Al SME hay que tenerlo como cualquier otro sindicato. Por tanto, su lucha es la de los trabajadores, y hay que defenderse. Además, dice RC, el discurso antiSME no es democrático. Sigamos, pues, alimentando el maniqueísmo y negando la diversidad de opiniones.
No concuerdo. Al sindicalismo que se enfrenta al patrón público, cuyo capital viene de todos, hay que medirlo diferente que al sindicalismo que se enfrenta al patrón privado. Si no fuera así, tendríamos que celebrar acríticamente "las conquistas sindicales" (como las del SME) aún cuando éstas van en detrimento del interés del patrón, el Estado, todos. No se trata que no haya sindicatos públicos. Muy lejos de allí, lo que hay que discutir es qué sindicalismo necesita el país cuando el patrón somos todos. Indignarse con Cordera ante "el sueldo decente" que unos pocos trabajadores han "conquistado" olvida ver que esos trabajadores lo son de una empresa que opera en números rojos, cuya existencia no va de acuerdo al interés público, y con cargo a los impuestos, esos que andan muy muy escasos. Mejor pidamos democracia y transparencia sindicales en todos los sindicatos publicos.
La Sheimbaum da 5 ptos, los 5 no son precisos
La Sheimbaum da 5 ptos, los 5 no son precisos y me permito comentar largamente aquí.
1. Los abogados que he visto y que han distutido el punto, como el que sale en el Reporte índigo de esta semana, han coincidido con que el decreto no es ilegal. Ese abogado en particular es mucho mas honesto al decir que el asunto, si acaso, está abierto a interpretación, y que él pensaba que el decreto no es ilegal. En honor a la verdad y a la honestidad, la Sheimbaum debería decir que su versión es sólo una, no la única.
2. También es cierto que si LyFC le paga a CFE el precio de cualquier industrial se debe a una intención de no descapitalizar a CFE (si eso es exitoso o no, admito, lo desconozco ahora, y necesitaría informarme, pero entonces, si pensamos que eso no es aceptable, preparémonos para un aumento sustancial al costo de la luz -todos, uso doméstico, uso empresarial, y uso gubernamental). De mientras, se puede decir muy bien que está desde hace décadas en el interés público el tener una industria eléctrica integrada en una sola empresa pública. A LyFC la llevan liquidando décadas, y si no han podido es por el espíritu de sobrevivencia del SME (que lo llevó a darle la espalda al movimiento democrático del STERM en los 70 y a apoyar al mismo Salinas, y luego a Colosio, en 1988 y 1994.) Si LyFC estaba descapitalizada es que estuvo décadas en liquidación, hasta que Salinas le dio vida de nuevo. La situación financiera de la empresa es sólo testigo de su redundancia. Lo dicho, desde hace mucho se sabe que al Estado le conviene una sola empresa pública.
Sobre este punto cabe decir que el SME tenía un régimen de co-gestión de la empresa que pocos sindicatos, si es que alguno, disfrutan. No son sólo "los trabajadores", sino en parte "administradores" de la empresa. Es cierto que en la junta eran minoría, pero no estaban ausentes del todo.
3. Sheimbaum no menciona que el SME creó 4 mil plazas en los últimos años "que no servían para nada", en las palabras (no exactas) de Muñoz, quien ahora marcha al lado de Esparza. Muñoz atacó con versiones que no han sido discutidas, ni desmentidas, sobre la venta de plazas. Para entrar al SME tenías que tener un familiar, recibir una recomendación, y pagar la plaza. Tal vez no fueron o son todos, pero las prácticas allí están. Entonces opera un mecanismo perverso: el SME decide quién entra a trabajar y quién no. Cada que entra alguien, entra con compromisos políticos (que se traduce en votos) y pagando una cuota. ¿Qué importa si la plaza era necesaria o no? La pagaban nuestros impuestos, pues la empresa no generaba riqueza. Se comparan los sueldos de 6mil pesos contra los de los funcionarios públicos. Adelante, que a nadie se le olvide la desigualdad que hay en este país, pero también hay que recordar que esa plaza sindical, aun sea de 500 pesos al mes, no se necesitaba. Ese arreglo sindical, por ejemplo, obligaba a LyFC comprar los medidores que el mismo SME arreglaba, a pesar de ser mucho más caros que los que hay en el mercado, y criticaba la instalación de computadoras pues desplazaba a trabajadores. Todo, con cargo a los impuestos y en detrimento del servicio. Es bien plausible que el sindicato no es el único responsable, pero de verdad que no ayudó ni tantito. Si todo es falso, que lo desmientan. Las pruebas en contra allí están, aunque demasiado dispersas.
Mejor haría esa lana pública apoyando, por ejemplo, a las PyMEs, que son las que verdaderamente crean empleo en el país. El Estado no puede ser el empleador de última instancia. Si el gobierno no atacó la red de venta de plazas y la corrupción al interno (que, insisto, el mismo Muñoz criticó, y que muchos trabajadores han mencionado en entrevistas de calle, pero que, por alguna razón, no publica La Jornada) es porque el SNTE y los petroleros no salen bien librados de lo mismo. Eso puede explicar porque callan tirios y troyanos. Si esa fuera la moneda, se tendrían que ir contra ellos, y no pueden abrir tantos frentes al mismo tiempo (además ya el Mont dijo que de momento no se enfrentan a ellos). Pero si el SNTE y el STPRM hacen lo mismo, no hace defendible, ni tantito, al SME. Y si para la izquierda esa son prácticas deleznables, con todo, sin cuartel, contra la Gordillo y Deschamps, hasta que los destituyan y limpien esos sindicatos. La izquierda salió en defensa de las clase trabajadora. A mi me parece que la mayoría de la clase trabajadora no tiene la causa del SME. La clase trabajadora está vulnerable, empleada en las pymes y en otras áreas del gobierno, vulnerables como nadie al ciclo económico. Se perdieron cientos de miles de empleos con la crisis. Es una lástima que nadie hizo vaquita para ayudarles a llegar a fin de mes, que nadie salió en marcha para demandar su reinstalación. Ojalá me equivoque en esto.
4. Claudia dice que los vicios del SME hay que corregirse. Tan tán. A mi no me parecen vicios menores, cuya defensa vaya en el interés público o de las mayorías.
5. Esa es la verdadera cuestión. La izquierda debería estar pidiendo a Calderón que salga a explicar los contratos en las oficinas de Lozano, y la visión de mediano plazo que tienen para CFE (a esos contratos, no lo menciona Sheimbaum, el SME no se opuso de entrada, pues tenían concesiones espejo que los hacía prestadores del servicio). Lo que hay que ver es dónde radica el interés público. El gobierno esta convencido en que hay que licitar, y muy probablemente lo van a hacer. La cuestión es ver si la concesión va de acuerdo al interés público (sin respuestas preconcebidas), y ver qué arreglo institucional hay que poner entre la empresa pública o la privada. En efecto, nadie quiere otro Slim, ni otro Salinas Pliego. Hay que evitarlo a toda costa, pero tampoco queremos otra LyFC.
1. Los abogados que he visto y que han distutido el punto, como el que sale en el Reporte índigo de esta semana, han coincidido con que el decreto no es ilegal. Ese abogado en particular es mucho mas honesto al decir que el asunto, si acaso, está abierto a interpretación, y que él pensaba que el decreto no es ilegal. En honor a la verdad y a la honestidad, la Sheimbaum debería decir que su versión es sólo una, no la única.
2. También es cierto que si LyFC le paga a CFE el precio de cualquier industrial se debe a una intención de no descapitalizar a CFE (si eso es exitoso o no, admito, lo desconozco ahora, y necesitaría informarme, pero entonces, si pensamos que eso no es aceptable, preparémonos para un aumento sustancial al costo de la luz -todos, uso doméstico, uso empresarial, y uso gubernamental). De mientras, se puede decir muy bien que está desde hace décadas en el interés público el tener una industria eléctrica integrada en una sola empresa pública. A LyFC la llevan liquidando décadas, y si no han podido es por el espíritu de sobrevivencia del SME (que lo llevó a darle la espalda al movimiento democrático del STERM en los 70 y a apoyar al mismo Salinas, y luego a Colosio, en 1988 y 1994.) Si LyFC estaba descapitalizada es que estuvo décadas en liquidación, hasta que Salinas le dio vida de nuevo. La situación financiera de la empresa es sólo testigo de su redundancia. Lo dicho, desde hace mucho se sabe que al Estado le conviene una sola empresa pública.
Sobre este punto cabe decir que el SME tenía un régimen de co-gestión de la empresa que pocos sindicatos, si es que alguno, disfrutan. No son sólo "los trabajadores", sino en parte "administradores" de la empresa. Es cierto que en la junta eran minoría, pero no estaban ausentes del todo.
3. Sheimbaum no menciona que el SME creó 4 mil plazas en los últimos años "que no servían para nada", en las palabras (no exactas) de Muñoz, quien ahora marcha al lado de Esparza. Muñoz atacó con versiones que no han sido discutidas, ni desmentidas, sobre la venta de plazas. Para entrar al SME tenías que tener un familiar, recibir una recomendación, y pagar la plaza. Tal vez no fueron o son todos, pero las prácticas allí están. Entonces opera un mecanismo perverso: el SME decide quién entra a trabajar y quién no. Cada que entra alguien, entra con compromisos políticos (que se traduce en votos) y pagando una cuota. ¿Qué importa si la plaza era necesaria o no? La pagaban nuestros impuestos, pues la empresa no generaba riqueza. Se comparan los sueldos de 6mil pesos contra los de los funcionarios públicos. Adelante, que a nadie se le olvide la desigualdad que hay en este país, pero también hay que recordar que esa plaza sindical, aun sea de 500 pesos al mes, no se necesitaba. Ese arreglo sindical, por ejemplo, obligaba a LyFC comprar los medidores que el mismo SME arreglaba, a pesar de ser mucho más caros que los que hay en el mercado, y criticaba la instalación de computadoras pues desplazaba a trabajadores. Todo, con cargo a los impuestos y en detrimento del servicio. Es bien plausible que el sindicato no es el único responsable, pero de verdad que no ayudó ni tantito. Si todo es falso, que lo desmientan. Las pruebas en contra allí están, aunque demasiado dispersas.
Mejor haría esa lana pública apoyando, por ejemplo, a las PyMEs, que son las que verdaderamente crean empleo en el país. El Estado no puede ser el empleador de última instancia. Si el gobierno no atacó la red de venta de plazas y la corrupción al interno (que, insisto, el mismo Muñoz criticó, y que muchos trabajadores han mencionado en entrevistas de calle, pero que, por alguna razón, no publica La Jornada) es porque el SNTE y los petroleros no salen bien librados de lo mismo. Eso puede explicar porque callan tirios y troyanos. Si esa fuera la moneda, se tendrían que ir contra ellos, y no pueden abrir tantos frentes al mismo tiempo (además ya el Mont dijo que de momento no se enfrentan a ellos). Pero si el SNTE y el STPRM hacen lo mismo, no hace defendible, ni tantito, al SME. Y si para la izquierda esa son prácticas deleznables, con todo, sin cuartel, contra la Gordillo y Deschamps, hasta que los destituyan y limpien esos sindicatos. La izquierda salió en defensa de las clase trabajadora. A mi me parece que la mayoría de la clase trabajadora no tiene la causa del SME. La clase trabajadora está vulnerable, empleada en las pymes y en otras áreas del gobierno, vulnerables como nadie al ciclo económico. Se perdieron cientos de miles de empleos con la crisis. Es una lástima que nadie hizo vaquita para ayudarles a llegar a fin de mes, que nadie salió en marcha para demandar su reinstalación. Ojalá me equivoque en esto.
4. Claudia dice que los vicios del SME hay que corregirse. Tan tán. A mi no me parecen vicios menores, cuya defensa vaya en el interés público o de las mayorías.
5. Esa es la verdadera cuestión. La izquierda debería estar pidiendo a Calderón que salga a explicar los contratos en las oficinas de Lozano, y la visión de mediano plazo que tienen para CFE (a esos contratos, no lo menciona Sheimbaum, el SME no se opuso de entrada, pues tenían concesiones espejo que los hacía prestadores del servicio). Lo que hay que ver es dónde radica el interés público. El gobierno esta convencido en que hay que licitar, y muy probablemente lo van a hacer. La cuestión es ver si la concesión va de acuerdo al interés público (sin respuestas preconcebidas), y ver qué arreglo institucional hay que poner entre la empresa pública o la privada. En efecto, nadie quiere otro Slim, ni otro Salinas Pliego. Hay que evitarlo a toda costa, pero tampoco queremos otra LyFC.
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