Sobre la política del campo de López Obrador

Durante la campaña que lo llevó a la presidencia, López Obrador dio este discurso:

Cosas buenas

  1. prioridad al campo
  2. reconocimiento de que Mx es centro de origen del maíz, lo que llama a responsabilizarse por su diversidad, el control descentralizado, etc
  3. distribución de excedentes más equitativa (entre consumidores y productores, y menos intermediarios)
  4. pensión a adultos mayores campesinos

Cosas medio medio, que necesitan precisarse  

  1. fertilizante orgánico barato para quien comercializa y gratuito para subsistencia. ¿Cómo funcionará Pajaritos para producir fertilizante orgánico? Esto parece una contradicción insalvable
  2. El extensionismo agrícola realmente nunca se ha ido, aunque entiendo que ahora no hay dirección (ver este estudio para OCDE solicitado por Sagarpa http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/DesCap/Documents/AnalisisExtensionismoAgricolaMexico.pdf  ¿qué enfoque debe tener el extensionismo agrícola para ir hacia una agricultura sustentable?
  3. El millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Eso representa como 20% de la superficie agrícola irrigada y como 5% de la no irrigada. Es una extensión considerable....

    Si sustituye superficie agrícola o ganadera me parece en principio no mal, pero hay considerandos (la siembra de 🌳 ha fracasado rotundamente en el pasado). Si sustituye vegetación secundaria o (peor aún) primaria es un error y un agravio al que hay que oponerse abiertamente.
  4. AMLO dice abiertamente subsidios (lo que no me parece equivocado en principio). Esquivel dice en la entrevista que los ps de garantía no son subsidios. No hay necesariamente contradicción: AMLO se refiere al fertilizante y Esquivel a la distribución de los beneficios ...

    (piense en los grandes comercializadores, ie Walmart, que se pasan de lanza con los productores ante la incertidumbre). AMLO dice que habrá compra de cosechas, Esquivel dice pol. de ingresos y no absorción de pérdidas. Hay que precisar.

Cosas totalmente equivocadas

  1. La visión mercantilista de la "autosuficiencia" y la "soberanía".
  2. "Produciremos lo que consumimos". Eso puede terminar en un "consumiremos lo que producimos", en perjuicio de todos.
  3. La visión productivista. Después de escucharlo, uno termina con ganas de agarrar el machete para chapear el acahual y ponerse a sembrar lo que sea con harto fertilizante y el pecho hinchado por hacer patria. Permea una visión positiva de la revolución verde y es peligroso.
  4. La descentralización geográfica de las secretarías... Me parece que es capricho que, en el mejor de los casos, no ayudará en nada y, en el peor y más probable, aumentará costos de transacción en el diseño y monitoreo de políticas.
Algunos principios mínimos de una política agrícola, además de las cosas buenas de al principio:

  1. No a la expansión de la frontera agrícola. No se puede sacrificar los ecosistemas que aún nos quedan con la visión productivista dominante, y recuperación allí donde se pueda
  2. Exploración de nuevos sistemas de producción de pequeña escala que combinen conservación con producción y generación de ingresos
  3. No a los transgénicos, así, limpiamente y sin reservas. No se puede ser centro de origen (no sólo de maíz) y ceder al control corporativo.
  4. La seguridad alimentaria debe combinar producción interna con importaciones. No hay nada de malo en importar lo que no producimos. El objetivo debe ser: producción interna adecuada para generación justa de ingresos rurales y conservación ambiental....

    Si eso alcanza para autosuficiencia, bien (creo que no lo hace). No es necesario ni adecuado poner a la autosuficiencia como objetivo de política
  5. Fin a los subsidios a los grandes productores agrícolas (sobre todo en agua y energía). Esto libera recursos, muchos...
  6. "El campo" es tan desigual como el resto de la sociedad. Los grandes productores no requieren más subsidios, ya se les ha apapachado mucho: las transferencias por tarifa cero a irrigación, p.ej., es de (al menos) 10mmdp anuales https://refutacionesyartificios.blogspot.mx/2017/03/un-texto-de-2015-sobre-la-ley-de-aguas.html … Eso se tiene que acabar.
  7. La política agropecuaria debe ir de la mano de la ambiental y de conservación. Las especificidades de la propiedad de la tierra en México lo pide así. Se debe terminar que Sagarpa vaya por un lado y Semarnat por otro. Deben ir juntas.

Moraleja. Es lo que hay

Sobre las (nulas) posibilidades de la autosuficiencia alimentaria en México

En el marco del debate sobre política agropecuaria en México en el sexenio 2018-2024, el Dr. Gerardo Esquivel tuiteó lo siguiente:

Ese artículo es muy bueno. Llama a dejar de lado el asunto binario (autarquía vs comercio) y poner las cosas en otro debate, con matices más sutiles. Aumentar la capacidad de producción de alimentos en México está bien, pero los cómos importan mucho. Ese artículo hace referencia a este otro, sobre el que basa la sutileza: la diversidad de casos impiden solución única. Hay malas noticias para el nuestro:



Pongamos 2 mapas de este segundo paper. Este muestra que el porcentaje de población que depende de recursos externos (agua y tierra) para alimentos en Mx es 30-50% (a), y que el consumo de alimentos supera lo que sería posible producir dada la tierra disponible (b).


Fuente: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/1/014046/pdf

Este muestra que en los 3 escenarios de población estudiados México no logra suficiencia incluso si alcanza el máximo de productividad posible para 2050. En otras palabras: no hay recursos naturales internos ni avance tecnológico que puedan sostener nuestro consumo de alimentos.


 Fuente: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/1/014046/pdf

Por eso el objetivo no es autosuficiencia (no en volumen, pero tampoco en calorías o en $, como sugiere el primer paper) sino seguridad. Seguridad alimentaria que garantice buena economía e ingresos rurales, cuidado y promoción de la agricultura campesina. Sobre todo en lo concerniente a los sistemas de producción de pequeña escala y la utilización de transgénicos en centros de origen de una amplia variedad de granos y hortalizas. En esa solución tendrá que haber exportaciones y tendrá que haber importaciones.

Y si se acompaña con promoción a buenas dietas (reducir obesidad, mejorar salud pública) pues qué mejor!

Ambos papers ofrecen una estupenda lectura con datos para debatir lo que puede o no ser posible (no hay que ser economistas, los autores vienen de muchas disciplinas). 


El contínuo de políticas viene de acá: http://www.fao.org/3/a-i5222e.pdf  
E incluye notas clave como la siguiente:


























Es decir: no debe haber ni uno (autarquía) ni el otro (cero producción interna). Los países se deben ubicar en un punto del continuo que les sea factible físicamente y adecuado socialmente. Ese es el mensaje. Los mapas del 2o paper ponen a Mx 1/2 - 3/4 del lado derecho.



Mx: 85% del SSR con posibilidades de satisfacer necesidades alimentarias. La cuestión no es si debe subir al 100% así por que sí, sino mejorar las condiciones internas de producción y distribución. Y si como resultado de mejorar acceso y producción baja el SSR pues que lo haga.

Moraleja: no hay recursos naturales internos ni avance tecnológico que puedan sostener nuestro consumo de alimentos.

Aquí está la serie de tuits:












Sobre autosuficiencia alimentaria y precios de garantía en la agricultura mexicana: una crítica al profe. Katz

El profesor Isaac Katz (ITAM, @econoclasta) escribió esta columna en El Economista:


Vamos a comentar matices a algunos puntos de esta pieza de pues creo que merecen precisión, algunos por suponer demasiado, otros por no ir al fondo del tema.

Primero coincidencias en el contexto:



  • 1. La propuesta (de autosuficiencia alimentaria) es en efecto ambigua. 

  • 2. Es cierto que AMLO no ha mencionado diferencia entre maíz amarillo (forraje) y blanco (consumo humano) y la ya existente autosuficiencia en el segundo:

    • 3. Sobre ventajas comparativas sólo añadiría que éstas no son estado de la naturaleza sino resultado de diversidad de factores (recursos y tecnología), por lo que se pueden construir deliberadamente por política.

      Ahora las precisiones. El prof Katz presenta 3 puntos (que en verdad son 2)
    • 4. El primer punto supone, bien, que la tierra agrícola es recurso fijo (y que así siga: que no crezca sobre bosques) pero, tácitamente y mal, que es flexible en su vocación y que se usa a plena capacidad. También supone, mal, que otros recursos e insumos son fijos y se usan a capacidad. Por ello concluye que impulso a algún producto necesariamente captura recursos otrora destinados a la producción de otros que puedan tener más valor agregado (su segundo punto, consecuencia del 1).

      (Para decirlo con otras palabras, esos son supuestos de economía de pleno empleo muy tradicionales en los manuales de economía, muy útiles para entender conceptos pero con relevancia empírica limitada.)

      El problema es que esos supuestos no son adecuados: hay capacidad ociosa en la tierra (el famoso yield gap, sobre todo en monocultivo, más sobre esto más abajo) y los otros recursos no son fijos (K e insumos) ni se usan a plenitud (trabajo). Levantados esos supuestos la conclusión no se sostiene necesariamente: la promoción de un producto no desplazaría por fuerza la utilización de los recursos otrora destinados a otros productos.
    • 5. Su explicación del precio de garantía en su tercer punto es impecable y concuerdo: en la medida en que implique compras garantizadas a costos superiores con venta a precios menores (con la diferencia a cargo del erario) es un error.

      (Ahora, después de la fecha de publicación de su columna se sugirió que más bien "precios de garantía" significa política de ingresos que cambie su distribución entre productores y distribuidores, pues exhibe enormes diferencias en perjuicio de los primeros...)

      Pensemos que las grandes comercializadores ejercen poder de mercado en distribución de productos agrícolas. Es necesario revisar esa estructura para aumentar eficiencia (p.ej. promoviendo competencia). Y eso no sólo no tiene cargo fiscal: es adecuado y necesario).

      (Dicho de otro modo, el asunto de los precios de garantía está por verse: si quiere decir lo que describe el profe Katz, pues concuerdo redonda y cabalmente. Si quiere decir política de ingresos, pues entonces dicha descripción deja de ser relevante.)

      Pero mi mayor discrepancia, y la más compleja, está en el cierre.

      Necesitamos ver sistemas de producción agrícola. Pensemos en dos: agroindustria vs economía campesina. La primera es monocultivo y ampliamente tecnificada, la segunda es policultivo y de pequeña escala. El profe Katz supone que la de pequeña escala tiene tecnología obsoleta (y eso, para decirlo rápido, es una idea obsoleta propia de la época de la revolución verde).

      Usemos "riego" como proxy a agroindustria y "temporal" como proxy a pequeña escala:

    La diferencia de rendimientos es muy clara. El "yield gap" existirá en la medida en que haya cross-over entre ambas modalidades (es decir, en la medida en que unidades de temporal sean monocultivos a gran escala). Pero miren uds: cuando ho nay cross-over estamos hablando de dos cosas distintas (monocultivo vs policultivo) pero las comparamos injustamente (rendimientos en un sólo producto). En Mx, por cierto, al policultivo le llamamos muy bonito: milpa.

    Y la cosa es que la literatura de los últimos 10-15 años ha revalorado a la ag. de pequeña escala de modo positivo, dejando atrás las medidas de la revolución verde por (esas sí) obsoletas e inadecuadas. Una muestra:

    • En otras palabras: cuando se la mira de modo integral (y se le compara no en ton/ha de un sólo producto, sino por ejemplo en diversidad de nutrientes) la milpa campesina de pequeña escala aparece en el cuadrante noroeste: con productividad alta y diversidad alta. Y a todo eso le podemos agregar que Mx es centro de origen de granos y hortalizas (maíz, frijol, calabaza, jitomate, etc): el mantenimiento descentralizado de variedades en la milpa campesina es, de hecho, un servicio (agro)-ecosistémico que Mx le ofrece al mundo. Hay que aprender a aprovecharlo para mejorar la calidad de vida de la población campesina que lo mantiene.Por eso, precisamente por eso, es que la política agraria debe defender a los trabajadores rurales, sus modos de producción y su propiedad social y comunal de la tierra. Debe aprender a combinar producción con conservación y, en general, aprender a valorar la unicidad de nuestro sector rural. Yo prefiero eso a suponer que la agricultura de pequeña escala es ineficiente, anticuada, atrasada, y apegada a regímenes de propiedad inadecuados.
    Estos puntos los organicé en una cadena de tuits:


    Secuencias transgénicas y glifosato en maíz mexicano

    "Detectan la presencia de secuencias transgénicas y del herbicida glifosato en productos a base de maíz en México"


    Esto es tragedia y es urgente revertirlo.

  • Presencia de al menos un transgen en 82% de las muestras de productos a base de maíz y de glifosato (un cancerígeno de uso restringido en Europa y otros lados) en 30%. El transgen estuvo presente en 90% de las muestras de tortilla.
  • El problema asociado con los transgénicos en el maíz es que Mx es centro de origen: la utilización de transgénicos modifica la economía política en agricultura reduciendo el control de los pequeños productores sobre la diversidad de semillas.
  • Mientras que el glifosato como herbicida trae riesgos a la salud de los campesinos: es un cancerígeno. El glifosato es la base para el famoso Roundup de Monsanto. Recuerden los juicios perdidos por esa compañía por publicidad falsa (diciendo que era más seguro que la sal de mesa)
  • La investigación es de Elena Alvarez Buylla, del C3 de la UNAM: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21683565.2017.1372841


    Moraleja
    : La presencia de los transgenes en las muestras contrasta con el hecho de que la siembra de maíz transgénico está prohibida en México. Hay alguien que se está haciendo pato en la regulación.
  • Reflexiones de botepronto sobre los precios de la gasolina en México

    Breves reflexiones en voz alta sobre el asunto de la gasolina a raíz de mirar por unos minutos las ponderaciones de bienes y servicios del INPC:


    http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/cab-inpc/cab-inpc207_08.pdf
    • La gasolina tiene <5%. Los alimentos, por ejemplo, tienen el 26%
    • En la medida en que los precios de otros ByS dependan del de la gasolina (sí lo hacen) entonces el INPC podrá responder también indirectamente (y en función de los rezagos de impacto) a variaciones en su precio. No obstante, dicha respuesta es convergente aún si fuera simultánea
    • Pero esa visión es un tanto mecanicista: asume que asimetrías de información no son relevantes en la formación descentralizada de precios (y sí lo son)
    • Piense ud en el modelo de las islas de información: los errores de extracción de señal pueden hacer que las expectativas (de alza generalizada) anulen o atrofien el comportamiento convergente.
    • Esto ocurre con precio controlado o libre. Y uno esperaría que una medida de adaptación de los agentes ante exposición prolongada a dichas variaciones incluiría disminuir la dependencia a la gasolina, adoptando usos más eficientes, etc.
    • Ahora, el control de precio de la gasolina afecta (incluso evita) dichas adaptaciones. Antes teníamos congelamiento nominal, con precio real declinante. Ahora se plantea congelamiento real.
    • Ambas políticas, además del alto costo fiscal asociado o potencial, impiden el ajuste del precio relativo y, por tanto, el ajuste de las decisiones de consumo, generando "subóptimos" sociales (como es evidente en México)
    • Luego está el asunto dinámico: ¿dependerá de la inflación pasada? ¿dependerá de la inflación esperada? Este último caso es problemático: además del asunto de atinarle a la convergencia, puede dar pie a autovalidaciones innecesarias
    • ¿cómo puede esto tener costo fiscal elevado? En un escenario de depreciación o de elevación del p. petróleo, o una combinación, que eleve el p al que se importe la gasolina. La promesa de un precio real fijo requiere recursos fiscales, implicando en subsidio regresivo, etc etc
    • Por eso, lo mejor (y eso incluye razones ambientales) es dejar que precio de la gasolina fluctúe y operar desde la política pública en mejorar alternativas que disminuyan los efectos negativos de sus variaciones (transportes públicos y de mercancías)
    • Es más trabajoso y sus efectos son a mediano y largo plazos, pero es lo adecuado. Es preferible eso a medidas de aplauso fácil (no subirá el precio real o nominal) pero con costos fiscales y sociales elevados.

    Sobre los decretos de Junio de 2018 sobre vedas y reservas de agua en México

    Esta entrada colecciona en un texto una serie de tuits que puse sobre ese tema.



    Para entender el asunto de los decretos de las vedas:

    ¿Son privatización malévola y malaonda de los malos con maldad? No
    ¿Entonces todo bien y bonito con la protección al ambiente? Depende.

    Veamos algunos puntos para entender el asunto.

    ¿Son las concesiones "privatizaciones"? Es cuestión medio semántica: por ley el estado es propietario de los recursos naturales, incluyendo al agua. Es factor de la producción esencial para todo (y todo es todo) e indispensable para consumo humano. Para satisfacer tal demanda se tiene que concesionar (para actividades productivas autoabastecidas) o asignar (para uso público/urbano).

    Desde ese punto de vista la concesión no implica "privatización" por definición. Es el modo que tenemos para hacer uso privado de un recurso de propiedad pública a cambio de una tarifa. Las alternativas: o todo lo tendría que hacer el estado (una locura) o el agua es de propiedad privada (otra locura)

    En legislación vigente el volumen concesionado está limitado por la disponibilidad en cada cuenca (y que se publica en el DOF). Dichas concesiones incluyen los siguientes usos: público urbano, industria, agrícola, energía (incluyendo hidroelectricidad), acuacultura, recreación.

    El mayor volumen concesionado es el de hidroelectricidad, pero éste se considera uso no consuntivo: el mismo m3 se concesiona varias veces en diferentes presas... El mayor volumen concesionado consuntivo es el agrícola, +-65km3 de los +-80km3 anuales)

    Por historia y mala gestión hay muchas regiones en que concesiones representan %s altos de los volúmenes renovables, sobre todo en el Norte y en el Centro del país. Hay casos (CDMX) que los superan abiertamente.  Ver índice explotación hídrica en el cuadro:


    En cualquier caso, el régimen de concesiones actual no considera la demanda ambiental dentro de los usos consuntivos. Ese problema ha motivado el concepto de "environmental water requirements" en la literatura (ver aquí). Ese hecho (no exclusivo de México) explica en parte la crítica situación de escasez y deterioro ambiental prevaleciente en el país. La idea es simple: disminuir el volumen concesionable a usos económicos para destinar una fracción a conservación ambiental. Ese esquema opera en países como Australia.

    Mi investigación ha ensayado impactos económicos de su posible implementación en Mx
    Dicho concepto se ha incorporado en la construcción de indicadores de escasez 
    y de cálculos de agua virtual o huella hídrica 
    En México dicho concepto se ha incorporado a la normatividad: desde 2012 tenemos norma mexicana para el cálculo del caudal ecológico:
    La WWFMx ha tenido un papel preponderante en Mx con la idea del caudal ecológico y las reservas de agua

    La incorporación de la demanda ambiental en el régimen de concesiones es un mínimo necesario si es que queremos cualquier posibilidad de conservación integral de ecosistemas. En ese contexto, la incorporación de dichas reservas por los decretos me parece un avance: es necesaria su adopción en todas y cada una de las cuencas del país.

    Vayamos ahora a los decretos: 


    Los decretos hacen dos cosas: establecen las reservas en las cuencas que se muestran en el mapa (de WWF) y, para ello, levantan las vedas existentes. algunas establecidas desde 1930.


    Las vedas son la figura en la legislación vigente para prohibir las nuevas concesiones en aquellas regiones con cero disponibilidad o comprometidas ambientalmente: https://www.gob.mx/conagua/documentos/vedas-reservas-y-reglamentos-de-aguas-nacionales-superficiales 

    El retiro de las vedas se posibilita por las declaratorias de disponibilidad de 2016: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5443858&fecha=07/07/2016

    Esas declaratorias utilizan la nueva norma de disponibilidad de 2015: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5387027&fecha=27/03/2015

    Que a su vez se fundamentan en estudios técnicos publicados sobre cada una de las cuencas, como este http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5443858&fecha=07/07/2016

    La clave, entonces, es entender la hidrología que está detrás de las declaratorias de disponibilidad de cada cuenca. Tomemos el caso del vínculo previo. Esas cuencas tenían vedas desde 1931. ¿estaban ambientalmente comprometidas entonces? ¿se usaba toda el agua de las cuencas? No

    Las razones de la veda, como queda claro en este caso,   eran "mantener las condiciones hidráulicas" que beneficiaban proyectos económicos determinados (incluyendo los de particulares).  (¿notan la maravilla de ver el DOF de 1930?):




    Dicho de otro modo: las vedas entonces se establecían después de poner, por ejemplo, un distrito de riego y tenían el objetivo de impedir extracciones adicionales para que no lo afectaran. Esas vedas, por tanto, no se fundamentaron en ningún estudio de disponibilidad, sino en la mera creencia de que había que impedir usos B para privilegiar un uso A. 

    ¿qué otra cosa podemos esperar con lo que se sabía de hidrología en 1930?

    Vistas de esa forma, esas vedas parecen mal fundamentadas técnicamente. 
    El #sinvedanohayvida, cuyas motivaciones e intenciones comparto, está mal utilizado y fundamentado.

    Resumiendo...

    En la medida en que los decretos levanten vedas que están fundamentadas con mala hidrología y los sustituyan con estudios de disponibilidad de buena técnica y con reservas de agua basadas en el caudal ecológico, me parece que van en la dirección adecuada.

    ¿Es esto garantía de sustentabilidad? No.
    ¿Es esto garantía de un manejo adecuado del agua? Tampoco.

    En un hilo sobre el mismo tema, mi amigo @raulpacheco menciona con toda razón uno de los problemas fundamentales del manejo actual: no hay monitoreo de observación de concesiones. Es decir, se sabe el volumen permitido, no el volumen extraído.
    La mala gobernanza también se ve en el hecho de que, con vedas o sin vedas, en esas cuencas se ha aumentado el uso del agua (o ¿a poco se concesiona un volumen equivalente al uso de 1930? Pues no).

    y en general, el volumen concesionado en México sigue en aumento:




    En particular en las regiones VIII y IX (Lerma-Santiago y Golfo Norte, donde se ubican muchas de las cuencas de los decretos), y la IX (Península de Yucatán). Y en la medida en que el volumen concesionado no respete la demanda ambiental esta dinámica es preocupante.

    Dada la complejidad del asunto, hagamos una pregunta ¿Debemos apostarle todo al régimen de concesiones?

    Pues no.

    El régimen de tarifas tiene que modificarse. Para empezar, terminar con el subsidio de miles de millones anuales a los productores agrícolas que irrigan:


    La reacción a los decretos se cuelga de la lámpara por la "privatización" a las mineras y demás. Mientras no hay tal privatización, comparto la preocupación por las mineras (terminemos también el inexplicable trato fiscal que no les cobra royalties).

    (Por cierto, levantar las vedas en el istmo es instrumental a los proyectos de desarrollo en esa región que Amlo está proponiendo... deberían pensar en eso algunos en su gabinete to-be antes de dejarse llevar por la mala información)

    Pero a ver: el mayor usuario en todas y cada una de las regiones hidrológicas es la irrigación. El régimen fiscal ha sido propicio para que domine la tecnología menos eficiente (inundación). Luego está el asunto del tratamiento y reuso de aguas residuales, y el asunto del agua potable en red municipal vs embotellada (ahí vaya que sí hay privatización, y como si nada)

    Etcétera, etcétera, etcétera.

    Dada esa complejidad, el régimen de concesiones no es el único origen ni la solución a los problemas de administración del agua.  Un buen régimen de concesiones es, no obstante, una condición para un buen manejo del agua. En esa tesitura, me parece estos decretos lo actualizan. Ya veremos si se amplía a todas las cuencas del país. En varias de ellas (la CDMX incluida) las reservas de agua implicarían necesariamente reducciones a las concesiones para uso económico. Eso debe ocurrir. Ojalá para allá vayamos.

    ¿qué puede salir mal con los decretos? Que se aumenten las concesiones para usos económicos que mantengan el status quo (p.ej., ampliación de ciudades, nuevas explotaciones mineras) con las prácticas existentes de manejo y contaminación. Aunque la CONAGUA ya prometió que no aumentará concesiones de uso económico (sólo público urbano), otros podrán llegar y hacerlo bajo esta modificación. Es problemática la prelación de usos dando privilegio al público-urbano: puede asegurar agua para expansiones urbanas. Pero si eso ocurre se deberá a fallas en otras áreas (planeación urbana, por ejemplo, o procuración de justicia ambiental), no al régimen de concesiones per se. Ya. Es mucho. Si hay dudas o precisiones no duden en hacerlas.

    Pongo link al libro sobre agua en México publicado por @FESMex  y editado por @taboada_mx @raulpacheco @ChristianDenzin Allí viene un capítulo mío sobre la economía del agua en México. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/14377.pdf

    Moraleja:
    Los decretos no implican privatización. Instauran reservas de agua basadas en caudal ecológico y avanzan sobre la normatividad (la de caudal y la de disponibilidad) ya aprobada y que estaba sin utilizarse. Mientras que actualizan el régimen de concesiones en la dirección correcta y otra es suponer que implican una mejora en el manejo del agua hacia la sustentabilidad. Organizaciones que estimo (Agua para Todos, CEMDA) tienen una mirada crítica y coincido con varios de sus puntos, que comentaremos luego.

    Ciudades, chicas o grandes; desarrollo económico, mucho o poco

    http://voxeu.org/article/city-size-and-economic-growth

    Ciudades muy grandes inducen desarrollo económico en países con amplia población urbana. De otro modo, son las ciudades pequeñas (3mill) las que inducen más desarrollo.

    Las lecciones principales reportadas en el artículo de arriba son las siguientes


    1. ciudades pequeñas son más dinámicas
    2. el vínculo con desarrollo nacional es directo para ciudades pequeñas en países pequeños. las megaciudades sólo promueven crecimiento nacional en países de más de 20 millones de población urbana
    Frick, S. A., & Rodríguez-Pose, A. (2017). Big or small cities? On city size and economic growth.

    Otro texto de 2015 sobre el agua en la CDMX

    Los amigos que administran el blog de La Brújula me invitaron por entonces a participar con el siguiente texto.


    Aquí la liga original


    El agua en el Distrito Federal: déficit ambiental, déficit político

    Carlos A. López Morales


    El Distrito Federal (DF) presenta un gran déficit ambiental que pone en entredicho su viabilidad en el mediano y largo plazo, y ante el cual las administraciones recientes han hecho muy poco. Si hay un campo en el que se evidencia el desfase entre el diseño de políticas requerido y la urgencia de la problemática es el de la administración del agua.
    La onerosa hidrología intervenida de la cuenca central
    El DF pertenece a la región que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) denomina “Aguas del Valle de México”, cuyos límites también incluyen a varios municipios de Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México. Allí habitan 22.8 millones de personas y se genera el 23.8% del PIB.[1] Aquí aparece el germen de la crisis: dicha región sólo tiene el 0.7% del agua renovable del país, a razón de 152 m3/hab/año;[2] situación que obliga a extraer de los acervos subterráneos más de dos veces el flujo de recarga natural. En una evaluación para 2007, los costos energéticos asociados a ese patrón de administración fueron de, al menos, 7.3 mil de millones de pesos anuales.[3]
    Con todo, la región exhibe escasez inédita: por cada m3 de disponibilidad renovable se demandan 1.37 para usos económicos diversos.[4] Cualquier examen del balance hídrico regional da cuenta de las absurdas características de la intervención hidrológica: mientras que con una mano  se gasta 1.5 mil millones de pesos  al año para trasvasar, y luego perder en fugas, 15m3/s desde 300 km de distancia,[5] con la otra se gasta 5.4 mil millones de pesos para extraer del acuífero 50 m3/s, una tasa que más que duplica su recarga, al mismo tiempo que se drenan trabajosamente alrededor de 40 m3/s de precipitación en el sistema combinado de drenaje.[6] Si el objetivo era superar la calamidad hidráulica colonial, la contemporánea parece haberlo logrado.
    La política de aguas en el Distrito Federal: muchos tubos, poca gestión
    El presupuesto del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos 2013-2018 (PGIRH) del GDF muestra tres hechos relevantes.[7] Primero, un incremento del gasto del 52%, de 9.6 a 14.7 mil millones de pesos. Segundo, dos rubros reclaman la mayor parte de ese presupuesto: prestación de servicios hidráulicos, y construcción y mantenimiento de infraestructura; con participaciones promedio de 53% y 38%, respectivamente. Tercero, dos rubros exhiben el mayor dinamismo: construcción y mantenimiento de infraestructura, que aumenta 2.5 veces en el período, y gestión integral de recursos hídricos, que lo hace 2.1 veces. No obstante, este último rubro seguirá representando un porcentaje menor en el presupuesto (7.8%), de tal modo que por cada peso de gestión se gastarán cinco en infraestructura, resaltando la persistencia de lo que la literatura llama el “patrón duro” por sobre el “suave” en la administración del agua.[8]
    Además, dado que el control del suministro se hace de manera conjunta entre el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) y la CONAGUA,[9] es necesario incluir las acciones de esta última. La información disponible muestra que la principal política hídrica en la región no es la de aprovechar el agua de la cuenca,[10] o la de eficientar la demanda, sino la de sustituir la extracción subterránea con trasvases varios. El PGIRH menciona que se contempla con la CONAGUA una nueva fuente externa de abastecimiento que provea al DF con 8m3/s; mientras que la CONAGUA misma detalla la exploración de tres trasvases hacia la cuenca del Valle de México: Temascaltepec (6 m3/s), Tula-Mezquital (6.5 m3/s) y Tecolutla-Necaxa (12 m3/s).[11] No importa cuántas veces se incluyan estas obras bajo el paraguas de la “sostenibilidad hídrica” en el Valle de México:[12] este proceder insiste en el desarrollo hidráulico del “patrón duro”, no contempla los costos ambientales infligidos a las cuencas origen, y desplaza la urgente administración de la demanda (el “patrón suave”), trasladando el verdadero problema de la sostenibilidad hídrica hacia las generaciones futuras.
    Agua potable: vulnerabilidad, desconfianza y privatización de facto
    El mayor volumen concesionado en la región es para uso doméstico y público-urbano (52% del total), y el consumo promedio ponderado es de 256 litros/hab/día.[13] Sin embargo, este suministro no se caracteriza por su confiabilidad en un doble ámbito. Por el lado de la oferta, las fuentes muestran altos signos de vulnerabilidad que ocasionan cortes frecuentes por mantenimiento o escasez, señaladamente en el Sistema Lerma-Cutzamala (por problemas ambientales, de infraestructura y de conflictos sociales) y en los sistemas de pozos (por problemas de calidad y disponibilidad).[14] Por el lado de la demanda, existe una desconfianza generalizada sobre la calidad del agua potable, y el SACM no contribuye a revertirla: el último informe mensual detallado es para octubre de 2012, aunque para 2014 existe un sólo reporte anual.[15]
    Aunque allí se reportan elevados porcentajes de cumplimiento de las muestras tomadas con las normas relevantes,[16] lo cierto es que no existe un trabajo sistemático y efectivo que informe a la población sobre la confiabilidad del suministro potable. Como resultado, los habitantes del DF son compulsivos consumidores de agua embotellada: en una encuesta, sólo el 13% de los hogares capitalinos consume agua de la llave, aunque la somete a varios procesos previos (filtración, ebullición, solución de químicos, etc.), mientras el resto consume agua embotellada a un costo anual de 4.6 mil millones de pesos,[17] que representa un jugoso negocio del que se benefician las embotelladoras transnacionales (en México, Danone captura el 38% de este mercado, Coca-Cola el 25% y PepsiCo el 18%).[18]
    A modo de cierre
    La insistencia en el camino hidráulico de la política hídrica regional para el mediano plazo no sólo no contribuye a resolver el problema de la sustentabilidad ambiental de la gran urbe (que pasa por el aprovechamiento del agua localmente generada, por el reconocimiento de que 51% del DF es suelo de conservación y por un inteligente manejo de la demanda), sino que la traslada hacia las generaciones futuras. Además, el gobierno del DF no ha asumido el compromiso de elevar la confianza en el suministro potable, lo que beneficia a las embotelladoras y perjudica las finanzas de los capitalinos. Pero éstos, hay que decirlo, parecen mostrar cierta conformidad con esa situación: ni el manejo sustentable ni la calidad del agua potable aparecen en el radar de sus demandas políticas.[19] Se sabe bien en ciencias ambientales que la calidad del agua es un indicador clave de salud ecológica en una cuenca determinada. Parece que tanto la calidad del agua potable en el sistema urbano de suministro cuanto la confianza de sus consumidores pueden ser buenos indicadores sobre la salud de la rendición de cuentas y de la vida democrática, y en eso, como queda claro en otros ámbitos de la vida pública local y nacional, falta mucho camino por recorrer.
    [1] Una evaluación alternativa basada en los límites de los acuíferos que se recargan en el Bosque de Agua, localizado al sur y al poniente de la ZMVM, al norte de Cuernavaca, y al oriente de Toluca, indica que alrededor de 28 millones de personas dependen en mayor o menor medida de un mismo sistema hidrológico superficial-subterráneo (ver aquí).

    [2] Y estas cuentas ya incluyen los flujos trasvasados por el sistema Lerma-Cutzamala (ver aquí). Además, hay que decir que esa disponibilidad per cápita está muy por debajo del umbral de escasez crítica, de 500 m3/hab/año en el índice Falkenmark, bastante socorrido en los análisis a priori de disponibilidad (ver aqui).

    [3] En dicha estimación, el costo unitario del agua bombeada de pozos subterráneos es de $0.21 por m3, mientras que el metro cúbico del Sistema Cutzamala cuesta $0.31 (ver aquí).

    [4] Dando como resultado un índice de escasez de 137%. Para brindar contexto, al Valle de México le sigue en dicho indicador la región Noroeste, con el 75.9%, mientras que el promedio nacional es de 44% (ver aquí). Los umbrales de escasez de dicho indicador son 80% para el nivel extremo, 40% para crítico y 20% para moderado. De acuerdo con la CONAGUA, en la región XIII se concesionan 4.8 km3 al año, 60% correspondiente a la subregión del Valle de México (con uso público-urbano dominante) y el resto en la subregión de Tula (con uso agrícola dominante), mientras que la disponibilidad regional anual es de 2.8 km3, divididos casi en partes iguales entre dichas sub-regiones (ver aquí y aquí).

    [5] Lo que representa una evaluación conservadora (ver aquí). Otra evaluación ubica el volumen de fugas en la región del Valle de México en 25 m3/s (ver aquí).

    [6]  El dato de precipitación es elaboración propia con base en el balance hídrico regional encontrado aquí.

    [7] Hay que decir que dicho programa se encontró en la red aquí, no sin mucho esfuerzo de búsqueda, y no en algún repositorio oficial del GDF.

    [8] Ver, para exposiciones generales de ese enfoque, aquí y aquí.

    [9]  El primer organismo controla el 64% del suministro al DF (Sistemas Lerma y Chiconautla, manantiales locales y extracción de pozos) y el segundo lo que resta (Sistema Cutzamala, La caldera, y Barrientos) (ver aquí).

    [10] Los objetivos en el PGIRH a 2018 sobre captación de agua de lluvia y de recarga natural e inducida se encuentran en la infancia: 3.5 m3/s. Además, por cada peso que se invertirá en 2013-2018 en captación de agua de lluvia se gastarán en promedio 18 pesos en construcción y mantenimiento de infraestructura (ver aquí).

    [11] Ver aquí.

    [12]  Por ejemplo, este caso.
    [13] Aunque ese promedio esconde una amplia desigualdad. Una cuenta desagrega dicho consumo como sigue: el sector popular de la población (77%) consume 128 l/hab/día;, el sector medio (18%) 157, el medio-alto (4%) 399, y el residencial (2%) 567 (ver aquí).
    [14] Ver aquí.
    [15]  Disponibles aquí.
    [16] En promedio, las muestras tomadas en 2014 cumplieron con dichas normas el 95% del tiempo, aunque los porcentajes relativamente bajos para Magdalena Contreras (78%) y Xochimilco (73%) (ver aquí).

    [17] Ver aquí. Como se sabe, México es el principal consumidor per cápita de agua embotellada en el mundo, a razón de 250 litros al año en 2011 (en 2006 eran 191), lo que hace del mercado mexicano el tercero en el mundo en valores absolutos, sólo después de los de Estados Unidos y China (ver aquí).
    [18] Datos disponibles  aquí.
    [19] Lo que también es síntoma del débil y escaso activismo ambiental en México. Un interesante estudio relaciona niveles de ingreso y de estrés hídrico con la percepción pública sobre la administración del agua: las percepciones favorecen al “camino duro” de la hidráulica en los lugares menos desarrollados y con estrés hídrico (ver aquí). Así que tal vez en las preferencias de los capitalinos más hidráulica es deseable, por lo que no demandan un cambio sustancial en la administración del agua. Lo cierto es que, de acuerdo con este otro estudio, los capitalinos parecen estar dispuestos a pagar hasta el doble de lo que pagan actualmente por observar una mejora sustantiva del servicio de agua potable. Parece ser tiempo de aprovechar esa situación y corregir la política tarifaria actual.