Un texto de 2015 Sobre la ley de aguas nacionales

Hace dos años los amigos de Paradigmas me invitaron a colaborar con la revista con un texto sobre la Ley de Aguas Nacionales, que en ese entonces se discutía.

Como saben, la Ley, impulsada en parte por Korenfeld, el entonces director de CONAGUA, se frenó, y Korenfeld mismo tuvo que dejar su cargo después del asunto del helicóptero.

Las discusiones sobre la reforma a la Ley vigente, por demás necesaria, se pueden retomar en cualquier instante, y este textito no pierde vigencia...

Aquí la liga al texto original


Ley General de Aguas: poca hidrología, mucha hidráulica
Carlos A. López-Morales (1)


La Gaceta Parlamentaria publica en su edición del 5 de marzo el dictamen para expedir la Ley General de Aguas que abroga a la Ley de Aguas Nacionales vigente. Tanto por el modo en que fue presentada y votada en Comisiones cuanto por algunos aspectos de su contenido, este dictamen generó muy rápido un abanico de críticas y de oposición entre no pocos académicos, miembros de ONGs, y sociedad civil más o menos organizada. Por ejemplo, en sólo 5 días, fin de semana entremedio, se juntaron varios miles de firmas en clara oposición, y diversos medios electrónicos han divulgado un conjunto numeroso de opiniones dominado por las que se ubican en oposición: las voces a favor apenas se logran escuchar entre la ruidosa rebambaramba, ya por tímidas, ya por escasas.


El 9 de marzo se anunció que la discusión y votación en el pleno de los Diputados (programadas para el día siguiente) se suspendía “el tiempo que fuera necesario” para evitar malos entendidos. Y mientras aquellas cartas de protesta han sido citadas por algunos medios para explicar, al menos en parte, dicha suspensión, lo cierto es que el Senador Beltrones hizo referencia explícita, más no nominal,  a “políticos demagogos” que querían aprovechar para impulsar protestas. En efecto, estaba convocada para ese día una de ellas en San Lázaro contra la “privatización del agua”, aunque llamaba a ella un conjunto más bien diverso de organizaciones.


¿En qué consiste, pues, la nueva Ley que ha motivado tanta oposición? Aunque un examen a detalle escapa a los propósitos de esta breve nota por la complejidad del asunto, se presenta aquí un resumen breve de la situación hídrica nacional a modo de resaltar algunas cuestiones que deberían ser abordadas por una Ley medianamente adecuada, para luego discutir el modo en el que están contempladas en el Proyecto de Ley. Finalmente se discuten otras características generales de dicho Proyecto, así como algunas de sus posibles consecuencias.


Breves del desastre hídrico nacional


En México, como en muchos países del mundo, hablar de agua es hablar de alimentos. La irrigación agrícola reclama el 77% de las concesiones nacionales, y dicho uso domina en casi todas las 13 regiones hidrológico-administrativas del país. Además, predominan las técnicas de riego menos eficientes: en una cuenta, las de inundación por gravedad están en el 95% de la superficie irrigada, mientras que el restante se divide entre métodos de aspersión y por goteo. Este portafolio tecnológico se podría explicar por el esquema que, por un lado, monitorea mal los volúmenes concesionados y, por otro, establece una tarifa cero al agua de irrigación. Como resultado, mientras las concesiones agrícolas han crecido 20% y la disponibilidad per cápita ha caído 13% en el periodo 2001-2012, el ingreso por agua de riego, lejos de incrementarse, ha representado una fracción prácticamente despreciable y tendencialmente decreciente de la recaudación total de la CONAGUA (ver Figura 1).


Figura 1. Mala economía: concesiones agrícolas, recaudación por tarifas de riego, y disponibilidad per cápita (México, 2001-2012)


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Nota: “Recaudación por riego” se refiere al ingreso por multas cuando se excede el volumen concesionado, e inicia en 2001 en 216 mdp, equivalentes al 2.1% de la recaudación total de la CONAGUA (eje derecho). Por su parte, en 2001 la disponibilidad per cápita fue de 4,238 m3/hab/año y las concesiones agrícolas fueron 52.6 km3. Ambas variables se muestran en índices (2001=100) y todas las unidades monetarias utilizadas son a precios constantes de 2012.
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA (2013).


Este esquema implica una monumental transferencia de recursos públicos hacia la agricultura de riego que, además, se distribuye casi en su totalidad entre las unidades económicas rurales (UERs) mejor posicionadas en el mercado (con extensiones promedio superiores a las 140 hectáreas), y no entre las unidades campesinas o ejidales de autosuficiencia o con frágil acceso al mercado (con extensiones menores a las 10 hectáreas). Utilizando la fórmula de T. Schelling, aunque en contexto distinto: “como Robin Hood, pero al revés”. Este esquema desigual, además, resulta ambientalmente devastador. Mientras que prácticamente 1 de cada 4 acuíferos del país ya está comprometido bajo intrusión salina, sobreexplotación, o salinización de suelos, señaladamente en las cuencas centrales del norte y en las del centro del país, alrededor del 50% del territorio nacional exhibe “alta” o “muy alta” alteración ecohidrológica de ríos, y sólo en 14% es dicha alteración “muy baja”. En suma: la explotación de los recursos hídricos bajo la Ley vigente es técnicamente ineficiente, socialmente desigual, y ambientalmente no sustentable.


Algunos principios rectores de una Ley adecuada

Los cambios deseables se pueden agrupar en dos fundamentos no desconocidos en la literatura de agua. El primero se basa en el reconocimiento de la dimensión económica del recurso. Este reconocimiento ha sido malinterpretado recientemente como si implicara ineludiblemente su conversión en un bien privado administrado por mercados no regulados y, por tanto, la negación del derecho humano a su acceso. Pero lo cierto es que el agua es más frecuentemente un factor de la producción que un bien de consumo final, como indican los datos para México, y mientras el manejo actual favorece su dispendio en fórmulas socialmente desiguales y técnicamente ineficientes, las condiciones presentes y futuras indican escasez creciente. El segundo fundamento tiene que ver con la transición de lo que los especialistas en agua llaman el camino “duro” hacía el  “suave”, que no es sino juego literario para lo que los economistas llaman políticas de oferta y de demanda, respectivamente. Los siguientes puntos se inspiran en ambos principios.


  • Actualización de las tarifas de agua, pero señaladamente las del agua de irrigación. Las tarifas de irrigación deben formar parte de una estrategia orientada a cambiar el portafolio de tecnologías de irrigación y a motivar decisiones de uso acordes con la situaciones de escasez absoluta o relativa dominantes en el país, al tiempo de revertir la regresiva transferencia de recursos asociada al subsidio completo vigente. Pequeñas ganancias de eficiencia en éste ámbito se pueden traducir en volúmenes ahorrados difícilmente alcanzables por mejoras en ámbitos industriales o domésticos.
  • Monitoreo y flexibilización del régimen de concesiones. Se debe promover la participación y gobernanza locales en fórmulas varias para descentralizar las tareas de medición de volúmenes y monitoreo de concesiones. Los volúmenes concesionables, además, deben fluctuar a la par de declaratorias de disponibilidad contingentes a la variabilidad climática, y el régimen debe descontar los volúmenes de demanda ambiental, o caudal ecológico, que ya está normado en la legislación vigente. La flexibilización debe eliminar instrumentos como la cuota de garantía y promover la transmisión de derechos de agua por medio del fortalecimiento de los llamados “bancos de agua”, ya contemplados en la Ley vigente, y de las organizaciones a diversos niveles de cuenca (Comités, Consejos, etc.).
  • La administración de los organismos operadores de agua debe promover la inventiva local y permitir diversos arreglos institucionales para fomentar la participación de las comunidades involucradas y promover la vinculación financiera entre proveedores y consumidores de servicios ambientales. En este contexto, la iniciativa privada puede incluirse por plausibilidad pero no por principio, y siempre bajo esquemas de regulación muy claros. En todo caso, el mandato fundamental de dichos organismos debe ser muy claro: el suministro de agua potable en cantidad y calidad suficientes a la población. Se debe eliminar de raíz el problema de confianza (a veces muy fundado) sobre la calidad del suministro potable en zonas urbanas que, dicho sea de paso, hace que el consumo per cápita de agua embotellada en México sea el mayor en el mundo.


La Ley proyectada


¿Qué es lo que se promueve en la Ley proyectada respecto los tres ámbitos de acción descritos arriba?


  • Política tarifaria etérea. Mientras la Ley actual vincula explícitamente a la Ley Federal de Derechos para el establecimiento de las tarifas relativas a los usos contemplados, el Proyecto de Ley no contiene dicha vinculación. En cambio, navega en la ambigüedad: descentraliza la fijación y recolección de tarifas a los ámbitos estatal y local, aunque sin detallar lo relativo al pago de derechos de las concesiones para los usos económicos contemplados. Su Título Décimo habla de una política tarifaria “óptima” (¿respecto a qué? ¿para quién?) y enuncia una serie de tópicos que dicha política “podrá” (i.e., no “deberá) incluir (desde la sustentabilidad ambiental hasta la capacidad de pago del usuario). Todo ello con objeto de lograr la “sustentabilidad financiera” del “sector de los recursos hídricos”, sector que nunca aparece definido en el glosario de la Ley. Con todo, pareciera que la CONAGUA renuncia a la recolección central de tarifas por uso económico y, más bien, lo descentraliza en un nubarrón sin reglas claras.

    En dado caso, sería deseable que la CONAGUA establezca los mínimos tarifarios para todo el país (actualizando las 9 zonas de disponibilidad a nivel municipal, que brindan un detalle local estupendo, y actualizando las tarifas para todos los usos, primordialmente eliminando el subsidio al agua de irrigación) y luego deje que estados y municipios establezcan esquemas tarifarios adicionales si así lo consideran pertinente. Los recursos federales generados pueden ayudar a financiar, por ejemplo, programas nacionales de reconversión tecnológica en irrigación, mientras que los recursos estatales o municipales pueden utilizarse en diversos programas de conservación de acervos forestales o de expansión de la infraestructura de tratamiento de flujos residuales.
  • Política de concesiones de tubos y cemento. El proyecto es muy claro: importa de la Ley vigente casi todo lo relativo a las concesiones con un par de adiciones menores y una colosal. Las dos menores podrían ser positivas: una establece el caudal ecológico y el desequilibrio ambiental como causales de restricción de concesión, al tiempo de incluir al primero en el plano de la “Planeación Hídrica Nacional”; otra detalla los mecanismos para la transmisión de derechos de concesión, que apenas están mencionados en la Ley previa. Pero mientras la transmisión de derechos debiera ser “intra-uso”, por así decir, la Ley contempla mecanismos para transmisiones “inter-uso”, por ejemplo de uso agrícola a urbano, lo que brinda un respaldo a la desastrosa urbanización errática dominante en el país. Estas adiciones pueden ser contraproducentes si no eliminan la cuota de garantía y no fortalecen a los bancos de agua, que representan el instrumento natural para implementar adecuadamente la política de concesiones con criterios locales y con visión de cuenca.

    La adición colosal tiene que ver con el trasvase intercuenca, que ademas se incluye absurdamente como causa de utilidad pública, como si fuera un fin en sí mismo, allí junto al equilibrio ecológico y el derecho humano al agua. Los trasvases permitirán que se otorguen concesiones en una cuenca sobre el agua generada en otra, y podrán ser construidos por la Federación “en beneficio de los concesionarios”, por los concesionarios mismos, o por alguna combinación público-privada. Así, por ejemplo, para citar el ejemplo de moda, si una gasera pretende extraer de un acervo de lutitas en zona sin disponibilidad, la CONAGUA puede emitirle una concesión sobre el agua de la cuenca vecina e incluso cooperar para construir el trasvase requerido. Además, al considerar el trasvase de “utilidad pública”, la Comisión podrá poner vedas en la cuenca de origen para restringir otros usos y darle prioridad.

    Trasvases existen ya en México (señaladamente el Cutzamala y los polémicos en los ríos Yaqui y Pánuco), y no sólo no resuelven los problemas de suministro de un modo sustentable, sino que los trasladan hacia el futuro generando costos nunca despreciables en las cuencas-origen. Sin duda, es de llamar la atención que el trasvase se incluya en la Ley de este modo, como si se buscara su generalización enmarcada en una supuesta administración sustentable del agua. A final de cuentas, esta inclusión demuestra que todavía dominan los “ofertistas” en el diseño de la política hídrica nacional: los trasvases intercuenca, junto con la grandes obras hidráulicas, son botón de muestra del llamado “camino duro”, ese que habría que abandonar decididamente en pos de un verdadero manejo sustentable del agua.
  • Derecho humano al agua: apenas. La Ley proyectada incluye un título relativo a este derecho, que se incluyó en 2012 en el Art. 4 de la Constitución. Mantiene el carácter municipal de la prestación de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y hereda de la Ley vigente la posibilidad de concesionar dicha prestación a la iniciativa privada, lo que de suyo no es novedad, aunque no quedan claros los mecanismos que promueven la participación comunitaria. Se establece la obligación de asegurar el acceso y de suministrar el mínimo vital, fijado en 50 lts. por persona, el cual corresponde, a su vez, al piso de lo determinado por la Suprema Corte, cuyo techo es de 100 lts. por persona.

    Mientras que el Proyecto de Ley contempla la fijación local de tarifas para el uso público con miras a la autosuficiencia financiera de dicha provisión, lo que es en principio positivo, hubiera sido deseable que se explicitara la vinculación para ello entre los organismos operadores (en calidad de consumidores) y los propietarios de acervos naturales provisores de servicios ambientales-hidrológicos (en calidad de oferentes), con el fin de promover la conservación de éstos últimos. Queda por ver si la reglamentación de la Ley establece mecanismos claros de monitoreo y sanción para asegurar que el suministro de agua potable mejore sustancialmente en términos de eficiencia de uso y de confianza de los usuarios finales.


En suma, el Proyecto de Ley intenta resolver por lo mínimo la dilación legislativa de más de un año después de la reforma constitucional asociada al derecho humano al agua, y en lugar de aprovechar para reformar por fin los esquemas tarifario y de concesiones, apenas los toca para incluir la declaración del trasvase como de utilidad pública. Esto representa una verdadera desviación respecto del manejo sustentable del agua, que reclama urgentemente andar por el “camino suave” (tarifas, eficiencia de uso, gobernanza, manejo integral de cuenca, etc.) en lugar de insistir en el agotado “camino duro” (tubos, acueductos, presas, etc.). Sería de mucha utilidad que la legislación prestara atención a la iniciativa ciudadana, pues contiene una propuesta informada y detallada a este respecto. Con todo, la oposición al proyecto de Ley General de Aguas no debe basarse en criterios ideológicos ni en una defensa de la Ley de Aguas Nacionales vigente: el esquema institucional actual ha provocado un desastre administrativo y ambiental que tiene que modificarse sustancialmente, incluyendo modificaciones en el comportamiento cotidiano de los usuarios, algunas de las cuales podrán resultar dolorosas.

Notas:



  1.   Facultad de Economía, UNAM. Correspondencia: carlos.a.lopez@comunidad.unam.mx Twitter: @calm77 Web: econecol.googlepages.com 
  2. Anexo II de la Gaceta Parlamentaria núm 4228-II. Disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/mar/20150305-II.pdf 
  3. Para el día previo a la votación programada, la carta promovida por la llamada Unión de Cientìficos Comprometidos con la Sociedad ya había recolectado 1,000 firmas de académicos, investigadores, consultores, estudiantes etc., mientras que la carta promovida en Avaaz por Agua Para Todos tenía alrededor de 4,000 firmas de la sociedad civil, aunque en ambos casos es difícil validar su unicidad. A la primera se puede acceder en http://goo.gl/xcB9kR, y a la segunda en http://goo.gl/tqaW3D. 
  4. Una breve definición de estas regiones se puede ver en http://www.conagua.gob.mx/atlas/contexto07.html. El abastecimiento público (para diversos usos, incluido el doméstico, a través del suministro en redes municipales) reclama el 15%, la industria autoabastecida (es decir, no conectada a redes municipales pero sí directamente a fuentes de agua) el 4%, y la producción consuntiva de electricidad (es decir, excluyendo hidroenergía) un 5% adicional. La desagregación regional de estos datos se puede ver en las publicaciones anuales de CONAGUA, que por lo general tienen un detalle muy aceptable. El reporte de 2013 se puede obtener en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf 
  5. Datos de la FAO para años diversos entre 1997 y 2009 (ver http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/cf/readPdf.html?f=MEX-CF_eng.pdf). Esta distribución de tecnologías es relevante pues la primera tiene eficiencia promedio de aplicación en parcela de 60%, la segunda de 75% y la tercera de 90% (ver http://www.fao.org/docrep/t7202e/t7202e08.htm). Ver Ley Federal de Derechos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107_301214.pdf. Dicha Ley contempla tarifas positivas para irrigación sólo si el uso ha excedido el volumen concesionado (ver Figura 1).
  6. CONAGUA (2013), Estadísticas del Agua en México, Edición 2013, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, DF. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf.
  7. Por ejemplo, si se cobrara un valor equivalente a la multa a la irrigación en exceso contemplada en la Ley Federal de Derechos (muy menor, por lo demás: $0.16/m3) sobre los 63.4 km3 de concesión agrícola total de 2012, se recaudarían más de 10 mmdp, casi duplicando la recaudación total anual de la CONAGUA. 
  8. Ver el diagnóstico sectorial, en particular el capítulo 3, preparado por la FAO y SAGARPA en 2012 y disponible en http://smye.info/cuestionario_final/diagnostico/. 
  9. Ver CONAGUA (2013).
  10. Ver Garrido, A. et al (2010), “El estado de alteración ecohidrológica de los ríos en México”, en Cotler, H, coord., Diagnóstico y priorización de las cuencas hidrográficas en México, Instituto Nacional de Ecología. Disponible en http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/639/alteracion.pdf. 
  11. Imposible no notar que la provisión de alimentos, no menos indispensable para la vida, escapa del radar anti-privatización, y eso que ocurre a través de la producción por privados en mercados no regulados o intervenidos con esquemas productivistas que no atienden ninguna agenda de derechos humanos. 
  12. Ver, por ejemplo, http://pacinst.org/issues/sustainable-water-management-local-to-global/soft-path-for-water/ 
  13. Ver http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/NMX-AA-159-SCFI-2012.pdf.
  14. En México se consumen alrededor de 250 litros embotellados por persona al año (casi 5 a la semana), muy por encima del segundo lugar, Italia (190 litros anuales por habitante), para regocijo de las embotelladoras. Esto implica que el mercado mexicano de dicho producto está en términos absolutos sólo por debajo del de Estados Unidos y el de China, sin descontar la población o la diferencia de ingreso. (ver http://www.bottledwater.org/files/2011BWstats.pdf). Diversas estimaciones sugieren que el precio del litro embotellado puede ser hasta 1,000 veces superior al equivalente suministrado en la red municipal.
  15. Dicha iniciativa se ha elaborado durante algunos años por un conjunto amplio de organizaciones no gubernamentales, académicos, y miembros de la sociedad civil. La propuesta de Ley se puede acceder aqui http://aguaparatodos.org.mx/la-iniciativa-ciudadana-de-ley-general-de-aguas/, y un cuadro comparativo entre dicha iniciativa y la Ley General de Aguas se encuentra aquí http://aguaparatodos.org.mx/iniciativa-conagua-vs-iniciativa-ciudadana-ley-general-de-aguas/ 




Goldman Environmental Prize 2015





Goldman Environmental Prize Winner Marilyn Baptiste led a broad coalition to stop a proposed copper/gold mine near her home.The mine would have destroyed two lakes that are both spiritually important to the Xeni Gwet'in First Nation and sources of food. Watch this video, then read her story:  http://bit.ly/1K02Sme
Posted by EARTHWORKS on Tuesday, April 21, 2015
Marilyn Baptiste organizó a su comunidad para oponerse a la mina (que era abierta, que drenaba el lago). La minera presionaba y mandaba equipo a la zona, y en ocasiones era Marilyn la única que bloqueaba la carretera. (A one-woman road block). Al final, ella y su comunidad ganaron! Claro que es muy admirable y aleccionador! Como lo es también la plataforma institucional que permitió a Marilyn y su comunidad elevar su voz y ser escuchados.

En países como los nuestros no sé si tendrían tanta suerte, como atestiguan los activistas ambientales asesinados o encarcelados... (Recuerden el Goldman Prize de 2000, me parece, a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos defensores de bosques en México, que recibieron el premio encerrados en alguna cárcel rural mexicana... Y recuerden a Juventina Villa y Fabiola Osorio, activistas ambientales defensoras de bosques y manglares asesinadas en guerrero, cuyos crímenes siguen impunes.)

Moraleja: “Nosotros tenemos que ganar siempre,  ellos sólo tienen que ganar una vez” David Brower, ambientalista estadounidense,  sobre la defensa de los ecosistemas ante los desarrolladores de infraestructura

Sobre la política ambiental y los peligros del cambio climático

Aquí un texto que preparé el año pasado para Otros Artificios. Esta es la versión con la que mejor me siento.

Sobre la política ambiental y los peligros del cambio climático

Carlos A. López-Morales
(Octubre, 2014)

“Nosotros tenemos que ganar siempre,
ellos sólo tienen que ganar una vez”
David Brower, ambientalista estadounidense,
sobre la defensa de los ecosistemas ante
los desarrolladores de infraestructura

En recuerdo de Juventina Villa y Fabiola Osorio,
defensoras de bosques y manglares
asesinadas en el Estado de Guerrero

En solidaridad con Julia Carabias

La actual administración federal transita ya el segundo año de gobierno y suficientes elementos existen a la luz para diferenciar el enfoque de política ambiental con respecto a administraciones anteriores. Para decirlo rápido, representa un retroceso que resulta preocupante a la luz de los no pocos síntomas de la crisis ambiental por la que ya atraviesa el país. Para entender las diferencias con las administraciones previas, el desarrollo de la política ambiental mexicana se puede dividir en tres grandes fases. La primera se inaugura con cierta novedad legislativa e institucional –la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección Ambiental se promulgó en 1988 y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca se creó en 1994– y continúa hasta el cierre de siglo con la creación de un aparato legal e institucional destinado a cuestiones ambientales de forma sectorizada: se crean, entre otras dependencias, las comisiones nacionales del agua, de aprovechamiento y conservación de la biodiversidad, de las áreas naturales protegidas, una procuraduría para delitos ambientales, y algunos institutos de investigación científica, como el de ecología o el de tecnología del agua.

La segunda fase se inaugura con la alternancia partidista y se puede caracterizar, primero, porque en los planes de desarrollo panistas los objetivos ambientales compartían jerarquía con los económicos, al menos en el papel en el que estaban impresos, y segundo, por una relativamente destacada presencia internacional en los asuntos protocolarios de cambio climático. El colofón de esta segunda etapa ocurre en el último año del calderonismo, cuando se promulga la Ley General de Cambio Climático (LGCC) que, entre otras cosas, establece metas de reducción de emisiones de gases-invernadero para las próximas dos décadas como objetivo central de la política ambiental. La administración peñanietista hereda este esquema y le añade las nociones de crecimiento y economía verdes, cuya claridad conceptual y de implicaciones en el diseño de política pública aún está por definirse, incluso en la arena internacional. Pero la tercer fase, y el retroceso que representa, se observa bien en dos documentos clave de esta administración: los planes de desarrollo y el sectorial de medio ambiente. El primero subordina los objetivos ambientales a los económicos; el segundo exhibe, a raíz de la LGCC, una inversión conceptual en la que la agenda ambiental parece estar contenida en la problemática climática.

El enfoque peñanietista de política ambiental, así caracterizado, resulta preocupante por dos razones
principales: porque hace de ésta un accesorio de la política de impulso al crecimiento o, como dicen lo ambientalistas, un masivo ejercicio de greenwashing que pone careta verde al gris desarrollo del capitalismo mexicano, y porque, a pesar de las muchas novedades y aciertos legislativos e institucionales de los últimos 25 años, los logros de la política ambiental son claramente insuficientes a la luz de la intensificación paulatina de la crisis ambiental por la que atraviesa el país. La evidencia de esto último está por doquier, y va desde la crisis hidrológica en las cuencas más importantes, incluye la crisis urbana provocada tanto por la pésima planeación territorial (como es evidente a raíz de los huracanes de 2013 Ingrid y Manuel) cuanto por el patrón de movilidad basado en la motorización privada, hasta la fragmentación y deterioro de las coberturas vegetales más importantes en términos del portafolio de servicios ambientales que proveen. Todo ello provoca que el patrón de desarrollo de la última década es tal que la relación de costos ambientales y crecimiento del PIB es de casi 4 a 1: por cada peso que se añade al PIB se generan en promedio costos ambientales equivalentes a casi cuatro.Y, como si eso no fuera ya alarmante, hay que añadir que esa contabilidad ambiental no incluye una valoración comprehensiva del deterioro generalizado de los ecosistemas nacionales. Es muy probable que la relación sea mayor.

Todo esto ha servido de contexto acumulado que, de cierta forma, le ha brincado a la administración peñanietista en los últimos meses con seis desastres naturales ocasionados por derrames industriales: sulfato de cobre en el Río Sonora por la minería de Grupo México, cianuro de la minera Proyecto Magistral en El Oro, Durango, un derrame de crudo y dos de gasolina de Pemex en el Río San Juan de Nuevo León, en los manglares tabasqueños de Huimanguillo y en la veracruzana Tierra Blanca, respectivamente, todos asociados en la historia oficial a tomas clandestinas, y ecocidio costero por las aguas residuales de la ciudad y la industria de Mazatlán. En todos los casos queda muy evidente el pésimo desempeño en materia de responsabilidad social y ambiental del capitalismo mexicano privado o estatal: mientras Grupo México, a la sazón dueño de la trágica Pasta de Conchos y beneficiario principal de un régimen fiscal increíble que no cobra royalties a las explotaciones mineras, culpó del derrame a lluvias que llamó “atípicas”, tal vez por inexistentes, Pemex ha dicho poco más que “deslindará responsabilidades” en escuetos comunicados que más bien parecen burlas a la rendición de cuentas.

A ese pésimo desempeño empresarial se añade la ausencia de una plataforma institucional que, primero, inspeccione el cumplimiento de las leyes ambientales que tanto aplauso internacional le han traído al ejecutivo (hay inspección ambiental en sólo una fracción menor de las explotaciones mineras) y, segundo, elimine la discrecionalidad y sea capaz de relacionar una línea base biofísica con los impactos económicos negativos a fin de establecer multas y castigos acordes con el daño ambiental, como es evidente con los montos absurdos de la multa monetaria que circularon después del derrame de Grupo México (entre 3 y 40 millones de pesos): al final, después del escándalo que esos montos ocasionaron y después del estira y afloja entre Germán Larrea, dueño de la minera, y Presidencia, SEMARNAT estableció un fideicomiso de 2 mmdp (aunque no hay ninguna explicación sobre el porqué de esa cantidad) a cargo de las cuentas de Grupo Mexico para hacer frente a las contingencias ocasionadas por el derrame y cubrir costos de remediación. Y aún si el fideicomiso tuviera orden de magnitud adecuado, aún está por verse si la ministración de recursos entre entidades de diversos órganos y niveles de gobierno y de distintos colores partidistas opera eficientemente.

Pero la pésima procuración de justicia ambiental no sólo se manifiesta en la tolerancia a un terrible desempeño ambiental del capitalismo mexicano, sino incluso en materia del ejercicio de los derechos políticos del activismo ambiental. Mientras no se ven intenciones por traer justicia a los crímenes pasados contra activistas ambientales, muchas veces perpetrados por el ejército o la policía, resulta evidente que la represión también viene de otros lados, los cárteles de la droga incluídos, y que ya no discrimina: se intimida tanto a activistas campesinos que defienden bosques de las madereras canadienses cuanto a ex-secretarias de estado que ahora trabajan para conciliar el terrible embrollo que es la conservación y el desarrollo local, aun si afecta, por lo que se ve, a intereses económicos que reaccionan de modo violento e ilegal. Y al mismo tiempo que la directora de Natura Ecosistemas Mexicanos estaba secuestrada en la selva chiapaneca, el presidente y el secretario de medio ambiente celebraban, en medio de un aparatoso operativo de seguridad que involucró a la marina, el enlace matrimonial del senador conocido como “el niño verde”, el mismo que ha sido acusado de corrupción desde la franquicia familiar que es el Partido Verde mexicano.

Así pues, la política ambiental mexicana transita con Peña Nieto en una tercer fase preocupante: mientras la crisis ambiental es tan evidente como lo es su impacto negativo en la calidad de vida de la población mexicana, la administración federal reordena la aún insuficiente política ambiental priorizando la problemática climática, al tiempo que la operación de sus instrumentos administrativos de monitoreo y penalización parecen aún muy subordinados al momento político y a las negociaciones partidistas. Pero tal vez no es posible esperar otra cosa mientras la aún inmadura democracia mexicana no solicite con fuerza un mejor desempeño: el activismo ambiental mexicano es poco frecuente, poco estructurado y, por eso, políticamente débil. Un camino que permite esperar mejores cosas en el futuro pasa por que el portafolio de demandas ambientales se integre a otras demandas sociales más tradicionales para integrar una agenda que podría denominarse como de ecología humana: mejor espacio de trabajo, mejor alimentación, mejor remuneración salarial, y mejor educación en un esquema social ambientalmente sustentable. Se trata, para decirlo con Sacristán, de integrar a los colectivos que buscan sociedad justa con los que buscan tierra habitable. Tal vez la multitudinaria marcha de Septiembre de 2014 en Nueva York, que coordinó brazo con brazo a activistas ambientales con sindicatos obreros para demandar acción del gobierno contra el cambio climático, ya ilumina un poco el camino que habría que recorrer.

Refundando la economía ecológica

El gran Clive Spash, y la complejidad de estar y no estar de acuerdo.

Spash ha publicado un artículo sobre la necesidad de refundar la economía ecológica.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092180091200050X

Aquí, por ejemplo, estoy al 100 de acuerdo: "In part this requires establishing serious interdisciplinary research to replace superficial transdisciplinary rhetoric."

¿Qué duda cabe?

Aquí, la siguiente frase, no me gusta nada: "The argument places the future of ecological economics firmly amongst heterodox economic schools of thought and in ideological opposition to those supporting the existing institutional structures perpetuating a false reality of the world's social, environmental and economic systems and their operation."


Mientras la primer frase es científica, positivista, útil, y demás, la segunda es claramente ideológica e inútil. Las escuelas "heterodoxas" de pensamiento económico no han ofrecido buena ciencia: están demasiado ocupadas distanciándose del "mainstream" como para ponerse a hacer buena práctica de investigación (eso aplica a las explícitamente "heterodoxas", pues hay algunos heterodoxos que consideran que la behavioral economics, por ejemplo, es "heterodoxa", y eso refleja que no han entedido nada).

La economía ecológica, si es que tiene futuro (como creo que lo tiene), debe ser abiertamente científica, positivista (ie., hacer preguntas sobre el "mundo real", tener objetivos claros respecto al "mundo real" -sustentabilidad, por ejemplo-, ofrecer métodos aplicables y replicables en el "mundo real", y formular políticas y otras intervenciones en el "mundo real"). Plantear una tarea ideológica a una disciplina científica ha sido el error de no pocos cuerpos de pensamiento en el pasado (uno muy famoso, como famoso debiera ser su fracaso,  el "materialismo histórico" y el "materialismo dialéctico"). Y como si eso fuera poco, pensar que hay escuelas de pensamiento económico que "apoyan las estructuras que perpetúan una falsa realidad social, económica y ambiental" traslada "la culpa", por llamarle de algún modo, a los teóricos y la descarga de los políticos, lo que es una confusión terrible.

Moraleja:  No hay una sola práctica para cada teoría....

Huella hídrica de cadenas de suministro y patrones de consumo en México

Va un borrador sobre huella hídrica en cadenas de suministro en México preparado para el blog de materiales de difusión del IGS.


Sobre huella hídrica en cadenas de suministro  y patrones de consumo en México

Carlos A. López-Morales
Investigador postdoctoral
Instituto Global para la Sostenibilidad
EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey

El concepto de huella hídrica mide el volumen de agua utilizado directa o indirectamente en el ciclo de vida de un bien de consumo particular. El ciclo de vida se refiere, en términos generales, a las etapas de producción, consumo y disposición final no sólo del bien de consumo en cuestión, sino también las correspondientes a los insumos necesarios para su producción. Debido a su complejidad técnica, es común la elaboración de estudios de huella hídrica de diferente alcance, por ejemplo enfocándose únicamente en las fases de producción. Esta tarea puede llevarse a cabo, además, con herramientas económicas relativamente sencillas y de bajo costo de aplicación, como de hecho sucede con las de la economía insumo-producto.  Estas herramientas dependen de una base de datos, llamada matriz insumo-producto, que suelen ser publicadas por las dependencias estadísticas oficiales.

En el caso de México, el INEGI ha publicado periódicamente dichas matrices desde los años setenta, aunque con una larga interrupción de veinte años. Las últimas dos matrices oficiales corresponden a los años 2003 y 2008.  Las herramientas insumo-producto permiten el cálculo de los requerimientos directos e indirectos de insumos producidos o no-producidos para la satisfacción de un patrón determinado de consumo. Por esta razón, es posible probar en principio que las técnicas basadas en la economía insumo-producto arrojan resultados idénticos a las metodologías tradicionales del análisis de ciclo de vida, por lo general basadas en la elaboración de surveys exhaustivos y que tienen costos de implementación mucho mayores.  Así pues, este documento exhibe cómo mediante algunos cálculos es posible aproximar la huella hídrica asociada a los patrones de consumo observados en la economía mexicana.

Patrón de consumo en México

¿Cómo se distribuye el gasto de la economía entre los diferentes bienes de consumo en México?[1] Para responder esta pregunta de forma sencilla podemos agregar los bienes y servicios de consumo final en 15 categorías generales, y luego medir su participación porcentual en el total de demanda final. La Tabla 1 muestra el resultado a partir de la información económica disponible. Como se ve, la mayor participación de demanda final se agrupa en los servicios (sectores 11-15), con un 56% dominado, a su vez, por los sectores de Comercio y Servicios Sociales. La industria manufacturera (sectores 7-10) es responsable por un 24% de los bienes de consumo final, dominada por los Alimentos Procesados y la Manufactura Pesada. La industria de la construcción representa el 13% de la demanda final y agrupa buena parte del gasto en inversión física de la economía. Por último, como se ve, el sector agropecuario, a la sazón el mayor demandante de recursos hídricos, apenas satisface el 2.5% de la demanda final mexicana.

Tabla 1. Participación de los sectores económicos en el patrón de consumo mexicano

Sector
% en la demanda final
1
Agricultura
1.1
2
Pecuario
1.3
3
Petróleo y gas
2.6
4
Mineria no petrolera
0.8
5
Generación eléctrica
1.4
6
Construcción
13.0
7
Alimentos procesados
11.4
8
Manufactura ligera
2.9
9
Química y plásticos
0.0
10
Manufactura pesada
9.6
11
Comercio
13.6
12
Transporte
8.8
13
Servicios no-financieros
2.8
14
Servicios financieros
11.7
15
Servicios sociales
19.4
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014).

¿Cuál sector económico tiene la mayor huella hídrica en México?

Haciendo uso de las técnicas insumo-producto es posible realizar dos cálculos de interés. Primero, se puede estimar la huella hídrica en la que incurren los 15 sectores económicos para satisfacer el patrón de consumo mexicano. Esta huella hídrica se mide en volumen de agua (hectómetros cúbicos, por ejemplo, Hm3)  utilizado por la economía para satisfacer un millón de pesos de demanda final ponderado por las participaciones sectoriales mostradas en la Tabla 1. Segundo, se puede medir la distribución de la huella hídrica de algún sector particular en su cadena de suministro, aquí representada por los 15 sectores en los que se ha agregado a la economía mexicana. Esta distribución mide el volumen de agua utilizado por cada sector para satisfacer un millón de pesos de demanda final del sector de interés. La Tabla 2 muestra precisamente estos dos cálculos.

Tabla 2. Huella hídrica de los sectores económicos y distribución sectorial de la huella hídrica del sector Alimentos Procesados
Huella hídrica
Distribución sectorial de la huella hídrica de Alimentos Procesados
Sector
Hm3/millón pesos 1
Hm3/millón de pesos 2
1
Agricultura
4.8
44.6
2
Pecuario
1.8
0.7
3
Petróleo y gas
0.1
0.0
4
Mineria no petrolera
0.1
0.0
5
Generación eléctrica
0.7
0.5
6
Construcción
1.3
0.0
7
Alimentos procesados
11.8
1.4
8
Manufactura ligera
0.5
0.1
9
Química y plásticos
0.0
0.1
10
Manufactura pesada
1.4
0.1
11
Comercio
1.4
0.8
12
Transporte
1.1
0.3
13
Servicios no-financieros
0.4
0.1
14
Servicios financieros
1.0
0.2
15
Servicios sociales
2.0
0.4





















Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014).
Notas: 1) Mide hectómetros cúbicos utilizados por la economía para satisfacer las participaciones de cada sector en la demanda final, mostradas en la Tabla 1. 2) Mide hectómetros cúbicos utilizados por los sectores económicos para satisfacer un millón de pesos de demanda final del sector de Alimentos Procesados.

La primer columna muestra el volumen de agua utilizado por la economía para satisfacer un millón de pesos de demanda final ponderado por las participaciones de cada sector en el patrón de consumo mexicano. Como se ve, el sector económico que tiene la mayor huella hídrica es el de Alimentos Procesados, seguido lejanamente por los sectores agrícola y de servicios. Hubiera sido esperable que el sector agropecuario mostrara la mayor huella hídrica, dado que reclama el 77% de las concesiones de agua en el país. La razón de su poca participación en la huella hídrica radica en el hecho de que dicho sector apenas representa el 2.4% de la demanda final, como se puede ver en la Tabla 1. Esto sugiere que los hogares mexicanos satisfacen las necesidades de alimentación adquiriendo productos procesados más frecuentemente que adquiriendo directamente productos agropecuarios, lo que a su vez explica el dominio del sector de alimentos procesados en la huella hídrica nacional.

La segunda columna desagrega la huella hídrica del sector de alimentos procesados en su cadena de suministro, y mide el volumen de agua utilizado por cada sector de la economía por cada millón de pesos de demanda final sectorial. Resaltan dos hechos relacionados: la industria de alimentos procesados es responsable directamente de sólo el 3% de la huella hídrica propia, mientras que el 97% restante se distribuye en su cadena de suministro; además, el 90% de la huella hídrica de este sector radica en los proveedores pertenecientes al sector agrícola. Estos cálculos permiten concluir, primero, que el sector económico con la mayor huella hídrica nacional asociada al patrón de consumo observado es el de alimentos procesados y, segundo, que dicha huella hídrica se distribuye en su mayor parte en sus proveedores agrícolas.

Administración de cadenas de suministro y eficiencia en el uso del agua

El cálculo recién mostrado ilustra cómo la huella hídrica asociada al patrón de consumo ayuda a identificar las actividades económicas que resultan clave para promover el manejo sustentable del agua en el país. Además, dicho cálculo permite ubicar las etapas en las cadenas de suministro que ofrecen las mayores oportunidades para mejorar la eficiencia en el uso del agua. En este caso, la producción necesaria para satisfacer la demanda por alimentos procesados exhibe la mayor huella hídrica en México, y dicha huella hídrica reside en su mayor parte en la cadena de suministro respectiva, en particular en los proveedores agrícolas. Esta conclusión permite sugerir que la aplicación de medidas de eficiencia en el uso del agua en los establecimientos de la industria de alimentos procesados sería, si bien deseable, claramente insuficiente: dichos establecimientos son responsables por sólo el 3% de la huella hídrica del sector. En cambio, serían muy útiles las medidas que dichos establecimientos implementen para elevar la eficiencia en el uso del agua de sus proveedores agrícolas principales, que son responsables por el 90% de la huella hídrica asociada al patrón de consumo mexicano.  



[1] Recordemos que el gasto lo realizan tres agentes, tanto domésticos como foráneos: hogares, empresas y gobierno.