(10min)
Y luego, los compas en Letras Libres me invitaron a escribir sobre política ambiental. Y aquí recuperé y actualicé algunas ideas trabajadas antes
Aquí la liga al original, publicado en agosto de 2019
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Transcurre el primer año de la administración 2018-2024 y desde ahora es posible hacer una primera evaluación sobre los aspectos más visibles de su política ambiental. Para decirlo pronto: hay muchas razones para preocuparse, incluso para vaticinar que se agudizará el retroceso que supuso, en este tema, el gobierno anterior.
Tres datos pueden ilustrarlo bien: el presupuesto federal para 2019 del sector ambiental (31 mil millones de pesos) es 15% menor al de hace un año (37 mmdp), que ya de por sí era 45% menor que el de 2012 (55 mmdp). En su organización interna no hay rubro que haya registrado algún incremento presupuestal, o que al menos se haya mantenido estable. Sin embargo, las áreas más afectadas son las de protección ambiental del sector hidrocarburos (la ASEA, con un recorte del 35%), la Comisión Nacional Forestal (con 30% menos), la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental (con una disminución de 25%, aunque esté a cargo, entre otras cosas, de las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos de infraestructura) y, de manera notoria, la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental (73% menos). Con todo, y como adelanté, el retroceso no inició en este sexenio.
La historia reciente sirve para contextualizar cómo se ha debilitado, de forma grave, el compromiso del gobierno mexicano con el ambiente. Es una historia que se puede dividir en tres fases. La primera comienza en 1988, con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; continúa en la década de 1990 cuando se crea un complejo armado institucional –una secretaría de Estado y sus delegaciones estatales, comisiones especializadas, institutos de investigación e incluso una procuraduría ambiental–, y acaso termina en 1999 cuando se eleva a rango constitucional el derecho de los individuos a un medio ambiente adecuado (artículo 4º) y se obliga a que, en su rectoría del desarrollo nacional, el Estado garantice también sustentabilidad (artículo 25º).
La alternancia partidista, desde el 2000, abrió una segunda etapa que tuvo dos rasgos principales: i) Los objetivos de sustentabilidad ambiental compartían jerarquía con las metas de crecimiento y desarrollo económicos (todos ellos integraban los llamados “ejes de política pública”), ii) Se hizo más énfasis en el lado climático de la política ambiental (el colofón ocurrió en 2012, con la promulgación de la Ley General de Cambio Climático), lo que le dio a México un relumbrón internacional y le permitió obtener cierta posición de liderazgo, aunque tuvo el resultado paradójico de descuidar la importancia de otros aspectos no menos urgentes de la agenda ambiental del país.
En la administración de Enrique Peña Nieto inició la tercera etapa, la del retroceso debido a la subordinación jerárquica de los objetivos ambientales a los económicos bajo la noción de la “economía verde” –a la sazón bastante vaga, incluso en los entornos internacionales en los que se proponía–, y a la disminución paulatina del presupuesto para el ambiente.
En este sexenio, mientras aún quedan por revisar documentos sustanciales sobre política ambiental (señaladamente el Programa Sectorial), lo que se asoma en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en su primer presupuesto federal no deja resquicio alguno para el optimismo: no solo se trata de una continuación decidida del debilitamiento de las instituciones de este sector, sino que bien podemos estar presenciando el inicio de su desmantelamiento general en un momento en que la crisis ambiental de México no deja de agudizarse. De modo similar al sexenio anterior, los objetivos de sustentabilidad ambiental quedan fuera de los tres “ejes generales” de política (Estado de derecho, bienestar y desarrollo económico). En cambio, se les incluye en uno de los tres ejes transversales bajo la etiqueta “territorio y desarrollo sostenible” (los otros dos son combate a la corrupción e igualdad de género), con unos “criterios generales” que, a pesar de estar integrados no sin alguna heurística, no logran ocupar más de dos páginas del documento.
Esta pérdida de jerarquía de las preocupaciones ambientales en la planeación se traduce en la ambigüedad –cuando no en un simple silencio– del diseño de los objetivos y las estrategias que orientan las acciones de las instituciones. Vaya un ejemplo: en comparación con la administración previa, en este PND desaparecen las metas explícitas sobre el territorio destinado a la protección ambiental. Esta ausencia –que también se percibe, dicho sea de paso, en la narrativa cultural del nuevo gobierno– se añade a la ya comentada reducción del presupuesto para caracterizar lo que podría ser una cuarta etapa (DIS)funcional: la del abandono del gobierno de sus responsabilidades ambientales, incluyendo las establecidas en la Constitución. Esta realidad establece un contraste con visos muy estructurales al compararse con la urgencia y la decisión políticas que debieran caracterizar las acciones estatales ante la crisis ambiental en pleno desarrollo. Hay que decirlo claramente: la política ambiental de las últimas tres décadas, a pesar de sus novedades legislativas e institucionales, ha sido débil e insuficiente, ya no digamos para cumplir aquellos mandatos constitucionales, sino incluso para paliar los efectos más nocivos del pésimo desempeño ambiental del capitalismo mexicano, tanto el privado como el estatal. Cualquier retroceso, debilitamiento o desmantelamiento de las herramientas de gobierno solo pueden alejarlo más de los objetivos que debiera perseguir.
La novedosa contabilidad ambiental mexicana, que ha sido punta de lanza en el mundo desde su creación hace más de treinta años, ofrece una visión sintética, aunque incompleta,*1de la crisis ecológica nacional: mientras entre 2003 y 2017 no se redujeron los costos por el agotamiento de algunos acervos de recursos naturales (bosques, agua subterránea, hidrocarburos), los de degradación (por contaminación de suelos, aire o agua) se multiplicaron por cuatro. En contraste, los gastos de protección ambiental (aquellos que mitigan los efectos negativos de la degradación ecológica) apenas representaron, en 2017, el 13% de los costos totales contabilizados. Aunque se puede afirmar que dichos costos están decreciendo respecto al producto interno bruto (del 7% al 4% en ese periodo, lo que se explica más debido a una economía que se terciariza que a una política ambiental efectiva), no deja de ser cierto que por cada peso que se añade al producto por crecimiento económico se generan, en el mejor de los casos, dos pesos por costos ambientales –y estos solo son aquellos que se han podido expresar en términos monetarios.
En suma, lo que es ya visible de la nueva administración indica que la política ambiental se debate entre continuar el debilitamiento iniciado en el gobierno pasado o su desmantelamiento (que pasa, además, por el maltrato laboral de los cuadros especializados), lo que acentúa aún más su dependencia a la discrecionalidad de las negociaciones del momento político, como atestigua la atención nula a la evaluación ambiental de los proyectos de infraestructura que están sobre el escritorio del nuevo gobierno.
Todo esto tiene una explicación: la todavía débil democracia mexicana no logra integrar una perspectiva ecológica en la que el bienestar y el desarrollo dependan de la conservación y la sustentabilidad. El activismo ambiental mexicano, por ejemplo, es infrecuente, poco estructurado y, por ello, políticamente débil (y, en esa circunstancia, existe un “partido verde” que no lo es). Dicho de un modo más fundamental: la sociedad mexicana aún tiene un largo camino por recorrer para integrar las demandas ambientales con otras más tradicionales y construir una agenda que pueda llamarse de “ecología humana”: mejor trabajo, mejor remuneración, mejor alimentación y mejor educación en un esquema ecológicamente sustentable. ~
1* No incluye, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad o la menor capacidad ecosistémica de provisión futura de servicios ambientales.
Sobre la infraestructura y sus falacias
Los amigos en Letras Libres me invitaron a escribir este texto sobre infraestructura.
Aquí está la liga al original, publicado en enero de 2019.
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El debate sobre qué hacer con la infraestructura en construcción o por construirse fue uno de los distintivos de los periodos electoral y de transición recién culminados. Con lo que hay disponible sobre el sexenio que inicia es posible augurar que la infraestructura seguirá siendo central en las discusiones sobre política pública a escalas federal y regional. Si bien llega tarde y de forma un poco atrabancada, pues la débil democracia mexicana no ha promovido conversaciones profundas sobre la pertinencia de la obra pública, la discusión abierta sobre proyectos de infraestructura, caprichos aparte, es muy necesaria: se trata, a final de cuentas, de financiar con recursos públicos o privados modificaciones estructurales a las condiciones presentes y futuras del desarrollo de la economía nacional.
Nuestra historia reciente a este respecto es bastante problemática. La obra realizada o por concluir se eclipsa fácilmente por proyectos fallidos o mal implementados. La lista puede ser larga, pero los ejemplos más mediáticos incluyen refinerías que no se construyen, circuitos viales que colapsan recién inaugurados, proyectos ferroviarios cancelados por escándalos de corrupción o retrasados –con sobrecostos sustanciales– y, desde luego, cancelaciones de aeropuertos en construcción. Dicha problemática se complejiza con la obra que, aunque indispensable, decide no hacerse, ya sea porque no brinda un relumbrón a sus promotores o porque sus beneficios no entran tan claros en las contabilidades convencionales. Tal es el caso, ni más ni menos, del desplome de los presupuestos ambientales, en particular los destinados al agua y a financiar la conservación de ecosistemas.
La evaluación de la infraestructura no debe detenerse en la obra en proceso, fallida o no promovida. Se debe incluir la que está en funcionamiento para determinar si la economía política asociada beneficia a la mayoría con mejoras sustanciales en su calidad de vida. Un ejemplo iluminador es el de Ciudad de México, cuyos presupuestos de infraestructura han estado dominados por la expansión vial. Debiera quedar claro que cada peso allí invertido insiste en un enfoque de movilidad equivocado, con costos sociales significativos. A ellos habrá que añadir el costo de oportunidad de no invertir en los sistemas de transporte masivo, cuyo colapso cotidiano es inaceptable y escandaloso: lo padece la mayoría.
La tarea no es fácil. Se ha mantenido por décadas la creencia común de que la infraestructura trae beneficios automáticos. Hubo buenas razones para sostenerlo: la espectacular expansión económica del siglo XX en México y en el mundo se explica en parte por megaproyectos que permitieron transacciones de otro modo imposibles. No obstante, el esquema de incentivos que opera tanto en la asignación de contratos como en la construcción ha generado un portafolio importante de casos fallidos con elevados costos sociales, lo mismo en Australia, Estados Unidos o Gran Bretaña que en China, la India, México o Brasil.
Bent Flyvbjerg, académico de la Universidad de Oxford, sugiere que el problema fundamental de la creencia en los beneficios automáticos de la infraestructura es que lleva a construir proyectos que no son claros respecto a su viabilidad financiera futura y no se contrastan con otras opciones posibles. Este proceso deriva en lo que él llama “la sobrevivencia del menos apto”, o la elección de proyectos subóptimos desde el punto de vista social. En su evaluación, tres factores se combinan para provocar sistemáticamente dicha elección: i) la falacia de planeación, o el sesgo optimista que minimiza costos y exagera beneficios, ii) la creencia en la “mano oculta” de Hirschman, o la hipótesis de que los problemas no previstos siempre traen consigo soluciones geniales y de beneficios amplios, y III) la tergiversación estratégica de la información por sus promotores, que buscan de cualquier modo hacerlos ver bien en el papel para justificar su construcción (“What you should know about megaprojects and why: an overview”, Project Management Journal, abril-mayo de 2014).
Aunque de forma tímida, en las últimas décadas dicha creencia ha cedido espacio al escepticismo. Un caso paradigmático es el cambio de enfoque del Banco Mundial: de la creencia absoluta al retiro de financiamientos en aras de la cautela. Así ha sucedido con el desarrollo de megapresas o, más en general, en su impulso reciente a la fórmula “gastar poco y bien es mejor que mucho y mal”.
Como sea, esta cautela no solo debe basarse en las enseñanzas del pasado, sino también complementarse con reflexiones hacia el futuro que pongan como tema central la sustentabilidad a largo plazo del desarrollo.
Hay cuatro lecciones relevantes, de acuerdo con la economista Faye Duchin: i) el ciclo de vida de la infraestructura supone compromisos con el futuro, más allá de los plazos para recuperar inversiones, ii) los recursos financieros son tan cuantiosos que pueden comprometer la estabilidad macroeconómica de no pocos países, iii) los proyectos suelen emplear muchos recursos naturales y sus impactos en los ecosistemas son indirectos y de mitigación compleja, y iv) los proyectos modifican las condiciones de vida de amplios grupos poblacionales de modo prácticamente irreversible, por lo que requieren, al menos si se atiende alguna vocación democrática, de procesos de gobernanza y de discusión pública sobre su pertinencia a la luz de otras alternativas posibles.
Por lo anterior, el debate sobre infraestructura debe superar sus aspectos estrictamente técnicos para reconocer su carácter eminentemente político.
Dicho reconocimiento aparece como urgente al inicio del nuevo sexenio de la administración federal. A pesar de la insistencia en que “esta vez será diferente”, promover y decidir los proyectos propuestos con poca o nula información debiera resultar inaceptable en democracias que tienen compromisos mínimos con la verdad. Visto lo visto, es previsible un gobierno promotor de obra muy propenso a la falacia de la planeación, pues anuncia inauguraciones sin tener siquiera proyectos ejecutivos; al sesgo optimista, pues asegura amplios beneficios a bajo costo y, en suma, a la tergiversación estratégica de la información que busca posibilitar proyectos aunque a la larga puedan resultar inadecuados.
Las evaluaciones independientes de la infraestructura construida o por construir son, por esos motivos, indispensables y urgentes. Varias de ellas podrían considerar la diversidad de impactos directos e indirectos ahora y en el futuro, poniendo al centro las contribuciones económicas, sociales y ambientales de las obras en cuestión. Tales perspectivas serían muy valiosas para un debate abierto sobre las pertinencias de la obra pública, debate que, por cierto, debiera ser costumbre dadas nuestras urgencias de desarrollo y de conservación y nuestra preferencia, al menos declarada, por los procesos democráticos.
Aquí está la liga al original, publicado en enero de 2019.
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El debate sobre qué hacer con la infraestructura en construcción o por construirse fue uno de los distintivos de los periodos electoral y de transición recién culminados. Con lo que hay disponible sobre el sexenio que inicia es posible augurar que la infraestructura seguirá siendo central en las discusiones sobre política pública a escalas federal y regional. Si bien llega tarde y de forma un poco atrabancada, pues la débil democracia mexicana no ha promovido conversaciones profundas sobre la pertinencia de la obra pública, la discusión abierta sobre proyectos de infraestructura, caprichos aparte, es muy necesaria: se trata, a final de cuentas, de financiar con recursos públicos o privados modificaciones estructurales a las condiciones presentes y futuras del desarrollo de la economía nacional.
Nuestra historia reciente a este respecto es bastante problemática. La obra realizada o por concluir se eclipsa fácilmente por proyectos fallidos o mal implementados. La lista puede ser larga, pero los ejemplos más mediáticos incluyen refinerías que no se construyen, circuitos viales que colapsan recién inaugurados, proyectos ferroviarios cancelados por escándalos de corrupción o retrasados –con sobrecostos sustanciales– y, desde luego, cancelaciones de aeropuertos en construcción. Dicha problemática se complejiza con la obra que, aunque indispensable, decide no hacerse, ya sea porque no brinda un relumbrón a sus promotores o porque sus beneficios no entran tan claros en las contabilidades convencionales. Tal es el caso, ni más ni menos, del desplome de los presupuestos ambientales, en particular los destinados al agua y a financiar la conservación de ecosistemas.
La evaluación de la infraestructura no debe detenerse en la obra en proceso, fallida o no promovida. Se debe incluir la que está en funcionamiento para determinar si la economía política asociada beneficia a la mayoría con mejoras sustanciales en su calidad de vida. Un ejemplo iluminador es el de Ciudad de México, cuyos presupuestos de infraestructura han estado dominados por la expansión vial. Debiera quedar claro que cada peso allí invertido insiste en un enfoque de movilidad equivocado, con costos sociales significativos. A ellos habrá que añadir el costo de oportunidad de no invertir en los sistemas de transporte masivo, cuyo colapso cotidiano es inaceptable y escandaloso: lo padece la mayoría.
La tarea no es fácil. Se ha mantenido por décadas la creencia común de que la infraestructura trae beneficios automáticos. Hubo buenas razones para sostenerlo: la espectacular expansión económica del siglo XX en México y en el mundo se explica en parte por megaproyectos que permitieron transacciones de otro modo imposibles. No obstante, el esquema de incentivos que opera tanto en la asignación de contratos como en la construcción ha generado un portafolio importante de casos fallidos con elevados costos sociales, lo mismo en Australia, Estados Unidos o Gran Bretaña que en China, la India, México o Brasil.
Bent Flyvbjerg, académico de la Universidad de Oxford, sugiere que el problema fundamental de la creencia en los beneficios automáticos de la infraestructura es que lleva a construir proyectos que no son claros respecto a su viabilidad financiera futura y no se contrastan con otras opciones posibles. Este proceso deriva en lo que él llama “la sobrevivencia del menos apto”, o la elección de proyectos subóptimos desde el punto de vista social. En su evaluación, tres factores se combinan para provocar sistemáticamente dicha elección: i) la falacia de planeación, o el sesgo optimista que minimiza costos y exagera beneficios, ii) la creencia en la “mano oculta” de Hirschman, o la hipótesis de que los problemas no previstos siempre traen consigo soluciones geniales y de beneficios amplios, y III) la tergiversación estratégica de la información por sus promotores, que buscan de cualquier modo hacerlos ver bien en el papel para justificar su construcción (“What you should know about megaprojects and why: an overview”, Project Management Journal, abril-mayo de 2014).
Aunque de forma tímida, en las últimas décadas dicha creencia ha cedido espacio al escepticismo. Un caso paradigmático es el cambio de enfoque del Banco Mundial: de la creencia absoluta al retiro de financiamientos en aras de la cautela. Así ha sucedido con el desarrollo de megapresas o, más en general, en su impulso reciente a la fórmula “gastar poco y bien es mejor que mucho y mal”.
Como sea, esta cautela no solo debe basarse en las enseñanzas del pasado, sino también complementarse con reflexiones hacia el futuro que pongan como tema central la sustentabilidad a largo plazo del desarrollo.
Hay cuatro lecciones relevantes, de acuerdo con la economista Faye Duchin: i) el ciclo de vida de la infraestructura supone compromisos con el futuro, más allá de los plazos para recuperar inversiones, ii) los recursos financieros son tan cuantiosos que pueden comprometer la estabilidad macroeconómica de no pocos países, iii) los proyectos suelen emplear muchos recursos naturales y sus impactos en los ecosistemas son indirectos y de mitigación compleja, y iv) los proyectos modifican las condiciones de vida de amplios grupos poblacionales de modo prácticamente irreversible, por lo que requieren, al menos si se atiende alguna vocación democrática, de procesos de gobernanza y de discusión pública sobre su pertinencia a la luz de otras alternativas posibles.
Por lo anterior, el debate sobre infraestructura debe superar sus aspectos estrictamente técnicos para reconocer su carácter eminentemente político.
Dicho reconocimiento aparece como urgente al inicio del nuevo sexenio de la administración federal. A pesar de la insistencia en que “esta vez será diferente”, promover y decidir los proyectos propuestos con poca o nula información debiera resultar inaceptable en democracias que tienen compromisos mínimos con la verdad. Visto lo visto, es previsible un gobierno promotor de obra muy propenso a la falacia de la planeación, pues anuncia inauguraciones sin tener siquiera proyectos ejecutivos; al sesgo optimista, pues asegura amplios beneficios a bajo costo y, en suma, a la tergiversación estratégica de la información que busca posibilitar proyectos aunque a la larga puedan resultar inadecuados.
Las evaluaciones independientes de la infraestructura construida o por construir son, por esos motivos, indispensables y urgentes. Varias de ellas podrían considerar la diversidad de impactos directos e indirectos ahora y en el futuro, poniendo al centro las contribuciones económicas, sociales y ambientales de las obras en cuestión. Tales perspectivas serían muy valiosas para un debate abierto sobre las pertinencias de la obra pública, debate que, por cierto, debiera ser costumbre dadas nuestras urgencias de desarrollo y de conservación y nuestra preferencia, al menos declarada, por los procesos democráticos.
Sobre el origen del Coronavirus
Mucho se puede escribir y especular sobre las razones que explican el surgimiento de epidemias y pandemias de bichitos ante los cuales la especie humana no tiene inmunidad.
Una posición relativamente cómoda es ponerla como calamidades de la naturaleza ante las que no se puede hacer nada. Como con un terremoto o un asteroide: son cosas que suceden porque así es el mundo, y aun incluso considerando que los desastres son socialmente construidos (como ocurre con los terremotos, ante los que sí que pueden establecer medidas estructurales -zonificación, códigos de construcción, etc.), pues realmente hay poco que se pueda hacer. Son cosas que pasan y pues ni modo.
Otra posición cómoda es la adhesión a las teorías conspirativas que abundan por allí, como aquellas que piensan, por ejemplo, que los terremotos son producidos por armamento estadounidense, o que la aparición de virus son estrategia de guerra biológica. Esta última explicación ha surgido también en la corriente epidemia de coronavirus que provoca la recién nombrada enfermedad Covid19. Es relativamente triste que sectores que se autoproclaman de izquierda en México han repetido estas versiones con quién sabe que objetivos.
¿Cómo aproximarse, pues, a esta cuestión?
Vayamos a ver lo que dice la ciencia. La historia que ofrece es fascinante, por la combinación de factores que posibilita las epidemias virales o bacteriológicas de nueva aparición, y preocupante, por la complejidad de acciones que serían necesarias para mitigar su ocurrencia futura.
Hay tres piezas que se llevan bien para estos objetivos a pesar de provenir de ámbitos literarios distintos: 1) artículo en Nature: nature.com/articles/s4159 2) Mike Davis, el de Planet of Slums, sobre Covid19 haymarketbooks.org/blogs/110-mike 3) Rob Wallace, el de Big Farm = Big Flu https://www.marx21.de/coronavirus-agribusiness-would-risk-millions-of-deaths/?fbclid=IwAR3EeJ0xGo4k-kefVE0mS66PzNdr77mWAYt2oukkKss_puzPcuwVAVCyavs
El mensaje que ofrecen estas posiciones es que el Coronavirus no es resultado de laboratorio, como sugieren las teorías de la conspiración arriba referidas, pero tampoco es una calamidad de la naturaleza contra la que nada se puede hacer. Para decirlo rápido: las pandemias son resultado del funcionamiento de la relación sociedad-naturaleza.
En otras palabras, es un ejemplo claro de co-producción en la que la destrucción de la naturaleza es la principal causante de la emergencia de epidemias y pandemias. Por ello no está desligado a los fenómenos del cambio climático, sino que es parte constituyente, argumento que están recuperando varios pensadores (como el mismo Mike Davis o Maristella Svampa, https://www.youtube.com/watch?v=lfgYQ1BnfRY&feature=youtu.be)
La documentación de la emergencia de los virus ante la destrucción de la naturaleza es amplia. El libro de Laura Garret, The coming plague (1994), documenta lo propio con varias enfermedades (Machupo, Lassa, Ebola, Malaria, etc), y es ampliamente recomendable:
O aquí:
En el caso particular del Coronavirus, el artículo de Nature vinculado arriba se hace precisamente esa pregunta: ¿de dónde viene?
La respuesta es la de siempre: la selección natural.
El creciente contacto con los humanos y la pérdida de biodiversidad han destruido los "nichos normales" de estos virus, los que se van adaptando a las nuevas condiciones de estrés. En particular, el Covid19 brincó por selección natural en "transferencia zoonótica", es decir, inter-especie, de animales a humanos, que cada vez es más posible, y luego evolucionó para tener éxito en el host humano:
Este artículo en Nature, y el estupendo recuento histórico de Garrett, provee evidencia analítica a las narrativas críticas que vinculan las pandemias al modo de producción de la economía global. Eso es lo que dice Rob Wallace, biólogo evolucionista y autor del Big Farm makes Big Flu:
Se sabe que la producción industrial de alimentos es la principal causante directa de la deforestación y la pérdida de biodiversidad a nivel global. Los patógenos allí contenidos se liberan:
En otras palabras, la ecología de las pandemias es ahora producida por la destrucción sistemática de ecosistemas y biodiversidad asociada a la producción de alimentos con métodos industriales en la economía global.
Mike Davis parte de la misma premisa (de la producción sistémica de los outbreaks), pero se enfoca en el desmantelamiento de los sistemas de salud y su impacto desigual entre diferentes grupos de población:
¿Dónde nos dejan estas tres piezas? Yo las pondría, como Moraleja, en tres categorías que nos ayudan a pensar lo que está pasando.
1) el entendimiento de la crisis debe ser científico y no apelar al pensamiento fantástico ni a teorías de la conspiración
2) este entendimiento debe incluir la dimensión política: la línea base es de amplia desigualdad, la crisis la puede explotar aun más
3) ambos elementos previos deben orientar el "qué hacer", que a su vez se puede dividir en dos momentos, el inmediato y el posterior:
En el inmediato, habrá que ver qué tanto solidaridad y cooperación pueden revertir la exacerbación de la desigualdad asociada a la crisis. En el posterior, pensar si el modo de producir alimentos y salud, y todo lo demás, es el adecuado por su sostenibilidad ecológica y política
Sobre la política del campo de López Obrador
Durante la campaña que lo llevó a la presidencia, López Obrador dio este discurso:
Cosas buenas
Cosas medio medio, que necesitan precisarse
A 99 años del asesinato de Zapata, recordamos su lucha y reafirmamos nuestros compromisos con indígenas y campesinos. Comparto lineamientos básicos de la nueva política económica y social para el medio rural que se aplicará al triunfo de nuestro movimiento https://t.co/jpL3KuTHlu— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 10, 2018
Cosas buenas
- prioridad al campo
- reconocimiento de que Mx es centro de origen del maíz, lo que llama a responsabilizarse por su diversidad, el control descentralizado, etc
- distribución de excedentes más equitativa (entre consumidores y productores, y menos intermediarios)
- pensión a adultos mayores campesinos
Cosas medio medio, que necesitan precisarse
- fertilizante orgánico barato para quien comercializa y gratuito para subsistencia. ¿Cómo funcionará Pajaritos para producir fertilizante orgánico? Esto parece una contradicción insalvable
- El extensionismo agrícola realmente nunca se ha ido, aunque entiendo que ahora no hay dirección (ver este estudio para OCDE solicitado por Sagarpa http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/DesCap/Documents/AnalisisExtensionismoAgricolaMexico.pdf ¿qué enfoque debe tener el extensionismo agrícola para ir hacia una agricultura sustentable?
- El millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Eso representa como 20% de la superficie agrícola irrigada y como 5% de la no irrigada. Es una extensión considerable....
Si sustituye superficie agrícola o ganadera me parece en principio no mal, pero hay considerandos (la siembra de 🌳 ha fracasado rotundamente en el pasado). Si sustituye vegetación secundaria o (peor aún) primaria es un error y un agravio al que hay que oponerse abiertamente. - AMLO dice abiertamente subsidios (lo que no me parece equivocado en principio). Esquivel dice en la entrevista que los ps de garantía no son subsidios. No hay necesariamente contradicción: AMLO se refiere al fertilizante y Esquivel a la distribución de los beneficios ...
(piense en los grandes comercializadores, ie Walmart, que se pasan de lanza con los productores ante la incertidumbre). AMLO dice que habrá compra de cosechas, Esquivel dice pol. de ingresos y no absorción de pérdidas. Hay que precisar.
Cosas totalmente equivocadas
- La visión mercantilista de la "autosuficiencia" y la "soberanía".
- "Produciremos lo que consumimos". Eso puede terminar en un "consumiremos lo que producimos", en perjuicio de todos.
- La visión productivista. Después de escucharlo, uno termina con ganas de agarrar el machete para chapear el acahual y ponerse a sembrar lo que sea con harto fertilizante y el pecho hinchado por hacer patria. Permea una visión positiva de la revolución verde y es peligroso.
- La descentralización geográfica de las secretarías... Me parece que es capricho que, en el mejor de los casos, no ayudará en nada y, en el peor y más probable, aumentará costos de transacción en el diseño y monitoreo de políticas.
Algunos principios mínimos de una política agrícola, además de las cosas buenas de al principio:
- No a la expansión de la frontera agrícola. No se puede sacrificar los ecosistemas que aún nos quedan con la visión productivista dominante, y recuperación allí donde se pueda
- Exploración de nuevos sistemas de producción de pequeña escala que combinen conservación con producción y generación de ingresos
- No a los transgénicos, así, limpiamente y sin reservas. No se puede ser centro de origen (no sólo de maíz) y ceder al control corporativo.
- La seguridad alimentaria debe combinar producción interna con importaciones. No hay nada de malo en importar lo que no producimos. El objetivo debe ser: producción interna adecuada para generación justa de ingresos rurales y conservación ambiental....
Si eso alcanza para autosuficiencia, bien (creo que no lo hace). No es necesario ni adecuado poner a la autosuficiencia como objetivo de política - Fin a los subsidios a los grandes productores agrícolas (sobre todo en agua y energía). Esto libera recursos, muchos...
- "El campo" es tan desigual como el resto de la sociedad. Los grandes productores no requieren más subsidios, ya se les ha apapachado mucho: las transferencias por tarifa cero a irrigación, p.ej., es de (al menos) 10mmdp anuales https://refutacionesyartificios.blogspot.mx/2017/03/un-texto-de-2015-sobre-la-ley-de-aguas.html … Eso se tiene que acabar.
- La política agropecuaria debe ir de la mano de la ambiental y de conservación. Las especificidades de la propiedad de la tierra en México lo pide así. Se debe terminar que Sagarpa vaya por un lado y Semarnat por otro. Deben ir juntas.
Moraleja. Es lo que hay
Cosas buenas— Carlos A Lopez M. (@calm77) April 15, 2018
1) prioridad al campo
2) reconocimiento de que Mx es centro de origen del maíz, lo que llama a responsabilizarse por su diversidad, el control descentralizado, etc
3) distribución de excedentes más equitativa (entre consumidores y productores, y menos intermediarios) https://t.co/Q7AaQKskA0
Sobre las (nulas) posibilidades de la autosuficiencia alimentaria en México
En el marco del debate sobre política agropecuaria en México en el sexenio 2018-2024, el Dr. Gerardo Esquivel tuiteó lo siguiente:
Ese artículo es muy bueno. Llama a dejar de lado el asunto binario (autarquía vs comercio) y poner las cosas en otro debate, con matices más sutiles. Aumentar la capacidad de producción de alimentos en México está bien, pero los cómos importan mucho. Ese artículo hace referencia a este otro, sobre el que basa la sutileza: la diversidad de casos impiden solución única. Hay malas noticias para el nuestro:
Pongamos 2 mapas de este segundo paper. Este muestra que el porcentaje de población que depende de recursos externos (agua y tierra) para alimentos en Mx es 30-50% (a), y que el consumo de alimentos supera lo que sería posible producir dada la tierra disponible (b).
Fuente: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/1/014046/pdf
Este muestra que en los 3 escenarios de población estudiados México no logra suficiencia incluso si alcanza el máximo de productividad posible para 2050. En otras palabras: no hay recursos naturales internos ni avance tecnológico que puedan sostener nuestro consumo de alimentos.
Fuente: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/1/014046/pdf
Aquí está la serie de tuits:
Les voy a compartir un artículo reciente que les puede ayudar un poco a entender el porqué la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria no se opone al libre comercio y porqué podría tener sentido.— Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) May 14, 2018
Fuente: https://t.co/Evm7T76Jmi pic.twitter.com/OB19wX5t43
Ese artículo es muy bueno. Llama a dejar de lado el asunto binario (autarquía vs comercio) y poner las cosas en otro debate, con matices más sutiles. Aumentar la capacidad de producción de alimentos en México está bien, pero los cómos importan mucho. Ese artículo hace referencia a este otro, sobre el que basa la sutileza: la diversidad de casos impiden solución única. Hay malas noticias para el nuestro:
Pongamos 2 mapas de este segundo paper. Este muestra que el porcentaje de población que depende de recursos externos (agua y tierra) para alimentos en Mx es 30-50% (a), y que el consumo de alimentos supera lo que sería posible producir dada la tierra disponible (b).
Este muestra que en los 3 escenarios de población estudiados México no logra suficiencia incluso si alcanza el máximo de productividad posible para 2050. En otras palabras: no hay recursos naturales internos ni avance tecnológico que puedan sostener nuestro consumo de alimentos.
Por eso el objetivo no es autosuficiencia (no en volumen, pero tampoco en calorías o en $, como sugiere el primer paper) sino seguridad. Seguridad alimentaria que garantice buena economía e ingresos rurales, cuidado y promoción de la agricultura campesina. Sobre todo en lo concerniente a los sistemas de producción de pequeña escala y la utilización de transgénicos en centros de origen de una amplia variedad de granos y hortalizas. En esa solución tendrá que haber exportaciones y tendrá que haber importaciones.
Y si se acompaña con promoción a buenas dietas (reducir obesidad, mejorar salud pública) pues qué mejor!
Ambos papers ofrecen una estupenda lectura con datos para debatir lo que puede o no ser posible (no hay que ser economistas, los autores vienen de muchas disciplinas).
El contínuo de políticas viene de acá: http://www.fao.org/3/a-i5222e.pdf
E incluye notas clave como la siguiente:
Es decir: no debe haber ni uno (autarquía) ni el otro (cero producción interna). Los países se deben ubicar en un punto del continuo que les sea factible físicamente y adecuado socialmente. Ese es el mensaje. Los mapas del 2o paper ponen a Mx 1/2 - 3/4 del lado derecho.
Mx: 85% del SSR con posibilidades de satisfacer necesidades alimentarias. La cuestión no es si debe subir al 100% así por que sí, sino mejorar las condiciones internas de producción y distribución. Y si como resultado de mejorar acceso y producción baja el SSR pues que lo haga.
Moraleja: no hay recursos naturales internos ni avance tecnológico que puedan sostener nuestro consumo de alimentos.
Aquí está la serie de tuits:
Ese artículo es muy bueno. Llama a dejar de lado el asunto binario (autarquía vs comercio) y poner las cosas en otro debate, con matices más sutiles.— Carlos A Lopez M. (@calm77) May 14, 2018
Aumentar la capacidad de producción de alimentos en México está bien, pero los cómos importan mucho. https://t.co/C5BYktR0JI
Sobre autosuficiencia alimentaria y precios de garantía en la agricultura mexicana: una crítica al profe. Katz
El profesor Isaac Katz (ITAM, @econoclasta) escribió esta columna en El Economista:
Vamos a comentar matices a algunos puntos de esta pieza de pues creo que merecen precisión, algunos por suponer demasiado, otros por no ir al fondo del tema.
Primero coincidencias en el contexto:
Dada la insistencia de AMLO de producir todo lo que consumimos, va de nuevo mi artículo al respecto. Precios de garantía | El Economista @eleconomista https://t.co/IUk9TAu0O4— Isaac Katz (@econoclasta) May 14, 2018
Vamos a comentar matices a algunos puntos de esta pieza de pues creo que merecen precisión, algunos por suponer demasiado, otros por no ir al fondo del tema.
Primero coincidencias en el contexto:
1. La propuesta (de autosuficiencia alimentaria) es en efecto ambigua.
2. Es cierto que AMLO no ha mencionado diferencia entre maíz amarillo (forraje) y blanco (consumo humano) y la ya existente autosuficiencia en el segundo:
Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256429/B_sico-Ma_z_Grano_Blanco_y_Amarillo.pdf
Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200637/Panorama_Agroalimentario_Ma_z_2016.pdf
- 3. Sobre ventajas comparativas sólo añadiría que éstas no son estado de la naturaleza sino resultado de diversidad de factores (recursos y tecnología), por lo que se pueden construir deliberadamente por política.
Ahora las precisiones. El prof Katz presenta 3 puntos (que en verdad son 2) - 4. El primer punto supone, bien, que la tierra agrícola es recurso fijo (y que así siga: que no crezca sobre bosques) pero, tácitamente y mal, que es flexible en su vocación y que se usa a plena capacidad. También supone, mal, que otros recursos e insumos son fijos y se usan a capacidad. Por ello concluye que impulso a algún producto necesariamente captura recursos otrora destinados a la producción de otros que puedan tener más valor agregado (su segundo punto, consecuencia del 1).
(Para decirlo con otras palabras, esos son supuestos de economía de pleno empleo muy tradicionales en los manuales de economía, muy útiles para entender conceptos pero con relevancia empírica limitada.)
El problema es que esos supuestos no son adecuados: hay capacidad ociosa en la tierra (el famoso yield gap, sobre todo en monocultivo, más sobre esto más abajo) y los otros recursos no son fijos (K e insumos) ni se usan a plenitud (trabajo). Levantados esos supuestos la conclusión no se sostiene necesariamente: la promoción de un producto no desplazaría por fuerza la utilización de los recursos otrora destinados a otros productos. - 5. Su explicación del precio de garantía en su tercer punto es impecable y concuerdo: en la medida en que implique compras garantizadas a costos superiores con venta a precios menores (con la diferencia a cargo del erario) es un error.
(Ahora, después de la fecha de publicación de su columna se sugirió que más bien "precios de garantía" significa política de ingresos que cambie su distribución entre productores y distribuidores, pues exhibe enormes diferencias en perjuicio de los primeros...)
Pensemos que las grandes comercializadores ejercen poder de mercado en distribución de productos agrícolas. Es necesario revisar esa estructura para aumentar eficiencia (p.ej. promoviendo competencia). Y eso no sólo no tiene cargo fiscal: es adecuado y necesario).
(Dicho de otro modo, el asunto de los precios de garantía está por verse: si quiere decir lo que describe el profe Katz, pues concuerdo redonda y cabalmente. Si quiere decir política de ingresos, pues entonces dicha descripción deja de ser relevante.)
Pero mi mayor discrepancia, y la más compleja, está en el cierre.
Necesitamos ver sistemas de producción agrícola. Pensemos en dos: agroindustria vs economía campesina. La primera es monocultivo y ampliamente tecnificada, la segunda es policultivo y de pequeña escala. El profe Katz supone que la de pequeña escala tiene tecnología obsoleta (y eso, para decirlo rápido, es una idea obsoleta propia de la época de la revolución verde).
Usemos "riego" como proxy a agroindustria y "temporal" como proxy a pequeña escala:
La diferencia de rendimientos es muy clara. El "yield gap" existirá en la medida en que haya cross-over entre ambas modalidades (es decir, en la medida en que unidades de temporal sean monocultivos a gran escala). Pero miren uds: cuando ho nay cross-over estamos hablando de dos cosas distintas (monocultivo vs policultivo) pero las comparamos injustamente (rendimientos en un sólo producto). En Mx, por cierto, al policultivo le llamamos muy bonito: milpa.
Y la cosa es que la literatura de los últimos 10-15 años ha revalorado a la ag. de pequeña escala de modo positivo, dejando atrás las medidas de la revolución verde por (esas sí) obsoletas e inadecuadas. Una muestra:
Y la cosa es que la literatura de los últimos 10-15 años ha revalorado a la ag. de pequeña escala de modo positivo, dejando atrás las medidas de la revolución verde por (esas sí) obsoletas e inadecuadas. Una muestra:
- En otras palabras: cuando se la mira de modo integral (y se le compara no en ton/ha de un sólo producto, sino por ejemplo en diversidad de nutrientes) la milpa campesina de pequeña escala aparece en el cuadrante noroeste: con productividad alta y diversidad alta. Y a todo eso le podemos agregar que Mx es centro de origen de granos y hortalizas (maíz, frijol, calabaza, jitomate, etc): el mantenimiento descentralizado de variedades en la milpa campesina es, de hecho, un servicio (agro)-ecosistémico que Mx le ofrece al mundo. Hay que aprender a aprovecharlo para mejorar la calidad de vida de la población campesina que lo mantiene.Por eso, precisamente por eso, es que la política agraria debe defender a los trabajadores rurales, sus modos de producción y su propiedad social y comunal de la tierra. Debe aprender a combinar producción con conservación y, en general, aprender a valorar la unicidad de nuestro sector rural. Yo prefiero eso a suponer que la agricultura de pequeña escala es ineficiente, anticuada, atrasada, y apegada a regímenes de propiedad inadecuados.
Vamos a comentar matices a algunos puntos de esta pieza de @econoclasta pues creo que merecen precisión, algunos por suponer demasiado, otros por no ir al fondo del tema.— Carlos A Lopez M. (@calm77) May 15, 2018
(Hilo largo, si quieren léanlo, si no pues no). https://t.co/hMBuHbfgmy
Secuencias transgénicas y glifosato en maíz mexicano
"Detectan la presencia de secuencias transgénicas y del herbicida glifosato en productos a base de maíz en México"
Esto es tragedia y es urgente revertirlo.
Presencia de al menos un transgen en 82% de las muestras de productos a base de maíz y de glifosato (un cancerígeno de uso restringido en Europa y otros lados) en 30%. El transgen estuvo presente en 90% de las muestras de tortilla.
El problema asociado con los transgénicos en el maíz es que Mx es centro de origen: la utilización de transgénicos modifica la economía política en agricultura reduciendo el control de los pequeños productores sobre la diversidad de semillas.
Mientras que el glifosato como herbicida trae riesgos a la salud de los campesinos: es un cancerígeno. El glifosato es la base para el famoso Roundup de Monsanto. Recuerden los juicios perdidos por esa compañía por publicidad falsa (diciendo que era más seguro que la sal de mesa)
La investigación es de Elena Alvarez Buylla, del C3 de la UNAM: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21683565.2017.1372841
Moraleja: La presencia de los transgenes en las muestras contrasta con el hecho de que la siembra de maíz transgénico está prohibida en México. Hay alguien que se está haciendo pato en la regulación.
Esto es tragedia y es urgente revertirlo.
Moraleja: La presencia de los transgenes en las muestras contrasta con el hecho de que la siembra de maíz transgénico está prohibida en México. Hay alguien que se está haciendo pato en la regulación.
Reflexiones de botepronto sobre los precios de la gasolina en México
Breves reflexiones en voz alta sobre el asunto de la gasolina a raíz de mirar por unos minutos las ponderaciones de bienes y servicios del INPC:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/cab-inpc/cab-inpc207_08.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/cab-inpc/cab-inpc207_08.pdf
- La gasolina tiene <5%. Los alimentos, por ejemplo, tienen el 26%
- En la medida en que los precios de otros ByS dependan del de la gasolina (sí lo hacen) entonces el INPC podrá responder también indirectamente (y en función de los rezagos de impacto) a variaciones en su precio. No obstante, dicha respuesta es convergente aún si fuera simultánea
- Pero esa visión es un tanto mecanicista: asume que asimetrías de información no son relevantes en la formación descentralizada de precios (y sí lo son)
- Piense ud en el modelo de las islas de información: los errores de extracción de señal pueden hacer que las expectativas (de alza generalizada) anulen o atrofien el comportamiento convergente.
- Esto ocurre con precio controlado o libre. Y uno esperaría que una medida de adaptación de los agentes ante exposición prolongada a dichas variaciones incluiría disminuir la dependencia a la gasolina, adoptando usos más eficientes, etc.
- Ahora, el control de precio de la gasolina afecta (incluso evita) dichas adaptaciones. Antes teníamos congelamiento nominal, con precio real declinante. Ahora se plantea congelamiento real.
- Ambas políticas, además del alto costo fiscal asociado o potencial, impiden el ajuste del precio relativo y, por tanto, el ajuste de las decisiones de consumo, generando "subóptimos" sociales (como es evidente en México)
- Luego está el asunto dinámico: ¿dependerá de la inflación pasada? ¿dependerá de la inflación esperada? Este último caso es problemático: además del asunto de atinarle a la convergencia, puede dar pie a autovalidaciones innecesarias
- ¿cómo puede esto tener costo fiscal elevado? En un escenario de depreciación o de elevación del p. petróleo, o una combinación, que eleve el p al que se importe la gasolina. La promesa de un precio real fijo requiere recursos fiscales, implicando en subsidio regresivo, etc etc
- Por eso, lo mejor (y eso incluye razones ambientales) es dejar que precio de la gasolina fluctúe y operar desde la política pública en mejorar alternativas que disminuyan los efectos negativos de sus variaciones (transportes públicos y de mercancías)
- Es más trabajoso y sus efectos son a mediano y largo plazos, pero es lo adecuado. Es preferible eso a medidas de aplauso fácil (no subirá el precio real o nominal) pero con costos fiscales y sociales elevados.
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