Hace un par de meses escribí este textito sobre los días aciagos de la política ambiental mexicana. Aunque le hace falta una edición que lo aclare, lo pongo por aquí para que no se quede archivado sin ver siquiera la luz.
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El abandono gubernamental de los compromisos ecológicos del Estado

Carlos A. López Morales

Mayo 2022

En fecha reciente, titulares del poder ejecutivo federal, particularmente Presidencia y Semarnat, han usado los espacios públicos de difusión para señalar que las críticas al llamado “Tren Maya” carecen de validez porque quienes las elaboran son “pseudoambientalistas”, dando lo mismo si se trata de artistas pop, académiques con probadas carreras de investigación o colectivos de diversa escala y carácter en defensa del medio ambiente y del territorio. Lo que debe quedar claro es que el descrédito al interlocutor es una trampa para no hacerse cargo del contenido de la crítica, cuya validez depende del mérito propio, con independencia de quién la esgrime. Este infortunio solo empeora cuando se acompaña de la gastada frase con la que el oficialismo corriente intenta esquivar responsabilidades: el famoso “¿y dónde estaban cuando…?” A final de cuentas, detener el deterioro ecológico generalizado, incluyendo los impactos negativos en la salud y el bienestar de las familias mexicanas, es responsabilidad del gobierno, no del ambientalismo más consecuente o más oportunista, y es el gobierno, con su política ambiental, el que ha estado en falta.

Este episodio no resulta en sí mismo sorpresivo en tanto que es consistente con la manera en la que Presidencia atiende la urgencia de los asuntos públicos: esquivando, tergiversando, negando. La novedad, acaso, consiste en haber sumado a las instancias federales encargadas de la política ambiental para distraerse de sus responsabilidades sustantivas con ese jueguito de intrigas. Tal vez como premio, una mayoría morenista en el Congreso de la Unión impidió que la titular de medio ambiente compareciera ante esa tribuna a propósito de la destrucción que aquél “proyecto de desarrollo” puede implicar para los ecosistemas y las comunidades de la Península. En suma, este triste espectáculo es uno más con el que la presente administración profundiza en el abandono de los compromisos ecológicos del Estado mexicano. Dicho abandono es visible en la ocurrencia combinada de cuatro procesos: el declive de los presupuestos ambientales, el diseño inconsistente de política ambiental, el aumento del riesgo climático y ambiental y la ausente procuración de justicia ambiental, que debiera incluir no solo el castigo a la destrucción ecológica por parte del capital público o privado, que casi nunca ocurre, sino las diligencias para llevar justicia a activistas ambientales (y a sus familias y comunidades) que han sido asesinades por defender bosques, selvas y ríos, incluyendo los que han ocurrido en este sexenio y que se mantienen también en la impunidad. 

El compromiso ecológico del Estado no es un recurso retórico: está implicado en el Art. 4 de la Constitución, que establece los derechos de toda persona a un medio ambiente sano y al acceso al agua potable y al saneamiento. De ese documento se derivan tres leyes generales de materia ambiental promulgadas en diversos momentos: la del equilibrio ecológico y protección ambiental, promulgada en 1988, que busca la preservación y restauración de los ecosistemas mexicanos al tiempo de definir los principios rectores de la política ambiental, incluyendo la procuración de justicia; la del cambio climático, promulgada en 2012, que articula las acciones de mitigación y adaptación climáticas con dicha política; y la general de aguas nacionales, de 1992, que establece el marco legal e institucional de la administración de los recursos hídricos nacionales. En respuesta a esa legislación, la administración pública federal ha construído durante las últimas cuatro décadas un andamiaje legal e institucional de cierta complejidad y especialización que brinda al Estado herramientas y presupuestos para atender sus compromisos ecológicos establecidos en ella. Y mientras ese proceso ha traído cierto liderazgo internacional en la materia, ha sido claramente insuficiente a la luz del pésimo desempeño ambiental del capitalismo mexicano.

Pero la respuesta del gobierno corriente a dicha insuficiencia no ha sido el fortalecimiento de la política ambiental y de las instituciones que la implementan, sino su tránsito hacia la irrelevancia, cuando no su práctico desmantelamiento, operado tanto a nivel presupuestal como de diseño de política y enmarcado en la tergiversación discursiva característica de las narrativas oficialistas de este sexenio. La vertiente presupuestal de dicho abandono es muy visible en la Figura 1, que muestra el presupuesto ambiental federal durante las cuatro administraciones que son posteriores a las modificaciones de 1999 al Artículo 4 Constitucional. Como se ve, la clara tendencia creciente de los tres primeros lustros se rompe abruptamente en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto que, al finalizar, representó un retroceso presupuestal de una década. El sexenio de López Obrador no solo no ha significado la recuperación de los presupuestos ambientales, sino lo contrario: la pérdida adicional de casi una tercera parte respecto del último presupuesto ambiental peñanietista. Así, el presupuesto ambiental de 2021 (21 mmdp a precios de 2013) es el más bajo en dos décadas, y es apenas la tercera parte del presupuesto más elevado (63 mmdp, en 2014). 

Figura 1. Evolución del presupuesto ambiental federal 2000-2021

Nota: precios constantes de 2013.

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La tergiversación de la política ambiental por diseño se refiere a la pretensión del gobierno actual de que su mayor compromiso ecológico se recoge en el programa Sembrando Vida, “el mayor programa de reforestación en el mundo”, como le gusta presumir. Sus presupuestos son considerables: para 2022 llegan a 30 mil millones de pesos (a precios corrientes), que son equivalentes a dos tercios de los del Ramo 16 (el de medio ambiente y recursos naturales) para ese mismo año. Existen al menos dos problemas centrales para considerar a este programa como parte de la política ambiental. Primero, es un programa de transferencias monetarias a poseedores de tierra con cierta vocación forestal que, sin embargo, no tiene los objetivos de conservación o restauración de vegetación primaria o secundaria, sino el de producción y valorización de sistemas agroforestales. A pesar de la epopéyica narrativa oficial, este no es el primer programa de reforestación masiva impulsado desde el gobierno federal, ahora con el concurso descentralizado de medio millón de beneficiarios en 20 estados de la república (en 2022), y la experiencia indica (pues muchos de los esfuerzos de reforestación en el pasado han fracasado) que existen varios retos de concepto e implementación, incluyendo la elección de árboles frutales y maderables y su sobrevivencia e impacto en socio-ecosistemas diversos, su pertinencia ecológica, la convergencia con la conservación de la biodiversidad, el carácter clientelar y la durabilidad de los apoyos, etc. 

El segundo problema consiste en que el programa Sembrando Vida no está sectorizado en medio ambiente, sino que está a cargo de la Secretaría del Bienestar. Una revisión a las reglas de operación para 2022 muestra que sus considerandos no están sujetos a los objetivos del plan sectorial de medio ambiente, y que apenas ofrecen un vínculo débil con los objetivos de desarrollo sustentable, sobre todo con los objetivos de desarrollo social, pero no con los de conservación o recuperación de ecosistemas. ¿Cómo es que este programa, que no está sujeto a los objetivos ni implementado por las instituciones del sector ambiental, dará los resultados que busca la política ambiental? Todo un misterio. Pero aun con todo ese misterio y opacidad, por lo demás característicos de los programas “bandera” de la administración obradorista, es posible ver que Sembrando Vida ha sido confuso desde el inicio, sobre todo para los potenciales beneficiarios. Aunque las magnitudes precisas están aun por determinarse, esa confusión provocó la destrucción de vegetación primaria o secundaria para poder destinar el suelo ahora descubierto a la producción forestal subsidiada. Es decir, en su premura, el programa ofreció incentivos perversos de inicio, y queda pendiente determinar si las correcciones posteriores, que ahora incluyen el requerimiento explícito de que no se aceptan parcelas con la práctica de quema, han sido capaces de restituir la cobertura forestal perdida, aunque el recambio de especies forestales pueda ser contraproducente para la conservación de la biodiversidad, al tiempo de ofrecer los incentivos adecuados para ya no deforestar coberturas primarias o secundarias.

Figura 2. Cambio de temperatura en México 1901-2021.

Fuente: elaboración propia.

Esta suerte de retirada del Estado respecto de sus responsabilidades ecológicas contrasta con las mayores anomalías de temperatura en México observadas en el último siglo (ver Figura 2). Las manifestaciones presentes del cambio climático en México ya incluyen mayor probabilidad de incendios forestales (como de hecho ha sucedido en los últimos cinco años), de sequías (ya se anuncia en el norte del país las dificultades que 2022 podrá traer en la disponibilidad de los recursos hídricos, y en Monterrey se anunció el “día cero” para Junio), y de otros fenómenos hidrometeorológicos. Tampoco se han revertido las tendencias de degradación de ecosistemas o agotamiento de recursos, cuyo costo económico supera con creces a los beneficios del crecimiento económico, según reporta la contabilidad ambiental mexicana. Ante todo ello, como se ve, la respuesta del gobierno consiste en menores recursos y menos herramientas, cuando no en un aumento directo de las cargas ambientales, como sucede con la deforestación ya comentada, o con los impactos del giro energético obradorista, que incluye mayor contaminación por el uso termoeléctrico del combustóleo o por el mantenimiento de históricos subsidios a las gasolinas. Ante este panorama, la política ambiental federal, lejos de fortalecerse y expandir sus ámbitos de acción, ha transitado en cuatro años prácticamente hacia la irrelevancia, lo que imposibilita no solo la obtención de resultados positivos en la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, sino en el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales de garantizar a toda persona un medio ambiente sano.