Hace un par de meses escribí este textito sobre los días aciagos de la política ambiental mexicana. Aunque le hace falta una edición que lo aclare, lo pongo por aquí para que no se quede archivado sin ver siquiera la luz.
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El abandono gubernamental de los compromisos ecológicos del Estado

Carlos A. López Morales

Mayo 2022

En fecha reciente, titulares del poder ejecutivo federal, particularmente Presidencia y Semarnat, han usado los espacios públicos de difusión para señalar que las críticas al llamado “Tren Maya” carecen de validez porque quienes las elaboran son “pseudoambientalistas”, dando lo mismo si se trata de artistas pop, académiques con probadas carreras de investigación o colectivos de diversa escala y carácter en defensa del medio ambiente y del territorio. Lo que debe quedar claro es que el descrédito al interlocutor es una trampa para no hacerse cargo del contenido de la crítica, cuya validez depende del mérito propio, con independencia de quién la esgrime. Este infortunio solo empeora cuando se acompaña de la gastada frase con la que el oficialismo corriente intenta esquivar responsabilidades: el famoso “¿y dónde estaban cuando…?” A final de cuentas, detener el deterioro ecológico generalizado, incluyendo los impactos negativos en la salud y el bienestar de las familias mexicanas, es responsabilidad del gobierno, no del ambientalismo más consecuente o más oportunista, y es el gobierno, con su política ambiental, el que ha estado en falta.

Este episodio no resulta en sí mismo sorpresivo en tanto que es consistente con la manera en la que Presidencia atiende la urgencia de los asuntos públicos: esquivando, tergiversando, negando. La novedad, acaso, consiste en haber sumado a las instancias federales encargadas de la política ambiental para distraerse de sus responsabilidades sustantivas con ese jueguito de intrigas. Tal vez como premio, una mayoría morenista en el Congreso de la Unión impidió que la titular de medio ambiente compareciera ante esa tribuna a propósito de la destrucción que aquél “proyecto de desarrollo” puede implicar para los ecosistemas y las comunidades de la Península. En suma, este triste espectáculo es uno más con el que la presente administración profundiza en el abandono de los compromisos ecológicos del Estado mexicano. Dicho abandono es visible en la ocurrencia combinada de cuatro procesos: el declive de los presupuestos ambientales, el diseño inconsistente de política ambiental, el aumento del riesgo climático y ambiental y la ausente procuración de justicia ambiental, que debiera incluir no solo el castigo a la destrucción ecológica por parte del capital público o privado, que casi nunca ocurre, sino las diligencias para llevar justicia a activistas ambientales (y a sus familias y comunidades) que han sido asesinades por defender bosques, selvas y ríos, incluyendo los que han ocurrido en este sexenio y que se mantienen también en la impunidad. 

El compromiso ecológico del Estado no es un recurso retórico: está implicado en el Art. 4 de la Constitución, que establece los derechos de toda persona a un medio ambiente sano y al acceso al agua potable y al saneamiento. De ese documento se derivan tres leyes generales de materia ambiental promulgadas en diversos momentos: la del equilibrio ecológico y protección ambiental, promulgada en 1988, que busca la preservación y restauración de los ecosistemas mexicanos al tiempo de definir los principios rectores de la política ambiental, incluyendo la procuración de justicia; la del cambio climático, promulgada en 2012, que articula las acciones de mitigación y adaptación climáticas con dicha política; y la general de aguas nacionales, de 1992, que establece el marco legal e institucional de la administración de los recursos hídricos nacionales. En respuesta a esa legislación, la administración pública federal ha construído durante las últimas cuatro décadas un andamiaje legal e institucional de cierta complejidad y especialización que brinda al Estado herramientas y presupuestos para atender sus compromisos ecológicos establecidos en ella. Y mientras ese proceso ha traído cierto liderazgo internacional en la materia, ha sido claramente insuficiente a la luz del pésimo desempeño ambiental del capitalismo mexicano.

Pero la respuesta del gobierno corriente a dicha insuficiencia no ha sido el fortalecimiento de la política ambiental y de las instituciones que la implementan, sino su tránsito hacia la irrelevancia, cuando no su práctico desmantelamiento, operado tanto a nivel presupuestal como de diseño de política y enmarcado en la tergiversación discursiva característica de las narrativas oficialistas de este sexenio. La vertiente presupuestal de dicho abandono es muy visible en la Figura 1, que muestra el presupuesto ambiental federal durante las cuatro administraciones que son posteriores a las modificaciones de 1999 al Artículo 4 Constitucional. Como se ve, la clara tendencia creciente de los tres primeros lustros se rompe abruptamente en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto que, al finalizar, representó un retroceso presupuestal de una década. El sexenio de López Obrador no solo no ha significado la recuperación de los presupuestos ambientales, sino lo contrario: la pérdida adicional de casi una tercera parte respecto del último presupuesto ambiental peñanietista. Así, el presupuesto ambiental de 2021 (21 mmdp a precios de 2013) es el más bajo en dos décadas, y es apenas la tercera parte del presupuesto más elevado (63 mmdp, en 2014). 

Figura 1. Evolución del presupuesto ambiental federal 2000-2021

Nota: precios constantes de 2013.

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La tergiversación de la política ambiental por diseño se refiere a la pretensión del gobierno actual de que su mayor compromiso ecológico se recoge en el programa Sembrando Vida, “el mayor programa de reforestación en el mundo”, como le gusta presumir. Sus presupuestos son considerables: para 2022 llegan a 30 mil millones de pesos (a precios corrientes), que son equivalentes a dos tercios de los del Ramo 16 (el de medio ambiente y recursos naturales) para ese mismo año. Existen al menos dos problemas centrales para considerar a este programa como parte de la política ambiental. Primero, es un programa de transferencias monetarias a poseedores de tierra con cierta vocación forestal que, sin embargo, no tiene los objetivos de conservación o restauración de vegetación primaria o secundaria, sino el de producción y valorización de sistemas agroforestales. A pesar de la epopéyica narrativa oficial, este no es el primer programa de reforestación masiva impulsado desde el gobierno federal, ahora con el concurso descentralizado de medio millón de beneficiarios en 20 estados de la república (en 2022), y la experiencia indica (pues muchos de los esfuerzos de reforestación en el pasado han fracasado) que existen varios retos de concepto e implementación, incluyendo la elección de árboles frutales y maderables y su sobrevivencia e impacto en socio-ecosistemas diversos, su pertinencia ecológica, la convergencia con la conservación de la biodiversidad, el carácter clientelar y la durabilidad de los apoyos, etc. 

El segundo problema consiste en que el programa Sembrando Vida no está sectorizado en medio ambiente, sino que está a cargo de la Secretaría del Bienestar. Una revisión a las reglas de operación para 2022 muestra que sus considerandos no están sujetos a los objetivos del plan sectorial de medio ambiente, y que apenas ofrecen un vínculo débil con los objetivos de desarrollo sustentable, sobre todo con los objetivos de desarrollo social, pero no con los de conservación o recuperación de ecosistemas. ¿Cómo es que este programa, que no está sujeto a los objetivos ni implementado por las instituciones del sector ambiental, dará los resultados que busca la política ambiental? Todo un misterio. Pero aun con todo ese misterio y opacidad, por lo demás característicos de los programas “bandera” de la administración obradorista, es posible ver que Sembrando Vida ha sido confuso desde el inicio, sobre todo para los potenciales beneficiarios. Aunque las magnitudes precisas están aun por determinarse, esa confusión provocó la destrucción de vegetación primaria o secundaria para poder destinar el suelo ahora descubierto a la producción forestal subsidiada. Es decir, en su premura, el programa ofreció incentivos perversos de inicio, y queda pendiente determinar si las correcciones posteriores, que ahora incluyen el requerimiento explícito de que no se aceptan parcelas con la práctica de quema, han sido capaces de restituir la cobertura forestal perdida, aunque el recambio de especies forestales pueda ser contraproducente para la conservación de la biodiversidad, al tiempo de ofrecer los incentivos adecuados para ya no deforestar coberturas primarias o secundarias.

Figura 2. Cambio de temperatura en México 1901-2021.

Fuente: elaboración propia.

Esta suerte de retirada del Estado respecto de sus responsabilidades ecológicas contrasta con las mayores anomalías de temperatura en México observadas en el último siglo (ver Figura 2). Las manifestaciones presentes del cambio climático en México ya incluyen mayor probabilidad de incendios forestales (como de hecho ha sucedido en los últimos cinco años), de sequías (ya se anuncia en el norte del país las dificultades que 2022 podrá traer en la disponibilidad de los recursos hídricos, y en Monterrey se anunció el “día cero” para Junio), y de otros fenómenos hidrometeorológicos. Tampoco se han revertido las tendencias de degradación de ecosistemas o agotamiento de recursos, cuyo costo económico supera con creces a los beneficios del crecimiento económico, según reporta la contabilidad ambiental mexicana. Ante todo ello, como se ve, la respuesta del gobierno consiste en menores recursos y menos herramientas, cuando no en un aumento directo de las cargas ambientales, como sucede con la deforestación ya comentada, o con los impactos del giro energético obradorista, que incluye mayor contaminación por el uso termoeléctrico del combustóleo o por el mantenimiento de históricos subsidios a las gasolinas. Ante este panorama, la política ambiental federal, lejos de fortalecerse y expandir sus ámbitos de acción, ha transitado en cuatro años prácticamente hacia la irrelevancia, lo que imposibilita no solo la obtención de resultados positivos en la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, sino en el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales de garantizar a toda persona un medio ambiente sano. 

Las demandas ambientales tienen que formar parte de las demandas sociales

(15min)

Aquí una conversación con la Dra. Melanie Kolb, del Instituto de Geografía de la UNAM, a propósito de un diálogo que los amigos en Letras Libres publicaron aquí, recién en enero de este año.

¡Muchas gracias a Sandra Barba, a Eduardo Huchín y al resto del equipo por la invitación, la entrevista, y la edición!

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¿Cómo se relaciona el cambio climático global con los problemas ambientales de cada localidad? ¿Cómo entender las preocupaciones por el medio ambiente en relación con otras urgencias sociales, culturales, económicas? ¿Puede un mismo gobierno impulsar proyectos de desarrollo y ser lo suficientemente autocrítico para dar a conocer las posibles afectaciones? Desde una perspectiva científica, que no pierde en ningún momento su dimensión humana, dos expertos en el tema ambiental abordan en esta conversación los problemas, desafíos y oportunidades de la actual crisis, convencidos de que para afrontarla primero es necesario entenderla.

Melanie Kolb (MK): En septiembre de 2019, mientras nos enterábamos sobre el incendio del Amazonas, era común ver a gente que quería ir a salvar aquella selva, pero unos meses antes nadie sentía esta urgencia ante los incendios alrededor de la Ciudad de México. Eso nos habla de que, para el común de las personas, hay una desconexión entre lo que sucede en su entorno directo y lo que pasa en otros países del mundo. Casos como los del Amazonas pueden resultar atractivos porque, a fin de cuentas, te ofrecen buenas excusas para no entrar en acción. Para hacer algo contra el cambio climático, hace falta entender que la crisis ambiental –el llamado “cambio global” del cual forma parte el cambio climático, entre otros muchos problemas– no es algo abstracto sino que es afectado por y afecta a tu vida diaria.

Carlos A. López Morales (CALM): Me gustaría profundizar sobre la idea de que el cambio climático no es el único problema ambiental que existe, sino que forma parte de un fenómeno más grande que se expresa tanto de manera global como local. Las políticas internacionales y el debate internacional suelen centrarse en cómo mitigar los gases del efecto invernadero y, a la vez, cómo adaptarnos a sus impactos. Sin embargo, la crisis ambiental opera en muchas escalas. La pérdida de especies y de biodiversidad, por ejemplo, no necesariamente está contenida en los fenómenos del cambio climático. La concentración de gases de efecto invernadero está menos “localizada” que otro tipo de problemas ambientales. Da igual si se emite una tonelada de estos gases en México o en China. El gas se distribuye en toda la atmósfera. En contraste, hay otros fenómenos que sí tienen un código postal, por decirlo de alguna manera. La contaminación local, por ejemplo, en el área de la Ciudad de México no está asociada al cambio climático global. Pero es un tipo de problema en el que los habitantes de la zona necesitamos incidir.

MK: Esta desconexión entre la vida diaria y los problemas globales tiene que ver también con la falta de información y de entendimiento. Parece que seguimos en una discusión de alto nivel entre científicos y políticos, que no logra aterrizar en el nivel del público. Hace poco vi una caricatura en la que aparecía un científico con un rotafolio en el que había escrito con letras grandes: “Estamos destruyendo el planeta”. Y a un lado, un político le decía: “Oye, entonces ¿esto me lo puedes decir en palabras llanas?” Y no solo pasa con el público en general. Con los propios estudiantes que cursan carreras relacionadas con el medio ambiente es posible ver una falta de entendimiento de los procesos básicos. Los problemas educativos, sin duda, también influyen.

CALM: A pesar de que la crisis ambiental es ahora mucho más evidente y hay más información de la que había hace veinte años, la desconexión y la falta de interés de los propios estudiantes es muy grande. Se trata de uno de los grandes retos que los científicos tenemos: la comunicación con los políticos, pero también con el resto de la población. Por otra parte, hay que dar a entender que las distintas demandas sociales no son independientes de las preocupaciones ambientales. El origen de todos esos problemas es el mismo, es un modo de funcionar de la sociedad: un modo de producir, un modo de consumir, un modo de mover mercancías, un modo de organizarse. Es cierto que existe cierta noción –muy visible en el gobierno actual– de que las preocupaciones ambientales son un lujo, como si la única urgencia en estos días fuera la de resolver los problemas de desarrollo y sacar a la mayor cantidad de gente de la pobreza y, solo después de llegar a cierto estado de desarrollo, preocuparnos por un medio ambiente sano. Yo creo que esa idea, la que separa la noción tradicional de “desarrollo” de la conservación ecológica, está equivocada: hacer que la gente viva en un medio ambiente contaminado o sin alimentos de buena calidad es otra forma de empobrecerlos. Entonces las demandas ambientales tienen que formar parte de todas las demandas sociales. A mí me gusta pensar en un término que se llama ecología humana, que se relaciona con el lugar donde laboras y sus condiciones, con cómo te mueves de tu lugar de vivienda a tu lugar de trabajo y qué estás comiendo y cuál es la calidad del agua. Se trata de una misma cosa.

MK: En realidad no existen problemas sociales independientes de los problemas ambientales. El mismo interés que lleva a los humanos a explotar un ecosistema los lleva a explotar a otros seres humanos. En México parecemos empeñados en tener discusiones del siglo xx, cuando ya deberíamos pensar en construir un mundo para el siglo xxi. Los megaproyectos del actual gobierno son una buena muestra de ello: el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas están ubicados en zonas que van a sufrir consecuencias por el aumento en el nivel del mar. Y esto es innegable, porque las proyecciones de los científicos respecto al cambio climático se están cumpliendo antes de tiempo. Para decirlo de otro modo: si mañana empezamos a hacer bien todo, al 100%, en el mejor de los casos, en alrededor de ochenta años, el nivel del mar va a subir cincuenta centímetros en la península de Yucatán. Según los pronósticos, lugares como Ciudad del Carmen, en Campeche, van a estar cubiertos en su totalidad por agua. Déjate de la problemática ambiental: habrá que mover ciudades completas de un sitio a otro. En lugar de estar pensando cómo adaptarnos a esos desafíos, lo que estamos haciendo es poner Dos Bocas en una zona inundable, un lugar que –estamos 100% seguros– estará bajo el agua en unos sesenta años. Estamos haciendo una inversión en una tecnología inadecuada en un lugar inadecuado. Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la unam, que ha colaborado en publicaciones sobre Dos Bocas y el Tren Maya, lo ha expresado muy bien: “Vamos a construir un Tren Maya para que vengan turistas a ver sargazo y una zona hotelera inundada.”

CALM: Si bien es verdad que algunos escenarios pesimistas están ocurriendo más pronto de lo esperado, también lo es que ahora mismo hay otros fenómenos igualmente preocupantes: en México, por ejemplo, los patrones de precipitación están cambiando. Este año fue uno de poca lluvia, y hay cierto debate acerca de qué tanto se debió a una variabilidad normal y qué tanto puede atribuirse al cambio climático. A pesar de ser materia de debate, la tendencia es clara. Eso también es importante entenderlo: el cambio climático no es un calentamiento global, en el que la temperatura de todo el planeta se eleve. Sube la temperatura promedio, pero los cambios son diferenciados. Hay zonas del país donde va a llover más en periodos más cortos de tiempo y hay zonas donde va a dejar de llover. Uno esperaría que, con los datos disponibles, se esté creando una política pública ante ese panorama y es muy frustrante ver que, en lugar de tener más presupuesto para entender esos fenómenos y saber qué hacer, el dinero destinado al sector sea cada vez menor.

MK: Creo que hay que dejar en claro que se pide más presupuesto no por el presupuesto en sí mismo, sino en la medida en que sirva para atender los problemas ambientales. Y no hay forma de solucionar un problema sin antes entenderlo. No estoy en contra de la austeridad: podemos ser más eficientes en el uso de los recursos, por supuesto. Hoy día, sin embargo, el recorte presupuestal parece un machetazo cuando lo que necesitamos es una cirugía cerebral. Tiene que haber una mejor planeación: saber en dónde es necesario ampliar el conocimiento, en dónde ampliar las capacidades de las instituciones y en dónde reducir gastos innecesarios o poco eficientes.

CALM: Sin duda, hay que hacer un análisis funcional y ver en dónde se gasta, etcétera, pero cuando los presupuestos desaparecen también es muy problemático. Los presupuestos son la forma en que el Estado atiende sus compromisos. México fue uno de los primeros países que tuvo una ley general de equilibrio ecológico y un país pionero, a nivel internacional, en tener un sistema de cuentas ambientales. Los países de América Latina han venido a México a ver cómo se hacen las cosas. Llevamos un buen trecho recorrido en eso, pero ¿ha sido suficiente? No, porque la crisis ambiental es muy notoria y es ahí donde resulta importante fijarse en los presupuestos y en su evaluación. Para 2020 vamos a gastar casi la mitad del presupuesto que había en 2012 para el sector ambiental. Es muy grave, y la mayor parte de la reducción ha sido en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Ya sabremos si el incremento en el número de incendios en 2019 se debió a la falta de brigadas en Conafor o a que fue un año de sequía, pero lo cierto es que no puedes disminuir brigadas en un año de sequía. Es este mismo aparato institucional el que sirve también para regular los nuevos proyectos de infraestructura. El presupuesto general para la oficina de política ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada de las manifestaciones de impacto, se redujo en 70% de 2018 a 2019. ¡70%!

Hay un problema con que el gobierno sea el principal promotor de los megaproyectos y, al mismo tiempo, el responsable de que se cumpla la legislación ambiental: leí que se quería nombrar a Santa Lucía un proyecto de seguridad nacional para no someterlo a las regulaciones existentes. Con el Tren Maya se quiere hacer algo similar: manifestaciones de impacto ambiental locales para los diferentes tramos, cuando es evidente que necesita una manifestación de impacto ambiental del tipo regional, un requerimiento mucho más exigente. Como se trata de compromisos del presidente, el gobierno va a hacer todo lo posible para llevarlos a cabo a costa de lo que sea. Por lo tanto, hay riesgos de que den información incompleta y de hecho no existen todavía los proyectos ejecutivos. Hay que decir que no es una cosa de este gobierno: el tren a Toluca del gobierno anterior es una locura administrativa, e incluso a nivel internacional se trata de una práctica muy común. Si de verdad estuviéramos en sociedades democráticas, proyectos de esta naturaleza deberían tener procesos abiertos que sometan la información más completa posible al escrutinio y debate ciudadanos.

MK: Habrá que revisar las cifras, pero me parece que un estudio reveló que en México alrededor de un 25% de la población afirma que le preocupa el cambio climático. Para tener una idea, la gente que dice eso en Alemania ronda el 90%. Pero lo interesante es que en el momento en que preguntas “¿Y tú qué estás dispuesto a hacer al respecto?” las cosas cambian. Casi nadie quiere dejar su comodidad, sus compras de alimentos procesados y sus traslados en carro con aire acondicionado por razones ambientales. Por un lado, estamos en un nivel de gravedad tal, con tantos problemas interrelacionados, que es muy difícil saber por dónde empezar, y por el otro, no existe verdadera disponibilidad para cambiar la vida propia. Creo que estamos justamente en un momento en que tanto la sociedad como los gobiernos se resisten a aceptar este hecho: no hay manera de seguir con el estilo de vida que tenemos actualmente. En máximo veinte años, vamos a tener esas carencias, pero a la mala, según un análisis del ejército de Estados Unidos.

CALM: La Conferencia sobre el Clima –la cop25– se celebró a finales de 2019 en Madrid y lo más frustrante es que las discusiones son muy parecidas a las que se tenían hace veinticinco años. ¿Qué significa eso? Que los gobiernos siguen siendo reticentes al compromiso en la medida en que siempre se trata de una negociación política. Por ejemplo, la India no ve con buenos ojos que Europa o Estados Unidos le exijan que no queme carbón, si fue el carbón lo que los desarrolló a ellos. El gobierno indio va a oponer resistencia porque siente que tiene que sacar de la pobreza a millones de personas, del mismo modo en que Europa o Estados Unidos lo hicieron. Estados Unidos, a su vez, decidió en 2017 retirarse del Acuerdo de París, de 2015, con el pretexto de que China y la India no quieren cumplir su parte. De este modo tenemos un círculo vicioso, porque es muy difícil que todos estos intereses se coordinen. Y eso no es todo: en quince o veinte años la India va a sobrepasar a China en población, y si tanto China como la India quieren lograr un estándar de vida de clase media, no hay planeta que pueda proveer recursos en suficiencia y adecuación para sostenerlos. Sin embargo, cualquiera de esos países puede argumentar que Europa y Estados Unidos ocuparon por décadas todo el carbón que quisieron y que, por tanto, son los verdaderos causantes del desastre.

MK: En un principio las Conferencias sobre el Clima parecían una lucha entre países ricos contra países pobres, pero esa discusión ha cambiado de perspectiva: ni China ni la India son ahora comparables al tipo de país que eran hace veinticinco años. Por tanto, sus posiciones de negociación son muy diferentes. Además, en veinte años, la India y China lograron la misma cantidad de emisiones que Estados Unidos y Europa en doscientos años, pero no es la única manera de enfocar el problema. Si bien, en términos absolutos, China es actualmente el mayor emisor del mundo, si ves la emisión per cápita resulta que Estados Unidos es, por mucho, el emisor más grande. También es interesante si uno ve las cifras por compañías: las petroleras –como Exxon o Shell– son las que dominan el panorama, y es en ese rubro donde aparecen países que por lo general no tenías en la mira. Pemex es la novena empresa más contaminante a nivel mundial y México, por su culpa, está entre los quince países que más contaminan. Como se ve: las cosas ya no pueden reducirse a naciones ricas contra naciones pobres.

CALM: Hay otro factor sobre el que deberíamos estar hablando. Hacia 2050 vamos a ser cerca de diez mil millones de personas en el planeta: eso significa que por cada dos personas que veas en la calle, nacería una más. Es una locura. Y la gran parte de ese crecimiento poblacional está en la India, China, y luego África. Si tomamos en cuenta que se trata de países ya en condiciones económicas graves, ¿qué va a pasar con la población que se va a añadir? Si esas naciones van a adquirir un modelo de vida medianamente decente, el impacto de eso va a ser brutal.

MK: De hecho, no solo hay que pensar en que China y la India quieran tener un nivel de clase media; en realidad, el planeta probablemente no nos pueda dar recursos ni siquiera para que todos tengamos, por ejemplo, un refrigerador. Los recursos son cada vez más limitados mientras que la cantidad de personas va al alza. En los próximos años, dos mil millones de personas entrarán a la clase media. El problema es cómo vamos a repartir lo poco que tenemos. Ahora sabemos mucho mejor que en el pasado qué hace falta hacer, pero sigue faltando sobre todo voluntad política. Hay, sin duda, una mayor conciencia ambiental, pero estamos llegando muy tarde por no actuar hace veinticinco o treinta años. Quiero dejar en claro una cosa: aunque vamos tarde, eso para nada quiere decir que da igual dejar las cosas como están. Ahora es mucho más difícil lograr las soluciones que necesitamos, pero todavía tenemos mucho espacio para alcanzar algunas metas.

Voy a poner un ejemplo: he estado trabajando mucho en análisis de escenarios y la productividad primaria, una medida básica de qué tanto puede producir un ecosistema en términos de biomasa: más productividad significa más comida para nosotros, por ejemplo, más peces que pescar. Para la productividad primaria marina, todos los escenarios presentan una tendencia negativa, una pérdida en la productividad primaria. Sin embargo, entre todos esos malos escenarios hay una diferencia gigantesca: en uno perdemos 5% de la productividad primaria y en otro 35%. Ninguna de esas pérdidas es buena, pero no son lo mismo: perder 35% de nuestra productividad primaria significa un colapso de nuestra provisión de comida proveniente del mar. Entonces, si puedes escoger entre perder 5% o 35%, la diferencia es fundamental. Creo que eso hace falta en la comunicación de la crisis ambiental: estar conscientes de qué tanto queremos perder, qué tanto podemos atenuar algunas catástrofes. Si alguien dice que solo vamos a poder reducir el 5% de las emisiones, ese 5% resulta crucial porque cada céntimo de grado cuenta

Un texto de 2015 Sobre la ley de aguas nacionales

Hace dos años los amigos de Paradigmas me invitaron a colaborar con la revista con un texto sobre la Ley de Aguas Nacionales, que en ese entonces se discutía.

Como saben, la Ley, impulsada en parte por Korenfeld, el entonces director de CONAGUA, se frenó, y Korenfeld mismo tuvo que dejar su cargo después del asunto del helicóptero.

Las discusiones sobre la reforma a la Ley vigente, por demás necesaria, se pueden retomar en cualquier instante, y este textito no pierde vigencia...

Aquí la liga al texto original

Ley General de Aguas: poca hidrología, mucha hidráulica

Carlos A. López-Morales (1)

La Gaceta Parlamentaria publica en su edición del 5 de marzo el dictamen para expedir la Ley General de Aguas que abroga a la Ley de Aguas Nacionales vigente. Tanto por el modo en que fue presentada y votada en Comisiones cuanto por algunos aspectos de su contenido, este dictamen generó muy rápido un abanico de críticas y de oposición entre no pocos académicos, miembros de ONGs, y sociedad civil más o menos organizada. Por ejemplo, en sólo 5 días, fin de semana entremedio, se juntaron varios miles de firmas en clara oposición, y diversos medios electrónicos han divulgado un conjunto numeroso de opiniones dominado por las que se ubican en oposición: las voces a favor apenas se logran escuchar entre la ruidosa rebambaramba, ya por tímidas, ya por escasas.

El 9 de marzo se anunció que la discusión y votación en el pleno de los Diputados (programadas para el día siguiente) se suspendía “el tiempo que fuera necesario” para evitar malos entendidos. Y mientras aquellas cartas de protesta han sido citadas por algunos medios para explicar, al menos en parte, dicha suspensión, lo cierto es que el Senador Beltrones hizo referencia explícita, más no nominal,  a “políticos demagogos” que querían aprovechar para impulsar protestas. En efecto, estaba convocada para ese día una de ellas en San Lázaro contra la “privatización del agua”, aunque llamaba a ella un conjunto más bien diverso de organizaciones.

¿En qué consiste, pues, la nueva Ley que ha motivado tanta oposición? Aunque un examen a detalle escapa a los propósitos de esta breve nota por la complejidad del asunto, se presenta aquí un resumen breve de la situación hídrica nacional a modo de resaltar algunas cuestiones que deberían ser abordadas por una Ley medianamente adecuada, para luego discutir el modo en el que están contempladas en el Proyecto de Ley. Finalmente se discuten otras características generales de dicho Proyecto, así como algunas de sus posibles consecuencias.

Breves del desastre hídrico nacional

En México, como en muchos países del mundo, hablar de agua es hablar de alimentos. La irrigación agrícola reclama el 77% de las concesiones nacionales, y dicho uso domina en casi todas las 13 regiones hidrológico-administrativas del país. Además, predominan las técnicas de riego menos eficientes: en una cuenta, las de inundación por gravedad están en el 95% de la superficie irrigada, mientras que el restante se divide entre métodos de aspersión y por goteo. Este portafolio tecnológico se podría explicar por el esquema que, por un lado, monitorea mal los volúmenes concesionados y, por otro, establece una tarifa cero al agua de irrigación. Como resultado, mientras las concesiones agrícolas han crecido 20% y la disponibilidad per cápita ha caído 13% en el periodo 2001-2012, el ingreso por agua de riego, lejos de incrementarse, ha representado una fracción prácticamente despreciable y tendencialmente decreciente de la recaudación total de la CONAGUA (ver Figura 1).

Figura 1. Mala economía: concesiones agrícolas, recaudación por tarifas de riego, y disponibilidad per cápita (México, 2001-2012)

Nota: “Recaudación por riego” se refiere al ingreso por multas cuando se excede el volumen concesionado, e inicia en 2001 en 216 mdp, equivalentes al 2.1% de la recaudación total de la CONAGUA (eje derecho). Por su parte, en 2001 la disponibilidad per cápita fue de 4,238 m3/hab/año y las concesiones agrícolas fueron 52.6 km3. Ambas variables se muestran en índices (2001=100) y todas las unidades monetarias utilizadas son a precios constantes de 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA (2013).

Este esquema implica una monumental transferencia de recursos públicos hacia la agricultura de riego que, además, se distribuye casi en su totalidad entre las unidades económicas rurales (UERs) mejor posicionadas en el mercado (con extensiones promedio superiores a las 140 hectáreas), y no entre las unidades campesinas o ejidales de autosuficiencia o con frágil acceso al mercado (con extensiones menores a las 10 hectáreas). Utilizando la fórmula de T. Schelling, aunque en contexto distinto: “como Robin Hood, pero al revés”. Este esquema desigual, además, resulta ambientalmente devastador. Mientras que prácticamente 1 de cada 4 acuíferos del país ya está comprometido bajo intrusión salina, sobreexplotación, o salinización de suelos, señaladamente en las cuencas centrales del norte y en las del centro del país, alrededor del 50% del territorio nacional exhibe “alta” o “muy alta” alteración ecohidrológica de ríos, y sólo en 14% es dicha alteración “muy baja”. En suma: la explotación de los recursos hídricos bajo la Ley vigente es técnicamente ineficiente, socialmente desigual, y ambientalmente no sustentable.

Algunos principios rectores de una Ley adecuada

Los cambios deseables se pueden agrupar en dos fundamentos no desconocidos en la literatura de agua. El primero se basa en el reconocimiento de la dimensión económica del recurso. Este reconocimiento ha sido malinterpretado recientemente como si implicara ineludiblemente su conversión en un bien privado administrado por mercados no regulados y, por tanto, la negación del derecho humano a su acceso. Pero lo cierto es que el agua es más frecuentemente un factor de la producción que un bien de consumo final, como indican los datos para México, y mientras el manejo actual favorece su dispendio en fórmulas socialmente desiguales y técnicamente ineficientes, las condiciones presentes y futuras indican escasez creciente. El segundo fundamento tiene que ver con la transición de lo que los especialistas en agua llaman el camino “duro” hacía el  “suave”, que no es sino juego literario para lo que los economistas llaman políticas de oferta y de demanda, respectivamente. Los siguientes puntos se inspiran en ambos principios.

• Actualización de las tarifas de agua, pero señaladamente las del agua de irrigación. Las tarifas de irrigación deben formar parte de una estrategia orientada a cambiar el portafolio de tecnologías de irrigación y a motivar decisiones de uso acordes con la situaciones de escasez absoluta o relativa dominantes en el país, al tiempo de revertir la regresiva transferencia de recursos asociada al subsidio completo vigente. Pequeñas ganancias de eficiencia en éste ámbito se pueden traducir en volúmenes ahorrados difícilmente alcanzables por mejoras en ámbitos industriales o domésticos.
  
• Monitoreo y flexibilización del régimen de concesiones. Se debe promover la participación y gobernanza locales en fórmulas varias para descentralizar las tareas de medición de volúmenes y monitoreo de concesiones. Los volúmenes concesionables, además, deben fluctuar a la par de declaratorias de disponibilidad contingentes a la variabilidad climática, y el régimen debe descontar los volúmenes de demanda ambiental, o caudal ecológico, que ya está normado en la legislación vigente. La flexibilización debe eliminar instrumentos como la cuota de garantía y promover la transmisión de derechos de agua por medio del fortalecimiento de los llamados “bancos de agua”, ya contemplados en la Ley vigente, y de las organizaciones a diversos niveles de cuenca (Comités, Consejos, etc.).
  
• La administración de los organismos operadores de agua debe promover la inventiva local y permitir diversos arreglos institucionales para fomentar la participación de las comunidades involucradas y promover la vinculación financiera entre proveedores y consumidores de servicios ambientales. En este contexto, la iniciativa privada puede incluirse por plausibilidad pero no por principio, y siempre bajo esquemas de regulación muy claros. En todo caso, el mandato fundamental de dichos organismos debe ser muy claro: el suministro de agua potable en cantidad y calidad suficientes a la población. Se debe eliminar de raíz el problema de confianza (a veces muy fundado) sobre la calidad del suministro potable en zonas urbanas que, dicho sea de paso, hace que el consumo per cápita de agua embotellada en México sea el mayor en el mundo.

La Ley proyectada

¿Qué es lo que se promueve en la Ley proyectada respecto los tres ámbitos de acción descritos arriba?

• Política tarifaria etérea. Mientras la Ley actual vincula explícitamente a la Ley Federal de Derechos para el establecimiento de las tarifas relativas a los usos contemplados, el Proyecto de Ley no contiene dicha vinculación. En cambio, navega en la ambigüedad: descentraliza la fijación y recolección de tarifas a los ámbitos estatal y local, aunque sin detallar lo relativo al pago de derechos de las concesiones para los usos económicos contemplados. Su Título Décimo habla de una política tarifaria “óptima” (¿respecto a qué? ¿para quién?) y enuncia una serie de tópicos que dicha política “podrá” (i.e., no “deberá) incluir (desde la sustentabilidad ambiental hasta la capacidad de pago del usuario). Todo ello con objeto de lograr la “sustentabilidad financiera” del “sector de los recursos hídricos”, sector que nunca aparece definido en el glosario de la Ley. Con todo, pareciera que la CONAGUA renuncia a la recolección central de tarifas por uso económico y, más bien, lo descentraliza en un nubarrón sin reglas claras.
  
  En dado caso, sería deseable que la CONAGUA establezca los mínimos tarifarios para todo el país (actualizando las 9 zonas de disponibilidad a nivel municipal, que brindan un detalle local estupendo, y actualizando las tarifas para todos los usos, primordialmente eliminando el subsidio al agua de irrigación) y luego deje que estados y municipios establezcan esquemas tarifarios adicionales si así lo consideran pertinente. Los recursos federales generados pueden ayudar a financiar, por ejemplo, programas nacionales de reconversión tecnológica en irrigación, mientras que los recursos estatales o municipales pueden utilizarse en diversos programas de conservación de acervos forestales o de expansión de la infraestructura de tratamiento de flujos residuales.
  
• Política de concesiones de tubos y cemento. El proyecto es muy claro: importa de la Ley vigente casi todo lo relativo a las concesiones con un par de adiciones menores y una colosal. Las dos menores podrían ser positivas: una establece el caudal ecológico y el desequilibrio ambiental como causales de restricción de concesión, al tiempo de incluir al primero en el plano de la “Planeación Hídrica Nacional”; otra detalla los mecanismos para la transmisión de derechos de concesión, que apenas están mencionados en la Ley previa. Pero mientras la transmisión de derechos debiera ser “intra-uso”, por así decir, la Ley contempla mecanismos para transmisiones “inter-uso”, por ejemplo de uso agrícola a urbano, lo que brinda un respaldo a la desastrosa urbanización errática dominante en el país. Estas adiciones pueden ser contraproducentes si no eliminan la cuota de garantía y no fortalecen a los bancos de agua, que representan el instrumento natural para implementar adecuadamente la política de concesiones con criterios locales y con visión de cuenca.
  
  La adición colosal tiene que ver con el trasvase intercuenca, que ademas se incluye absurdamente como causa de utilidad pública, como si fuera un fin en sí mismo, allí junto al equilibrio ecológico y el derecho humano al agua. Los trasvases permitirán que se otorguen concesiones en una cuenca sobre el agua generada en otra, y podrán ser construidos por la Federación “en beneficio de los concesionarios”, por los concesionarios mismos, o por alguna combinación público-privada. Así, por ejemplo, para citar el ejemplo de moda, si una gasera pretende extraer de un acervo de lutitas en zona sin disponibilidad, la CONAGUA puede emitirle una concesión sobre el agua de la cuenca vecina e incluso cooperar para construir el trasvase requerido. Además, al considerar el trasvase de “utilidad pública”, la Comisión podrá poner vedas en la cuenca de origen para restringir otros usos y darle prioridad.
  
  Trasvases existen ya en México (señaladamente el Cutzamala y los polémicos en los ríos Yaqui y Pánuco), y no sólo no resuelven los problemas de suministro de un modo sustentable, sino que los trasladan hacia el futuro generando costos nunca despreciables en las cuencas-origen. Sin duda, es de llamar la atención que el trasvase se incluya en la Ley de este modo, como si se buscara su generalización enmarcada en una supuesta administración sustentable del agua. A final de cuentas, esta inclusión demuestra que todavía dominan los “ofertistas” en el diseño de la política hídrica nacional: los trasvases intercuenca, junto con la grandes obras hidráulicas, son botón de muestra del llamado “camino duro”, ese que habría que abandonar decididamente en pos de un verdadero manejo sustentable del agua.
  
• Derecho humano al agua: apenas. La Ley proyectada incluye un título relativo a este derecho, que se incluyó en 2012 en el Art. 4 de la Constitución. Mantiene el carácter municipal de la prestación de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y hereda de la Ley vigente la posibilidad de concesionar dicha prestación a la iniciativa privada, lo que de suyo no es novedad, aunque no quedan claros los mecanismos que promueven la participación comunitaria. Se establece la obligación de asegurar el acceso y de suministrar el mínimo vital, fijado en 50 lts. por persona, el cual corresponde, a su vez, al piso de lo determinado por la Suprema Corte, cuyo techo es de 100 lts. por persona.
  
  Mientras que el Proyecto de Ley contempla la fijación local de tarifas para el uso público con miras a la autosuficiencia financiera de dicha provisión, lo que es en principio positivo, hubiera sido deseable que se explicitara la vinculación para ello entre los organismos operadores (en calidad de consumidores) y los propietarios de acervos naturales provisores de servicios ambientales-hidrológicos (en calidad de oferentes), con el fin de promover la conservación de éstos últimos. Queda por ver si la reglamentación de la Ley establece mecanismos claros de monitoreo y sanción para asegurar que el suministro de agua potable mejore sustancialmente en términos de eficiencia de uso y de confianza de los usuarios finales.

En suma, el Proyecto de Ley intenta resolver por lo mínimo la dilación legislativa de más de un año después de la reforma constitucional asociada al derecho humano al agua, y en lugar de aprovechar para reformar por fin los esquemas tarifario y de concesiones, apenas los toca para incluir la declaración del trasvase como de utilidad pública. Esto representa una verdadera desviación respecto del manejo sustentable del agua, que reclama urgentemente andar por el “camino suave” (tarifas, eficiencia de uso, gobernanza, manejo integral de cuenca, etc.) en lugar de insistir en el agotado “camino duro” (tubos, acueductos, presas, etc.). Sería de mucha utilidad que la legislación prestara atención a la iniciativa ciudadana, pues contiene una propuesta informada y detallada a este respecto. Con todo, la oposición al proyecto de Ley General de Aguas no debe basarse en criterios ideológicos ni en una defensa de la Ley de Aguas Nacionales vigente: el esquema institucional actual ha provocado un desastre administrativo y ambiental que tiene que modificarse sustancialmente, incluyendo modificaciones en el comportamiento cotidiano de los usuarios, algunas de las cuales podrán resultar dolorosas.

Notas:

1.   Facultad de Economía, UNAM. Correspondencia: carlos.a.lopez@comunidad.unam.mx Twitter: @calm77 Web: econecol.googlepages.com 
2. Anexo II de la Gaceta Parlamentaria núm 4228-II. Disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/mar/20150305-II.pdf 
3. Para el día previo a la votación programada, la carta promovida por la llamada Unión de Cientìficos Comprometidos con la Sociedad ya había recolectado 1,000 firmas de académicos, investigadores, consultores, estudiantes etc., mientras que la carta promovida en Avaaz por Agua Para Todos tenía alrededor de 4,000 firmas de la sociedad civil, aunque en ambos casos es difícil validar su unicidad. A la primera se puede acceder en http://goo.gl/xcB9kR, y a la segunda en http://goo.gl/tqaW3D. 
4. Una breve definición de estas regiones se puede ver en http://www.conagua.gob.mx/atlas/contexto07.html. El abastecimiento público (para diversos usos, incluido el doméstico, a través del suministro en redes municipales) reclama el 15%, la industria autoabastecida (es decir, no conectada a redes municipales pero sí directamente a fuentes de agua) el 4%, y la producción consuntiva de electricidad (es decir, excluyendo hidroenergía) un 5% adicional. La desagregación regional de estos datos se puede ver en las publicaciones anuales de CONAGUA, que por lo general tienen un detalle muy aceptable. El reporte de 2013 se puede obtener en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf 
5. Datos de la FAO para años diversos entre 1997 y 2009 (ver http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/cf/readPdf.html?f=MEX-CF_eng.pdf). Esta distribución de tecnologías es relevante pues la primera tiene eficiencia promedio de aplicación en parcela de 60%, la segunda de 75% y la tercera de 90% (ver http://www.fao.org/docrep/t7202e/t7202e08.htm). Ver Ley Federal de Derechos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107_301214.pdf. Dicha Ley contempla tarifas positivas para irrigación sólo si el uso ha excedido el volumen concesionado (ver Figura 1).
6. CONAGUA (2013), Estadísticas del Agua en México, Edición 2013, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, DF. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf.
7. Por ejemplo, si se cobrara un valor equivalente a la multa a la irrigación en exceso contemplada en la Ley Federal de Derechos (muy menor, por lo demás: $0.16/m3) sobre los 63.4 km3 de concesión agrícola total de 2012, se recaudarían más de 10 mmdp, casi duplicando la recaudación total anual de la CONAGUA. 
8. Ver el diagnóstico sectorial, en particular el capítulo 3, preparado por la FAO y SAGARPA en 2012 y disponible en http://smye.info/cuestionario_final/diagnostico/. 
9. Ver CONAGUA (2013).
10. Ver Garrido, A. et al (2010), “El estado de alteración ecohidrológica de los ríos en México”, en Cotler, H, coord., Diagnóstico y priorización de las cuencas hidrográficas en México, Instituto Nacional de Ecología. Disponible en http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/639/alteracion.pdf. 
11. Imposible no notar que la provisión de alimentos, no menos indispensable para la vida, escapa del radar anti-privatización, y eso que ocurre a través de la producción por privados en mercados no regulados o intervenidos con esquemas productivistas que no atienden ninguna agenda de derechos humanos. 
12. Ver, por ejemplo, http://pacinst.org/issues/sustainable-water-management-local-to-global/soft-path-for-water/ 
13. Ver http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/NMX-AA-159-SCFI-2012.pdf.
14. En México se consumen alrededor de 250 litros embotellados por persona al año (casi 5 a la semana), muy por encima del segundo lugar, Italia (190 litros anuales por habitante), para regocijo de las embotelladoras. Esto implica que el mercado mexicano de dicho producto está en términos absolutos sólo por debajo del de Estados Unidos y el de China, sin descontar la población o la diferencia de ingreso. (ver http://www.bottledwater.org/files/2011BWstats.pdf). Diversas estimaciones sugieren que el precio del litro embotellado puede ser hasta 1,000 veces superior al equivalente suministrado en la red municipal.
15. Dicha iniciativa se ha elaborado durante algunos años por un conjunto amplio de organizaciones no gubernamentales, académicos, y miembros de la sociedad civil. La propuesta de Ley se puede acceder aqui http://aguaparatodos.org.mx/la-iniciativa-ciudadana-de-ley-general-de-aguas/, y un cuadro comparativo entre dicha iniciativa y la Ley General de Aguas se encuentra aquí http://aguaparatodos.org.mx/iniciativa-conagua-vs-iniciativa-ciudadana-ley-general-de-aguas/ 

Sobre microfundamentos en la economía del cambio climático

Aquí una pieza recién publicada en Economía Informa, la revista de divulgación de la Facultad de Economía de la UNAM, sobre la utilización de microfundamentos en la economía del cambio climático.

http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econinfo/399/04LopezMorales.pdf

Huella hídrica de cadenas de suministro y patrones de consumo en México

Va un borrador sobre huella hídrica en cadenas de suministro en México preparado para el blog de materiales de difusión del IGS.

Sobre huella hídrica en cadenas de suministro  y patrones de consumo en México

Carlos A. López-Morales

Investigador postdoctoral

Instituto Global para la Sostenibilidad

EGADE Business School

Tecnológico de Monterrey

carlos.a.lopez@itesm.mx

El concepto de huella hídrica mide el volumen de agua utilizado directa o indirectamente en el ciclo de vida de un bien de consumo particular. El ciclo de vida se refiere, en términos generales, a las etapas de producción, consumo y disposición final no sólo del bien de consumo en cuestión, sino también las correspondientes a los insumos necesarios para su producción. Debido a su complejidad técnica, es común la elaboración de estudios de huella hídrica de diferente alcance, por ejemplo enfocándose únicamente en las fases de producción. Esta tarea puede llevarse a cabo, además, con herramientas económicas relativamente sencillas y de bajo costo de aplicación, como de hecho sucede con las de la economía insumo-producto.  Estas herramientas dependen de una base de datos, llamada matriz insumo-producto, que suelen ser publicadas por las dependencias estadísticas oficiales.

En el caso de México, el INEGI ha publicado periódicamente dichas matrices desde los años setenta, aunque con una larga interrupción de veinte años. Las últimas dos matrices oficiales corresponden a los años 2003 y 2008.  Las herramientas insumo-producto permiten el cálculo de los requerimientos directos e indirectos de insumos producidos o no-producidos para la satisfacción de un patrón determinado de consumo. Por esta razón, es posible probar en principio que las técnicas basadas en la economía insumo-producto arrojan resultados idénticos a las metodologías tradicionales del análisis de ciclo de vida, por lo general basadas en la elaboración de surveys exhaustivos y que tienen costos de implementación mucho mayores.  Así pues, este documento exhibe cómo mediante algunos cálculos es posible aproximar la huella hídrica asociada a los patrones de consumo observados en la economía mexicana.

Patrón de consumo en México

¿Cómo se distribuye el gasto de la economía entre los diferentes bienes de consumo en México?[1] Para responder esta pregunta de forma sencilla podemos agregar los bienes y servicios de consumo final en 15 categorías generales, y luego medir su participación porcentual en el total de demanda final. La Tabla 1 muestra el resultado a partir de la información económica disponible. Como se ve, la mayor participación de demanda final se agrupa en los servicios (sectores 11-15), con un 56% dominado, a su vez, por los sectores de Comercio y Servicios Sociales. La industria manufacturera (sectores 7-10) es responsable por un 24% de los bienes de consumo final, dominada por los Alimentos Procesados y la Manufactura Pesada. La industria de la construcción representa el 13% de la demanda final y agrupa buena parte del gasto en inversión física de la economía. Por último, como se ve, el sector agropecuario, a la sazón el mayor demandante de recursos hídricos, apenas satisface el 2.5% de la demanda final mexicana.

Tabla 1. Participación de los sectores económicos en el patrón de consumo mexicano

	Sector	% en la demanda final
1	Agricultura	1.1
2	Pecuario	1.3
3	Petróleo y gas	2.6
4	Mineria no petrolera	0.8
5	Generación eléctrica	1.4
6	Construcción	13.0
7	Alimentos procesados	11.4
8	Manufactura ligera	2.9
9	Química y plásticos	0.0
10	Manufactura pesada	9.6
11	Comercio	13.6
12	Transporte	8.8
13	Servicios no-financieros	2.8
14	Servicios financieros	11.7
15	Servicios sociales	19.4

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014).

¿Cuál sector económico tiene la mayor huella hídrica en México?

Haciendo uso de las técnicas insumo-producto es posible realizar dos cálculos de interés. Primero, se puede estimar la huella hídrica en la que incurren los 15 sectores económicos para satisfacer el patrón de consumo mexicano. Esta huella hídrica se mide en volumen de agua (hectómetros cúbicos, por ejemplo, Hm³)  utilizado por la economía para satisfacer un millón de pesos de demanda final ponderado por las participaciones sectoriales mostradas en la Tabla 1. Segundo, se puede medir la distribución de la huella hídrica de algún sector particular en su cadena de suministro, aquí representada por los 15 sectores en los que se ha agregado a la economía mexicana. Esta distribución mide el volumen de agua utilizado por cada sector para satisfacer un millón de pesos de demanda final del sector de interés. La Tabla 2 muestra precisamente estos dos cálculos.

Tabla 2. Huella hídrica de los sectores económicos y distribución sectorial de la huella hídrica del sector Alimentos Procesados

		Huella hídrica	Distribución sectorial de la huella hídrica de Alimentos Procesados
	Sector	Hm3/millón pesos 1	Hm3/millón de pesos 2
1	Agricultura	4.8	44.6
2	Pecuario	1.8	0.7
3	Petróleo y gas	0.1	0.0
4	Mineria no petrolera	0.1	0.0
5	Generación eléctrica	0.7	0.5
6	Construcción	1.3	0.0
7	Alimentos procesados	11.8	1.4
8	Manufactura ligera	0.5	0.1
9	Química y plásticos	0.0	0.1
10	Manufactura pesada	1.4	0.1
11	Comercio	1.4	0.8
12	Transporte	1.1	0.3
13	Servicios no-financieros	0.4	0.1
14	Servicios financieros	1.0	0.2
15	Servicios sociales	2.0	0.4

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014).

Notas: 1) Mide hectómetros cúbicos utilizados por la economía para satisfacer las participaciones de cada sector en la demanda final, mostradas en la Tabla 1. 2) Mide hectómetros cúbicos utilizados por los sectores económicos para satisfacer un millón de pesos de demanda final del sector de Alimentos Procesados.

La primer columna muestra el volumen de agua utilizado por la economía para satisfacer un millón de pesos de demanda final ponderado por las participaciones de cada sector en el patrón de consumo mexicano. Como se ve, el sector económico que tiene la mayor huella hídrica es el de Alimentos Procesados, seguido lejanamente por los sectores agrícola y de servicios. Hubiera sido esperable que el sector agropecuario mostrara la mayor huella hídrica, dado que reclama el 77% de las concesiones de agua en el país. La razón de su poca participación en la huella hídrica radica en el hecho de que dicho sector apenas representa el 2.4% de la demanda final, como se puede ver en la Tabla 1. Esto sugiere que los hogares mexicanos satisfacen las necesidades de alimentación adquiriendo productos procesados más frecuentemente que adquiriendo directamente productos agropecuarios, lo que a su vez explica el dominio del sector de alimentos procesados en la huella hídrica nacional.

La segunda columna desagrega la huella hídrica del sector de alimentos procesados en su cadena de suministro, y mide el volumen de agua utilizado por cada sector de la economía por cada millón de pesos de demanda final sectorial. Resaltan dos hechos relacionados: la industria de alimentos procesados es responsable directamente de sólo el 3% de la huella hídrica propia, mientras que el 97% restante se distribuye en su cadena de suministro; además, el 90% de la huella hídrica de este sector radica en los proveedores pertenecientes al sector agrícola. Estos cálculos permiten concluir, primero, que el sector económico con la mayor huella hídrica nacional asociada al patrón de consumo observado es el de alimentos procesados y, segundo, que dicha huella hídrica se distribuye en su mayor parte en sus proveedores agrícolas.

Administración de cadenas de suministro y eficiencia en el uso del agua

El cálculo recién mostrado ilustra cómo la huella hídrica asociada al patrón de consumo ayuda a identificar las actividades económicas que resultan clave para promover el manejo sustentable del agua en el país. Además, dicho cálculo permite ubicar las etapas en las cadenas de suministro que ofrecen las mayores oportunidades para mejorar la eficiencia en el uso del agua. En este caso, la producción necesaria para satisfacer la demanda por alimentos procesados exhibe la mayor huella hídrica en México, y dicha huella hídrica reside en su mayor parte en la cadena de suministro respectiva, en particular en los proveedores agrícolas. Esta conclusión permite sugerir que la aplicación de medidas de eficiencia en el uso del agua en los establecimientos de la industria de alimentos procesados sería, si bien deseable, claramente insuficiente: dichos establecimientos son responsables por sólo el 3% de la huella hídrica del sector. En cambio, serían muy útiles las medidas que dichos establecimientos implementen para elevar la eficiencia en el uso del agua de sus proveedores agrícolas principales, que son responsables por el 90% de la huella hídrica asociada al patrón de consumo mexicano.  

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[1] Recordemos que el gasto lo realizan tres agentes, tanto domésticos como foráneos: hogares, empresas y gobierno.