida, sobre todo como cancerígeno, no están comprobados; y decir que su uso está generalizado en todo el mundo.

Recientemente, el periodista Sarmiento difundió esta infografía sobre el herbicida realizada por el National Pesticide Information Center, que es una colaboración entre la Universidad de Oregon y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos:

Esa infografía tiene casi un centenar de referencias, pero a ojo de pájaro esa literatura es de hace más de 15 años, cuando su uso no estaba tan generalizado como ahora. Sarmiento también reproduce la posición del Vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario, que desde luego y de forma normal defiende su uso como insumo de producción:

¿Qué se hace ante este complicado tema? Podemos revisar literatura más reciente. Encontré este meta-análisis de 2018: 

Van Bruggen, A. H. C., He, M. M., Shin, K., Mai, V., Jeong, K. C., Finckh, M. R., & Morris Jr, J. G. (2018). Environmental and health effects of the herbicide glyphosate. Science of the Total Environment, 616, 255-268.  

Estos son los puntos y el abstract gráfico:

y muestran dos puntos clave:

  • El uso ha crecido de forma exponencial en los últimos 20 años, por lo que las consecuencias de la escala no están incluidas en la mayor parte de la literatura reportada en la infografía del NPIC, y correlaciona muy bien con una explosión literaria en la investigación sobre resistencia a antibióticos.

  • La polémica como cancerígeno es solo uno de los aspectos cruciales. El principal problema pudiera estar por venir: el glifosato descompone en ácido aminometilfosfónico, o AMPA en inglés, y la investigación apunta a que éste acumula en el entorno. Es decir que podemos estar haciendo pruebas sobre las cantidades observadas hoy y sacando nuestras conclusiones, sin tomar en cuenta el carácter transitorio de la condición actual. 

    Es como si negáramos el cambio climático porque vemos que la concentración de GEIs no causa aun mucho problema: sabemos que acumula y que, por tanto, lo peor vendrá mañana. 

En una de las tablas incluyen un estudio para México:

que es este:

Rendón-von Osten, J., & Dzul-Caamal, R. (2017). Glyphosate residues in groundwater, drinking water and urine of subsistence farmers from intensive agriculture localities: a survey in Hopelchén, Campeche, Mexico. International journal of environmental research and public health, 14(6), 595.

En ese estudio, todas las muestras de agua subterránea tenían los compuestos de glifosato y AMPA en cantidades 10x las normas europeas, aunque mucho menor a la norma mexicana. Esto no es ningún consuelo: sabemos que la normatividad ambiental mexicana va muy muy atrasada respecto de los estándares internacionales.

El estudio mexicano concluye, además, que hay alta exposición en campesinos de subsistencia. Lo dicho: puede ser una bomba de tiempo.

Además de reportar que la investigación global encuentra la presencia de estos compuestos en los sistemas de distirbución de agua potable, el estudio informa sobre sus consecuencias para la biodiversidad:

  • El AMPA es tóxico para las plantas y la biota del suelo, y aun ahora ya ha cambiado la correlación de especies agrícolas al generar plantas resistentes al herbicida (que motivan la aplicación de más y más glifosato, en un círculo vicioso que no puede salir bien).

  • Mientras parece que los organismos grandes, como nosotros, no lo acumulamos, sino que se procesa y se excreta, sí que hay un conjunto importante de afectaciones potenciales a decir de fuertes correlaciones (que no implican causalidad) entre cáncer, problemas de parto, enfermades de la piel y trastornos neuronales. Vaya coctél. 

Las conclusiones son muy claras:


¿Dónde nos deja todo esto?

  • Me parece que la posición que dice que el glifosato es seguro no toma en cuenta la investigación contemporánea.

  • Conclusiones como la de ese estudio llaman a adoptar una posición de mucha precaución. México necesita endurecer su normativa para ajustarse a los estándares internacionales. 

  • Los impactos en la producción agrícola obligan a trabajar de la mano con los productores. El herbicida aumenta rendimientos (a costa de estos impactos ecológicos) y es natural que los productores defiendan su uso. 

  • Cualquier prohibición, por más documentada que esté, debe operar en colaboración con la política agrícola: debe buscar alternativas que mejoren su implementación.

    De otro modo, seguro formará un mercado negro, seguro se seguirá usando, y el Estado, débil como es, perderá un espacio de intervención que ahora tiene, aunque sea justamente permitiendo y promoviendo su uso. 

  • Los medios y la comentocracia de todos tipos deben ser más rigurosos en la formación de la opinión pública.


Las demandas ambientales tienen que formar parte de las demandas sociales

(15min)

Aquí una conversación con la Dra. Melanie Kolb, del Instituto de Geografía de la UNAM, a propósito de un diálogo que los amigos en Letras Libres publicaron aquí, recién en enero de este año.

¡Muchas gracias a Sandra Barba, a Eduardo Huchín y al resto del equipo por la invitación, la entrevista, y la edición!

----

¿Cómo se relaciona el cambio climático global con los problemas ambientales de cada localidad? ¿Cómo entender las preocupaciones por el medio ambiente en relación con otras urgencias sociales, culturales, económicas? ¿Puede un mismo gobierno impulsar proyectos de desarrollo y ser lo suficientemente autocrítico para dar a conocer las posibles afectaciones? Desde una perspectiva científica, que no pierde en ningún momento su dimensión humana, dos expertos en el tema ambiental abordan en esta conversación los problemas, desafíos y oportunidades de la actual crisis, convencidos de que para afrontarla primero es necesario entenderla.

Melanie Kolb (MK): En septiembre de 2019, mientras nos enterábamos sobre el incendio del Amazonas, era común ver a gente que quería ir a salvar aquella selva, pero unos meses antes nadie sentía esta urgencia ante los incendios alrededor de la Ciudad de México. Eso nos habla de que, para el común de las personas, hay una desconexión entre lo que sucede en su entorno directo y lo que pasa en otros países del mundo. Casos como los del Amazonas pueden resultar atractivos porque, a fin de cuentas, te ofrecen buenas excusas para no entrar en acción. Para hacer algo contra el cambio climático, hace falta entender que la crisis ambiental –el llamado “cambio global” del cual forma parte el cambio climático, entre otros muchos problemas– no es algo abstracto sino que es afectado por y afecta a tu vida diaria.

Carlos A. López Morales (CALM): Me gustaría profundizar sobre la idea de que el cambio climático no es el único problema ambiental que existe, sino que forma parte de un fenómeno más grande que se expresa tanto de manera global como local. Las políticas internacionales y el debate internacional suelen centrarse en cómo mitigar los gases del efecto invernadero y, a la vez, cómo adaptarnos a sus impactos. Sin embargo, la crisis ambiental opera en muchas escalas. La pérdida de especies y de biodiversidad, por ejemplo, no necesariamente está contenida en los fenómenos del cambio climático. La concentración de gases de efecto invernadero está menos “localizada” que otro tipo de problemas ambientales. Da igual si se emite una tonelada de estos gases en México o en China. El gas se distribuye en toda la atmósfera. En contraste, hay otros fenómenos que sí tienen un código postal, por decirlo de alguna manera. La contaminación local, por ejemplo, en el área de la Ciudad de México no está asociada al cambio climático global. Pero es un tipo de problema en el que los habitantes de la zona necesitamos incidir.

MK: Esta desconexión entre la vida diaria y los problemas globales tiene que ver también con la falta de información y de entendimiento. Parece que seguimos en una discusión de alto nivel entre científicos y políticos, que no logra aterrizar en el nivel del público. Hace poco vi una caricatura en la que aparecía un científico con un rotafolio en el que había escrito con letras grandes: “Estamos destruyendo el planeta”. Y a un lado, un político le decía: “Oye, entonces ¿esto me lo puedes decir en palabras llanas?” Y no solo pasa con el público en general. Con los propios estudiantes que cursan carreras relacionadas con el medio ambiente es posible ver una falta de entendimiento de los procesos básicos. Los problemas educativos, sin duda, también influyen.

CALM: A pesar de que la crisis ambiental es ahora mucho más evidente y hay más información de la que había hace veinte años, la desconexión y la falta de interés de los propios estudiantes es muy grande. Se trata de uno de los grandes retos que los científicos tenemos: la comunicación con los políticos, pero también con el resto de la población. Por otra parte, hay que dar a entender que las distintas demandas sociales no son independientes de las preocupaciones ambientales. El origen de todos esos problemas es el mismo, es un modo de funcionar de la sociedad: un modo de producir, un modo de consumir, un modo de mover mercancías, un modo de organizarse. Es cierto que existe cierta noción –muy visible en el gobierno actual– de que las preocupaciones ambientales son un lujo, como si la única urgencia en estos días fuera la de resolver los problemas de desarrollo y sacar a la mayor cantidad de gente de la pobreza y, solo después de llegar a cierto estado de desarrollo, preocuparnos por un medio ambiente sano. Yo creo que esa idea, la que separa la noción tradicional de “desarrollo” de la conservación ecológica, está equivocada: hacer que la gente viva en un medio ambiente contaminado o sin alimentos de buena calidad es otra forma de empobrecerlos. Entonces las demandas ambientales tienen que formar parte de todas las demandas sociales. A mí me gusta pensar en un término que se llama ecología humana, que se relaciona con el lugar donde laboras y sus condiciones, con cómo te mueves de tu lugar de vivienda a tu lugar de trabajo y qué estás comiendo y cuál es la calidad del agua. Se trata de una misma cosa.

MK: En realidad no existen problemas sociales independientes de los problemas ambientales. El mismo interés que lleva a los humanos a explotar un ecosistema los lleva a explotar a otros seres humanos. En México parecemos empeñados en tener discusiones del siglo xx, cuando ya deberíamos pensar en construir un mundo para el siglo xxi. Los megaproyectos del actual gobierno son una buena muestra de ello: el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas están ubicados en zonas que van a sufrir consecuencias por el aumento en el nivel del mar. Y esto es innegable, porque las proyecciones de los científicos respecto al cambio climático se están cumpliendo antes de tiempo. Para decirlo de otro modo: si mañana empezamos a hacer bien todo, al 100%, en el mejor de los casos, en alrededor de ochenta años, el nivel del mar va a subir cincuenta centímetros en la península de Yucatán. Según los pronósticos, lugares como Ciudad del Carmen, en Campeche, van a estar cubiertos en su totalidad por agua. Déjate de la problemática ambiental: habrá que mover ciudades completas de un sitio a otro. En lugar de estar pensando cómo adaptarnos a esos desafíos, lo que estamos haciendo es poner Dos Bocas en una zona inundable, un lugar que –estamos 100% seguros– estará bajo el agua en unos sesenta años. Estamos haciendo una inversión en una tecnología inadecuada en un lugar inadecuado. Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la unam, que ha colaborado en publicaciones sobre Dos Bocas y el Tren Maya, lo ha expresado muy bien: “Vamos a construir un Tren Maya para que vengan turistas a ver sargazo y una zona hotelera inundada.”

CALM: Si bien es verdad que algunos escenarios pesimistas están ocurriendo más pronto de lo esperado, también lo es que ahora mismo hay otros fenómenos igualmente preocupantes: en México, por ejemplo, los patrones de precipitación están cambiando. Este año fue uno de poca lluvia, y hay cierto debate acerca de qué tanto se debió a una variabilidad normal y qué tanto puede atribuirse al cambio climático. A pesar de ser materia de debate, la tendencia es clara. Eso también es importante entenderlo: el cambio climático no es un calentamiento global, en el que la temperatura de todo el planeta se eleve. Sube la temperatura promedio, pero los cambios son diferenciados. Hay zonas del país donde va a llover más en periodos más cortos de tiempo y hay zonas donde va a dejar de llover. Uno esperaría que, con los datos disponibles, se esté creando una política pública ante ese panorama y es muy frustrante ver que, en lugar de tener más presupuesto para entender esos fenómenos y saber qué hacer, el dinero destinado al sector sea cada vez menor.

MK: Creo que hay que dejar en claro que se pide más presupuesto no por el presupuesto en sí mismo, sino en la medida en que sirva para atender los problemas ambientales. Y no hay forma de solucionar un problema sin antes entenderlo. No estoy en contra de la austeridad: podemos ser más eficientes en el uso de los recursos, por supuesto. Hoy día, sin embargo, el recorte presupuestal parece un machetazo cuando lo que necesitamos es una cirugía cerebral. Tiene que haber una mejor planeación: saber en dónde es necesario ampliar el conocimiento, en dónde ampliar las capacidades de las instituciones y en dónde reducir gastos innecesarios o poco eficientes.

CALM: Sin duda, hay que hacer un análisis funcional y ver en dónde se gasta, etcétera, pero cuando los presupuestos desaparecen también es muy problemático. Los presupuestos son la forma en que el Estado atiende sus compromisos. México fue uno de los primeros países que tuvo una ley general de equilibrio ecológico y un país pionero, a nivel internacional, en tener un sistema de cuentas ambientales. Los países de América Latina han venido a México a ver cómo se hacen las cosas. Llevamos un buen trecho recorrido en eso, pero ¿ha sido suficiente? No, porque la crisis ambiental es muy notoria y es ahí donde resulta importante fijarse en los presupuestos y en su evaluación. Para 2020 vamos a gastar casi la mitad del presupuesto que había en 2012 para el sector ambiental. Es muy grave, y la mayor parte de la reducción ha sido en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Ya sabremos si el incremento en el número de incendios en 2019 se debió a la falta de brigadas en Conafor o a que fue un año de sequía, pero lo cierto es que no puedes disminuir brigadas en un año de sequía. Es este mismo aparato institucional el que sirve también para regular los nuevos proyectos de infraestructura. El presupuesto general para la oficina de política ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada de las manifestaciones de impacto, se redujo en 70% de 2018 a 2019. ¡70%!

Hay un problema con que el gobierno sea el principal promotor de los megaproyectos y, al mismo tiempo, el responsable de que se cumpla la legislación ambiental: leí que se quería nombrar a Santa Lucía un proyecto de seguridad nacional para no someterlo a las regulaciones existentes. Con el Tren Maya se quiere hacer algo similar: manifestaciones de impacto ambiental locales para los diferentes tramos, cuando es evidente que necesita una manifestación de impacto ambiental del tipo regional, un requerimiento mucho más exigente. Como se trata de compromisos del presidente, el gobierno va a hacer todo lo posible para llevarlos a cabo a costa de lo que sea. Por lo tanto, hay riesgos de que den información incompleta y de hecho no existen todavía los proyectos ejecutivos. Hay que decir que no es una cosa de este gobierno: el tren a Toluca del gobierno anterior es una locura administrativa, e incluso a nivel internacional se trata de una práctica muy común. Si de verdad estuviéramos en sociedades democráticas, proyectos de esta naturaleza deberían tener procesos abiertos que sometan la información más completa posible al escrutinio y debate ciudadanos.

MK: Habrá que revisar las cifras, pero me parece que un estudio reveló que en México alrededor de un 25% de la población afirma que le preocupa el cambio climático. Para tener una idea, la gente que dice eso en Alemania ronda el 90%. Pero lo interesante es que en el momento en que preguntas “¿Y tú qué estás dispuesto a hacer al respecto?” las cosas cambian. Casi nadie quiere dejar su comodidad, sus compras de alimentos procesados y sus traslados en carro con aire acondicionado por razones ambientales. Por un lado, estamos en un nivel de gravedad tal, con tantos problemas interrelacionados, que es muy difícil saber por dónde empezar, y por el otro, no existe verdadera disponibilidad para cambiar la vida propia. Creo que estamos justamente en un momento en que tanto la sociedad como los gobiernos se resisten a aceptar este hecho: no hay manera de seguir con el estilo de vida que tenemos actualmente. En máximo veinte años, vamos a tener esas carencias, pero a la mala, según un análisis del ejército de Estados Unidos.

CALM: La Conferencia sobre el Clima –la cop25– se celebró a finales de 2019 en Madrid y lo más frustrante es que las discusiones son muy parecidas a las que se tenían hace veinticinco años. ¿Qué significa eso? Que los gobiernos siguen siendo reticentes al compromiso en la medida en que siempre se trata de una negociación política. Por ejemplo, la India no ve con buenos ojos que Europa o Estados Unidos le exijan que no queme carbón, si fue el carbón lo que los desarrolló a ellos. El gobierno indio va a oponer resistencia porque siente que tiene que sacar de la pobreza a millones de personas, del mismo modo en que Europa o Estados Unidos lo hicieron. Estados Unidos, a su vez, decidió en 2017 retirarse del Acuerdo de París, de 2015, con el pretexto de que China y la India no quieren cumplir su parte. De este modo tenemos un círculo vicioso, porque es muy difícil que todos estos intereses se coordinen. Y eso no es todo: en quince o veinte años la India va a sobrepasar a China en población, y si tanto China como la India quieren lograr un estándar de vida de clase media, no hay planeta que pueda proveer recursos en suficiencia y adecuación para sostenerlos. Sin embargo, cualquiera de esos países puede argumentar que Europa y Estados Unidos ocuparon por décadas todo el carbón que quisieron y que, por tanto, son los verdaderos causantes del desastre.

MK: En un principio las Conferencias sobre el Clima parecían una lucha entre países ricos contra países pobres, pero esa discusión ha cambiado de perspectiva: ni China ni la India son ahora comparables al tipo de país que eran hace veinticinco años. Por tanto, sus posiciones de negociación son muy diferentes. Además, en veinte años, la India y China lograron la misma cantidad de emisiones que Estados Unidos y Europa en doscientos años, pero no es la única manera de enfocar el problema. Si bien, en términos absolutos, China es actualmente el mayor emisor del mundo, si ves la emisión per cápita resulta que Estados Unidos es, por mucho, el emisor más grande. También es interesante si uno ve las cifras por compañías: las petroleras –como Exxon o Shell– son las que dominan el panorama, y es en ese rubro donde aparecen países que por lo general no tenías en la mira. Pemex es la novena empresa más contaminante a nivel mundial y México, por su culpa, está entre los quince países que más contaminan. Como se ve: las cosas ya no pueden reducirse a naciones ricas contra naciones pobres.

CALM: Hay otro factor sobre el que deberíamos estar hablando. Hacia 2050 vamos a ser cerca de diez mil millones de personas en el planeta: eso significa que por cada dos personas que veas en la calle, nacería una más. Es una locura. Y la gran parte de ese crecimiento poblacional está en la India, China, y luego África. Si tomamos en cuenta que se trata de países ya en condiciones económicas graves, ¿qué va a pasar con la población que se va a añadir? Si esas naciones van a adquirir un modelo de vida medianamente decente, el impacto de eso va a ser brutal.

MK: De hecho, no solo hay que pensar en que China y la India quieran tener un nivel de clase media; en realidad, el planeta probablemente no nos pueda dar recursos ni siquiera para que todos tengamos, por ejemplo, un refrigerador. Los recursos son cada vez más limitados mientras que la cantidad de personas va al alza. En los próximos años, dos mil millones de personas entrarán a la clase media. El problema es cómo vamos a repartir lo poco que tenemos. Ahora sabemos mucho mejor que en el pasado qué hace falta hacer, pero sigue faltando sobre todo voluntad política. Hay, sin duda, una mayor conciencia ambiental, pero estamos llegando muy tarde por no actuar hace veinticinco o treinta años. Quiero dejar en claro una cosa: aunque vamos tarde, eso para nada quiere decir que da igual dejar las cosas como están. Ahora es mucho más difícil lograr las soluciones que necesitamos, pero todavía tenemos mucho espacio para alcanzar algunas metas.

Voy a poner un ejemplo: he estado trabajando mucho en análisis de escenarios y la productividad primaria, una medida básica de qué tanto puede producir un ecosistema en términos de biomasa: más productividad significa más comida para nosotros, por ejemplo, más peces que pescar. Para la productividad primaria marina, todos los escenarios presentan una tendencia negativa, una pérdida en la productividad primaria. Sin embargo, entre todos esos malos escenarios hay una diferencia gigantesca: en uno perdemos 5% de la productividad primaria y en otro 35%. Ninguna de esas pérdidas es buena, pero no son lo mismo: perder 35% de nuestra productividad primaria significa un colapso de nuestra provisión de comida proveniente del mar. Entonces, si puedes escoger entre perder 5% o 35%, la diferencia es fundamental. Creo que eso hace falta en la comunicación de la crisis ambiental: estar conscientes de qué tanto queremos perder, qué tanto podemos atenuar algunas catástrofes. Si alguien dice que solo vamos a poder reducir el 5% de las emisiones, ese 5% resulta crucial porque cada céntimo de grado cuenta

Política ambiental 2018-2024: mal inicio

(10min)

Y luego, los compas en Letras Libres me invitaron a escribir sobre política ambiental. Y aquí recuperé y actualicé algunas ideas trabajadas antes

Aquí la liga al original, publicado en agosto de 2019

-----


Transcurre el primer año de la administración 2018-2024 y desde ahora es posible hacer una primera evaluación sobre los aspectos más visibles de su política ambiental. Para decirlo pronto: hay muchas razones para preocuparse, incluso para vaticinar que se agudizará el retroceso que supuso, en este tema, el gobierno anterior.

Tres datos pueden ilustrarlo bien: el presupuesto federal para 2019 del sector ambiental (31 mil millones de pesos) es 15% menor al de hace un año (37 mmdp), que ya de por sí era 45% menor que el de 2012 (55 mmdp). En su organización interna no hay rubro que haya registrado algún incremento presupuestal, o que al menos se haya mantenido estable. Sin embargo, las áreas más afectadas son las de protección ambiental del sector hidrocarburos (la ASEA, con un recorte del 35%), la Comisión Nacional Forestal (con 30% menos), la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental (con una disminución de 25%, aunque esté a cargo, entre otras cosas, de las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos de infraestructura) y, de manera notoria, la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental (73% menos). Con todo, y como adelanté, el retroceso no inició en este sexenio.

La historia reciente sirve para contextualizar cómo se ha debilitado, de forma grave, el compromiso del gobierno mexicano con el ambiente. Es una historia que se puede dividir en tres fases. La primera comienza en 1988, con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; continúa en la década de 1990 cuando se crea un complejo armado institucional –una secretaría de Estado y sus delegaciones estatales, comisiones especializadas, institutos de investigación e incluso una procuraduría ambiental–, y acaso termina en 1999 cuando se eleva a rango constitucional el derecho de los individuos a un medio ambiente adecuado (artículo 4º) y se obliga a que, en su rectoría del desarrollo nacional, el Estado garantice también sustentabilidad (artículo 25º).

La alternancia partidista, desde el 2000, abrió una segunda etapa que tuvo dos rasgos principales: i) Los objetivos de sustentabilidad ambiental compartían jerarquía con las metas de crecimiento y desarrollo económicos (todos ellos integraban los llamados “ejes de política pública”), ii) Se hizo más énfasis en el lado climático de la política ambiental (el colofón ocurrió en 2012, con la promulgación de la Ley General de Cambio Climático), lo que le dio a México un relumbrón internacional y le permitió obtener cierta posición de liderazgo, aunque tuvo el resultado paradójico de descuidar la importancia de otros aspectos no menos urgentes de la agenda ambiental del país.

En la administración de Enrique Peña Nieto inició la tercera etapa, la del retroceso debido a la subordinación jerárquica de los objetivos ambientales a los económicos bajo la noción de la “economía verde” –a la sazón bastante vaga, incluso en los entornos internacionales en los que se proponía–, y a la disminución paulatina del presupuesto para el ambiente.

En este sexenio, mientras aún quedan por revisar documentos sustanciales sobre política ambiental (señaladamente el Programa Sectorial), lo que se asoma en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en su primer presupuesto federal no deja resquicio alguno para el optimismo: no solo se trata de una continuación decidida del debilitamiento de las instituciones de este sector, sino que bien podemos estar presenciando el inicio de su desmantelamiento general en un momento en que la crisis ambiental de México no deja de agudizarse. De modo similar al sexenio anterior, los objetivos de sustentabilidad ambiental quedan fuera de los tres “ejes generales” de política (Estado de derecho, bienestar y desarrollo económico). En cambio, se les incluye en uno de los tres ejes transversales bajo la etiqueta “territorio y desarrollo sostenible” (los otros dos son combate a la corrupción e igualdad de género), con unos “criterios generales” que, a pesar de estar integrados no sin alguna heurística, no logran ocupar más de dos páginas del documento.

Esta pérdida de jerarquía de las preocupaciones ambientales en la planeación se traduce en la ambigüedad –cuando no en un simple silencio– del diseño de los objetivos y las estrategias que orientan las acciones de las instituciones. Vaya un ejemplo: en comparación con la administración previa, en este PND desaparecen las metas explícitas sobre el territorio destinado a la protección ambiental. Esta ausencia –que también se percibe, dicho sea de paso, en la narrativa cultural del nuevo gobierno– se añade a la ya comentada reducción del presupuesto para caracterizar lo que podría ser una cuarta etapa (DIS)funcional: la del abandono del gobierno de sus responsabilidades ambientales, incluyendo las establecidas en la Constitución. Esta realidad establece un contraste con visos muy estructurales al compararse con la urgencia y la decisión políticas que debieran caracterizar las acciones estatales ante la crisis ambiental en pleno desarrollo. Hay que decirlo claramente: la política ambiental de las últimas tres décadas, a pesar de sus novedades legislativas e institucionales, ha sido débil e insuficiente, ya no digamos para cumplir aquellos mandatos constitucionales, sino incluso para paliar los efectos más nocivos del pésimo desempeño ambiental del capitalismo mexicano, tanto el privado como el estatal. Cualquier retroceso, debilitamiento o desmantelamiento de las herramientas de gobierno solo pueden alejarlo más de los objetivos que debiera perseguir.

La novedosa contabilidad ambiental mexicana, que ha sido punta de lanza en el mundo desde su creación hace más de treinta años, ofrece una visión sintética, aunque incompleta,*1de la crisis ecológica nacional: mientras entre 2003 y 2017 no se redujeron los costos por el agotamiento de algunos acervos de recursos naturales (bosques, agua subterránea, hidrocarburos), los de degradación (por contaminación de suelos, aire o agua) se multiplicaron por cuatro. En contraste, los gastos de protección ambiental (aquellos que mitigan los efectos negativos de la degradación ecológica) apenas representaron, en 2017, el 13% de los costos totales contabilizados. Aunque se puede afirmar que dichos costos están decreciendo respecto al producto interno bruto (del 7% al 4% en ese periodo, lo que se explica más debido a una economía que se terciariza que a una política ambiental efectiva), no deja de ser cierto que por cada peso que se añade al producto por crecimiento económico se generan, en el mejor de los casos, dos pesos por costos ambientales –y estos solo son aquellos que se han podido expresar en términos monetarios.

En suma, lo que es ya visible de la nueva administración indica que la política ambiental se debate entre continuar el debilitamiento iniciado en el gobierno pasado o su desmantelamiento (que pasa, además, por el maltrato laboral de los cuadros especializados), lo que acentúa aún más su dependencia a la discrecionalidad de las negociaciones del momento político, como atestigua la atención nula a la evaluación ambiental de los proyectos de infraestructura que están sobre el escritorio del nuevo gobierno.

Todo esto tiene una explicación: la todavía débil democracia mexicana no logra integrar una perspectiva ecológica en la que el bienestar y el desarrollo dependan de la conservación y la sustentabilidad. El activismo ambiental mexicano, por ejemplo, es infrecuente, poco estructurado y, por ello, políticamente débil (y, en esa circunstancia, existe un “partido verde” que no lo es). Dicho de un modo más fundamental: la sociedad mexicana aún tiene un largo camino por recorrer para integrar las demandas ambientales con otras más tradicionales y construir una agenda que pueda llamarse de “ecología humana”: mejor trabajo, mejor remuneración, mejor alimentación y mejor educación en un esquema ecológicamente sustentable. ~

1* No incluye, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad o la menor capacidad ecosistémica de provisión futura de servicios ambientales.